ASIS Internacional realizó un evento donde se plantearon propuestas políticas y de seguridad debido al problema en ese sentido que está atravesando el país. Álvaro Garcé realizó un análisis sobre la pérdida de autoridad que tiene el Ministerio del Interior. En tanto, Gustavo Zubía desarrolló las deficiencias penales que no permiten revertir las injusticias en los procesos de dictaminar penas.
Según la Real Academia Española, la seguridad ciudadana refiere a la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público. Esta definición no dista demasiado de la que, naturalmente y por sentido común, poseen la mayoría de las personas integrantes de una sociedad.
Hoy, este tema es uno de los que más mantiene en vilo a gran parte de la oposición del gobierno de turno, ya que según cifras oficiales del Ministerio del Interior (MI), los delitos de rapiñas y asesinatos se han incrementado de manera exponencial en este último año. En los primeros siete meses de 2018 fueron asesinadas 248 personas en nuestro país, lo que significa que alguien muere a causa de este crimen cada 20 horas.
En relación a esto, es que ASIS International –principal organización de profesionales en seguridad del mundo- realizó un evento llamado “Propuestas Políticas de Seguridad”, que tuvo como expositores a Guillermo Maciel, director de Fundapro; Gustavo Zubía, fiscal penal retirado; Álvaro Garcé, asesor de seguridad del Partido Nacional y Hernando Hernández, presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad.
En la instancia los oradores tuvieron la oportunidad de compartir su visión del sistema de seguridad actual y cuáles serían las medidas propicias para lograr bajar las tasas de de delitos actuales y el crimen organizado, así como también implementar medidas carcelarias que mejoren el ámbito penitenciario en todas sus formas. En los puntos más generales, los integrantes del panel coincidieron plenamente en que es necesario un cambio de manera urgente.
Garcé planteó que el tema fundamental de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país se basa en la pérdida de autoridad que ha sufrido el Estado desde hace ocho años. “En el momento que un gobernante pierde legitimidad se tiene que ir, y los resultados están a la vista”, indicó.
“El equipo del MI actual tomó el mando en un tiempo en el que Uruguay se encontraba en el mejor momento económico, y tenían y tienen mayoría absoluta para implementar una política del delito exitosa. Además de esto, poseen una tasa de policías por habitantes que es más elevada que varios países desarrollados. Todas las condiciones estaban dadas para tener buenos resultados y, sin embargo, estamos en el peor momento de la seguridad”, planteó el asesor.
“El desgaste de la policía comenzó con los mecanismos de selección, han ingresado personas con antecedentes penales y ese deterioro es acompañado por la mala formación que poseen. Hasta 2014 había instructores, pero fueron barridos, se prescindió de un cuerpo docente por temas de afinidad política”, sostuvo Garcé.
Insistió en el hecho de la pérdida de autoridad y legitimidad, remarcó que cuando un espacio se pierde es la delincuencia quien se encarga de tomarlo, y recuperar los espacios perdidos en donde los delincuentes son quienes dominan, “es tarea del próximo gobierno a través de realizar un acuerdo nacional”.
Doce puntos
Para lograr abatir la situación, el asesor planteó 12 medidas fundamentales, y catalogó de “indispensable” un acuerdo nacional amplio que se enfoque en un “cambio radical” en seguridad.
Entre los aspecto principales destacó la necesidad de realizar una revisión de las facultades políticas de la policía, así como de las facultades jurídicas de los particulares. Al mismo tiempo, sostuvo que es necesario impulsar el desarrollo de programas de educación, salud y trabajo en cárceles y penales juveniles, sin dejar de lado la cooperación entre el Estado y las empresas privadas, entre otras cosas.
Garcé dijo que no es posible mejorar la seguridad pública si no se invierte en las cárceles y sistemas penitenciaros juveniles, se necesita “asegurar el orden y la vida, pero hoy no están garantizadas para nadie, porque se produjo una implosión en el sistema y hace falta una espalda política que ayude a la policía”.
Añadió que se mira con desconfianza a las empresas de seguridad privada pero el mundo desarrollado va en la dirección contraria, es decir que los Estados proveen la formación y luego se confía en las empresas privadas para trabajar en conjunto.
Deficiencia penal
El exfiscal Zubía, por su parte, realizó un análisis de los efectos de la aplicación del código penal, y las problemáticas que se tienen desde la Fiscalía General de la Nación para ejercer el cargo brindando igualdad de derechos según el caso a juzgar. Sostuvo además, que es este uno de los principales factores por los que el modelo no funciona y la inseguridad se torna cada vez más mayor.
“Lo ideológico tiñó profundamente una política de Estado en materia de represión y se fue al tacho”, afirmó Zubía. Para él, el gobierno quiso colocar la ideología por encima de los procesos, con una política de “menos presos en la cárceles” y “proceso penal ágil”, se llegó a que los fiscales no tengan la oportunidad de abordar caso a caso con tiempo y dictaminar las condenas justas.
Hoy se utilizan tres mecanismos para la detención del delito, uno se llama proceso abreviado, el otro es la suspensión condicional del proceso y, por otra parte está un mecanismo largo y costoso llamado juicio oral. Son las tres herramientas a las que el fiscal se enfrenta al momento de tener a una persona sospechada de responsabilidad penal, pero es la segunda la que más se utiliza ya que permite que el proceso sea ágil.
El exfiscal explicó que la mayoría de las veces un fiscal está solo durante 12 horas para cubrir todo Montevideo y recibe más 200 llamados en ese tiempo por parte de la policía. Esto lo lleva a optar siempre el proceso abreviado “ya que es el único mecanismo para salir de toda esa locura institucional, debido a que este proceso simplifica una tarea que de otra manera seria imposible de organizar”.
Catalogó esta situación como una “vergüenza absoluta desde el punto de vista ético y jurídico”. Aseguró que se está aplicando la suspensión condicional de manera de no generar prisionalización en casos que no corresponde dar libertad. “Esta medida se creó para abarcar casos simples como un robo de una cajera ludópata, o que alguien se apropie indebidamente de algo prestado, por ejemplo, siempre para personas sin antecedentes. Pero ese no es el uso que se le está dando”.
Comentó que el mecanismo se empezó a aplicar para delitos de hasta tres años de encarcelación mínima, “pero una infracción con esas características es flor de delito y le estamos posibilitando la aplicación de este proceso a un individuo que puede llegar a cometer una rapiña en grado de tentativa, por ejemplo”.
Está descendiendo un 15% la prisionalización con respecto a noviembre del año pasado y esta es una de las metas del gobierno nacional, pero, para el exfiscal este “no es el camino. Se necesita una sanción penal eficiente, rápida y concreta”.
