Según expresó el exasesor del MEF, Martín Vallcorba, a CRÓNICAS, la ley de inclusión financiera “puso a tiro” a Uruguay, “que venía muy rezagado”, en materia de transformación digital. Esta tendencia “no se va a revertir con los cambios que se incluyeron en la LUC”, señaló. A su vez, apuntó que la propuesta de aplicar beneficios con el pago en efectivo favorece a los evasores.
Dentro del compendio de temas que comprende la ley de urgente consideración (LUC), una de las grandes cuestiones que aborda es la inclusión financiera. De aprobarse el proyecto en el Parlamento, podría preverse un mayor uso del dinero en efectivo, lo cual supondría una vuelta atrás al impulso que el Frente Amplio (FA) dio en pos de los medios de pago electrónicos.
En diálogo con CRÓNICAS, Martín Vallcorba expresó que hay tres principales áreas de la inclusión financiera que son tratadas en la LUC .
Triple amenaza
La primera de ellas, argumentó el exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está referida a la transformación digital del Uruguay y el mundo. “La ley de inclusión financiera puso a tiro a Uruguay”, aseguró y comentó que el país venía muy rezagado en esta tendencia. Como consecuencia, Uruguay se convirtió en uno de los más avanzados en cuanto a desarrollo de pagos electrónicos, expresó Vallcorba.
“Esa tendencia no se va a revertir con los cambios que se incluyeron en la LUC, porque es una tendencia que no la para una ley, sino que hace a la forma en que los consumidores hacen las cosas”, profundizó Vallcorba.
En este marco, el problema que puede generar el proyecto de ley es que muchos ciudadanos “puedan quedar por el camino en ese proceso de modernización”.
En este sentido se orienta la segunda cuestión planteada por el experto y es el problema del pago de las remuneraciones. Según lo dispuesto en la LUC, el trabajador tendrá que acordar con su empleador la forma de pago del salario; Vallcorba enunció, entonces, que “hay una asimetría muy grande” entre ambos actores lo que termina perjudicando al más débil.
Es así que, si el empleador deseara pagar el sueldo en efectivo, “a muchos trabajadores les va a ser muy difícil poder modificar esa decisión”. “Por tanto, por la vía de los hechos, lo que la LUC está haciendo es darle al empleador la libertad de elegir cómo pagar, pero no le está dando la libertad al trabajador de elegir cómo cobrar”, complementó el exasesor del MEF.
Dicha situación puede generar, para esos trabajadores que comiencen a cobrar en efectivo, una “exclusión financiera” y dificultades de acceso a los servicios de este tipo.
En tercer lugar, Vallcorba hizo alusión al “enorme retroceso” que la LUC implicaría en el lavado de activos.
Vallcorba destacó que, en los últimos años, Uruguay avanzó considerablemente en prevenir este delito lo que le valió, incluso reconocimiento a nivel internacional.
“Lo que la LUC hace es un daño muy grande a esos avances y a esa reputación que había ido ganando crecientemente el país en materia de transparencia”, aseveró el experto.
Esto se realiza mediante la elevación de tope para uso de efectivo “a un monto extremadamente alto” -de US$ 4.000 hoy a US$100.000 de aprobarse la ley-, así como una eliminación de distintas sanciones.
Al respecto, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Jorge Chediak, señaló a CRÓNICAS en la pasada edición del 22 de mayo que los cambios propuestos en la ley de urgente consideración facilitarían una cantidad de operaciones lícitas que fueron complicadas tras la puesta en marcha de la inclusión financiera. En respuesta, Vallcorba sostuvo que las disposiciones de la ley se trabajaron con el ente dirigido por Chediak, así como con la Dirección General de Registros Públicos, la Asociación de Escribanos del Uruguay y “todos los operadores y actores directa o indirectamente involucrados”.
En este sentido, el experto opinó que “se llegó a una implementación de estas disposiciones que no afectó a ninguna operación que no tuviera ningún problema en justificar el origen y la transparencia de los fondos”.
A los descuentos
Por otro lado, la coalición multicolor incluyó un nuevo artículo en el proyecto de urgente consideración. El mismo habilita a los comercios a hacer descuentos en las compras en efectivo.
Vallcorba explicó que el descuento reclamado por los comercios es del 10% o 15% por pago en efectivo. Dicha rebaja “no es la contracara del costo de usar una tarjeta de débito, sino que es la contracara de no pagar impuestos, de no pagar el IVA, de la informalidad y la evasión”, señaló.
Así, el exasesor opinó que “sería bueno transparentar la discusión, y que se diga claramente qué es lo que se quiere favorecer y promover”. A su entender, ese cambio favorece a los comercios que no cumplen con sus obligaciones tributarias, que evaden y que generan una competencia desleal con los otros comercios.
“Además de que les genera un perjuicio a los consumidores, porque ese artículo también dispone que el comercio no podrá establecer un mínimo para aceptar tarjeta de débito”, aseveró.
“La coalición multicolor está promoviendo una pésima señal con este cambio”, concluyó Vallcorba.
