Sebastián Pérez, director de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay
En un mundo donde la esperanza de vida es cada vez mayor, eso genera tensiones en el sistema jubilatorio uruguayo y hace impostergable un incremento en la edad de retiro. Para que esta medida sea bien recibida por la sociedad, serán fundamentales los acuerdos entre todos los partidos políticos, transformándose así en una política de Estado.
-Dados los problemas identificados en el régimen de seguridad social, está nuevamente en debate la necesidad de implementar una reforma. ¿Qué análisis hace al respecto?
-La reforma de la seguridad social es de las principales reformas que nos debemos como país para, entre otros objetivos, dar credibilidad al futuro de las cuentas fiscales. Es uno de los mayores componentes del gasto público, tiene problemas importantes de financiamiento y, por tanto, derivaciones relevantes en el equilibrio de las cuentas públicas actuales, pero principalmente futuras.
Adecuar la seguridad social implicará tener un horizonte más claro en materia de estabilización de la deuda pública y, de esa forma, un mejor perfil de endeudamiento, que redunda en abaratamiento de la tasa de interés que paga el sector público y que es la base para la definición de niveles de tasas de interés del sector privado, lo que impacta luego en la inversión.
También, la reforma de la seguridad social es necesaria por razones de justicia entre personas de similares características que no siempre reciben similares ingresos por retiro, y por justicia intergeneracional, o sea, entre quienes aportan para el sistema y quienes reciben del mismo.
Otro aspecto relevante es que la tributación en Uruguay ya es relativamente alta, por lo que no hay espacios para cubrir los desfasajes por la vía de aumentar impuestos o contribuciones a la seguridad social, por lo que el ajuste tendrá que venir por los parámetros que definen las prestaciones, como por ejemplo la edad, en línea con lo que ocurre en todo el mundo.
Por último, hay aspectos sociales que atender, personas que pueden tener dificultades para obtener ingresos mínimos, trabajadores que quieren jubilarse parcialmente para poder seguir realizando alguna tarea, y otras situaciones particulares que hay que contemplar.
-¿Qué opinión le merece la medida sugerida por la comisión de expertos tendiente al aumento de la edad de jubilación? ¿Preocupa cómo esto pueda ser recibido por la sociedad?
-En primer lugar, hay que recordar que actualmente el promedio de edad jubilatoria voluntariamente es más alto que el mínimo de 60 años. O sea, ya la gente se jubila promedialmente a más edad que antes.
En segundo lugar, el aumento de la esperanza de vida no es discutible, y eso tensiona el sistema, porque a iguales aportes hay que financiar más cantidad de años. Para equilibrarlo, no queda otra opción que aumentar la edad jubilatoria, como lo vienen haciendo otros países, bajo el entendido de que muchos de nosotros estamos en condiciones de trabajar más años que antes por los notorios avances en la salud de la población.
Igualmente, las heterogeneidades también se incrementan a edades avanzadas, por lo que habrá que atender con flexibilidad los casos excepcionales, con un diseño institucional adecuado, que no genere incentivos perversos que atenten contra la salud del sistema, como ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con las jubilaciones por incapacidad.
Para que sea bien recibido por la sociedad tendrán que tejerse acuerdos entre todos los partidos políticos, transformándose en una política de Estado, no de un gobierno. Confiamos en que nuestro sistema político lo resuelva adecuadamente, porque si no, nadie querrá pagar el costo político y el problema seguirá pasando de un gobierno a otro sin resolverse. Dado que los gobiernos del Frente Amplio ya venían planteando la necesidad de una reforma, y que hubo un intercambio amplio a través de la comisión de expertos, imaginamos que habrá consenso al menos en esta cuestión puntual de la edad jubilatoria.
-En este sentido, ¿qué riesgos cree que se correrían en caso de que no se logre un acuerdo?
-Si no se logra un acuerdo, se corre el riesgo de que la población no confíe en que la reforma persista en el tiempo, generando decisiones desalineadas con el objetivo de estabilizar el sistema.
También, los agentes externos como las calificadoras de riesgo podrían dudar de que la reforma prospere en el largo plazo, y que los niveles de deuda se estabilicen, afectando la calificación.
Puede ser que políticamente resulte inviable que haya acuerdo en todos los cambios de una reforma como la que tenemos por delante, pero vemos importante que se logren acuerdos en temas fundamentales como el de la edad jubilatoria.
