El diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, señaló a CRÓNICAS que las bases de datos personales que posee el Estado “son un tembladeral” y comentó que si no se establecen mecanismos estrictos de control y sancionatorios en la regulación de los mismos hay un riesgo importante de un uso indebido con fines electorales. A la vez, comentó que se desean realizar modificaciones a la ley en el ámbito de la Rendición de Cuentas, un entorno que no es el apropiado para tratar una normativa que exige tiempo y consultas a las partes.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
Es una temática que se encuentra en boga en todo el mundo: Analitycs, Big Data, Data Bases. En el último tiempo se han acuñado distintas terminologías, y también tecnologías, para definir y procesar las bases de datos de las empresas, e incluso, de los organismos públicos o gobiernos. Paralelamente, se ha expandido una industria de inteligencia de datos que genera tanto provechosas oportunidades como alertas para los ciudadanos ante la delincuencia informática.
Es que el mal uso de esta información también tiene sus riesgos, por esto la protección de los datos resulta fundamental.
En nuestro país, la ley N° 18.331 prevé la protección de datos personales desde el año 2008. Para su elaboración tomó elementos del Reglamento europeo de 1997. En mayo de este año acontecieron algunas situaciones que hicieron que los legisladores uruguayos observaran con atención esta normativa y la forma en la que se aplica.
Por un lado, fue en este mes cuando surgió un nuevo reglamento en el viejo continente y, para que nuestro país continuara con la adecuación otorgada desde 2012, se plantearon realizar algunos cambios en los artículos.
Al mismo tiempo, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp), el organismo que se ocupa en Uruguay de salvaguardar por la seguridad de la información de los individuos, fue citada al Parlamento ante algunas “luces amarillas” que habían detectado los legisladores y que podían indicar un mal uso de las bases de datos por parte del Estado, según recordó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi –integrante de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología-en conversación con CRÓNICAS.
El parlamentario aseguró que, por entonces, se encontraron con que muchas de las bases de datos “no cumplen ni siquiera con el primer requisito legal” de inscribirse y comento que, por ende, tampoco son controladas. “Un hecho gravísimo desde todo punto de vista”, calificó.
Fue también en este mes cuando el director nacional de Policía, Mario Layera, expresó problemas por parte de la Policía para acceder a datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Pero más grave fue cuando a los pocos días nos encontramos con que el Presidente mandó a centralizar en Presidencia todo lo referente al intercambio de información del Estado”, recordó Goñi.
Según el legislador, las luces amarillas se transformaron en naranjas. Sin embargo, estas situaciones brindaron la posibilidad de solucionar los errores al mismo tiempo que la legislación se adapta al nuevo reglamento.
No obstante, Goñi aseguró que esta revisión de la normativa se pretende llevar a cabo en el ámbito de la Rendición de Cuentas, la que, asegura, no es el contexto adecuado para discutir una disposición que exige debate y consulta a las partes involucradas.
“Lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo de sanciones muy fuerte para los incumplimientos del Estado y, además, establecer un control a la máxima jerarquía, porque estamos hablando de que la no protección de datos puede tener una incidencia electoral”, apuntó.
“Realmente las bases de datos del Estado son un tembladeral por la falta de control, porque no se registran, e incumplen sus obligaciones básicas como tener un responsable”, señaló Goñi a CRÓNICAS.
La oposición reclama una revisión de la protección de los datos personales por parte del Estado en un ámbito fuera de la Rendición de Cuentas y señala la modificación de algunos artículos sobre los cuales está en desacuerdo.
En este sentido, el legislador señaló el artículo 192, que refiere a la Historia Clínica Electrónica Nacional, según el cual, a su entender, se viola los principios de la nueva Regulación europea en cuanto a que no dispone del previo consentimiento del usuario, sino que, por el contrario, permite el acceso a la información en caso de que la persona no haya expresado previamente su desacuerdo. “Estamos hablando de la historia íntima de la persona, datos que pueden ser referidos, por ejemplo, a la vida sexual de un paciente”, describió.
“Es una temática que debería tratarse correctamente, con toda la confianza y transparencia. No debe tratarse en la Rendición de Cuentas”, comentó.
De acuerdo al legislador, si no se establecen mecanismos estrictos de control y sancionatorios en la regulación de la base de datos del Estado, hay un riesgo importante de un “uso indebido o ilegítimo con fines electorales”. En este sentido, ejemplificó que permitiría, por ejemplo, que la información correspondiente al Mides sea utilizada “por un partido político de gobierno” a través de tecnologías que permiten realizar perfiles de las personas con el fin de presentar propuestas políticas que les resulten seductoras de acuerdo a sus características.
Respecto a esto, comentó que se trata de una situación muy grave que no escapa a la realidad que viven otros países. “Con el cruzamiento de los datos se puede hacer un uso para buscar e incidir en el electorado”, aseguró.
Por el momento, Goñi comentó que la oposición solicitará que la normativa sea discutida en el ámbito del proceso ordinario y que se incorpore un control y una regulación de las bases de datos del Estado, dado que las mismas, opinó, “son un tembladeral”.
