En el marco del IX Espacio de Innovación Penitenciaria, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, señaló que no coinciden los recursos y los programas existentes en el sistema penitenciario, respecto al nivel de desarrollo e inversión social que tiene Uruguay en algunas de sus áreas. Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, reconoció que la situación de la seguridad “está al rojo vivo”, por lo que “medidas drásticas” pueden repercutir dentro de las cárceles.
El Parlamento de Uruguay, organizó el pasado 12 de diciembre el IX Espacio de Innovación Penitenciaria, cuya consigna fue “Justicia, Cárcel y Derechos Humanos”. Dentro de la mesa de apertura, Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario, observó los avances y esfuerzos de la reforma penitenciaria en curso, impulsada desde el año 2010 por el Ministerio del Interior (MI) e implementada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Como ejemplo de ello, enumeró la mejora de la cobertura educativa y la asistencia médica, comentó que se ha mejorado el personal técnico y civil y señaló que ha habido pautas claras en el combate a la corrupción. No obstante, enfatizó que “todavía Uruguay está lejos de tener el sistema penitenciario que se puede dar”.
Respecto a esto, señaló: “No coinciden los recursos y programas existentes con el nivel de desarrollo e inversión social que tiene el país en algunas de sus áreas”. Agregó que ello no es una competencia exclusiva del MI, sino del Estado en general, a través de sus tres poderes.
“Las cárceles son una anomalía estructural porque todavía son el último orejón del tarro”, indicó. Integra, según dijo, una cuestión “difícil de explicar”, y se encuentra esquiva a la agenda de las políticas públicas de la sociedad, a la que le cuesta asumirlas como una palanca para el desarrollo y la seguridad.
Por otro lado, comentó la necesidad de una nueva generación de políticas sociales, redes de protección, asistencia social y programas centrados intensiva e inteligentemente en las personas.
Además, Petit no dejó de señalar que Uruguay integra “la gran liga” de países del mundo con más presos. “Tenemos un índice de prisionalización inexplicable a nuestro grado de desarrollo y convivencia con un enorme sistema penitenciario infinanciable en su magnitud, solo superable si seguimos el camino de los países que bajaron la violencia”, acotó.
El Comisionado Parlamentario también se refirió al rol del Poder Judicial y recordó que proteger los derechos fundamentales no es interferir en las políticas sociales –competencia del Poder Ejecutivo-. En esta línea, dijo: “El Poder Judicial no puede ser indiferente aún cuando no existen las mínimas coberturas de educación, salud, recreación, comunicación o participación de la vida social, tanto en un barrio como en una cárcel”.
Respecto a la incorporación del nuevo Código de Proceso Penal, opinó que el mismo trajo herramientas claves para las transformaciones y nuevas posibilidades para las medidas alternativas, así como también presencia de los jueces en las cárceles y habeas corpus correctivo. “Hemos trabajado con estas herramientas este año y logrado resultados muy interesantes”, remarcó y aseguró que continuarán trabajando “con esmero”.
La repercusión de los discursos
Por otro lado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, participó de la ocasión y aseguró que la sociedad no está “especialmente sensibilizada” con la realidad de las personas privadas de libertad. Por el contrario, indicó un corte entre quienes cuentan con libertad ambulatoria y quienes se encuentran intramuros.
Ante esta separación, hizo referencia a un elemento que expande más la brecha. “Hay una situación que nos juega muy en contra, y es que el tema de la seguridad está al rojo vivo”, explicó. La ministra afirmó que el uruguayo medio “siente bronca, angustia, desconfianza y odio hacia determinadas personas”.
En este marco, se debe agregar que la delincuencia ha cambiado totalmente su forma de operar, y mencionó que aparecen en los discursos medidas drásticas como forma de solucionar la realidad de quienes se encuentran fuera de las cárceles, sin contemplar el lugar de las personas privadas de libertad. “Últimamente ha surgido la idea de que, para el común de las personas, los presos no importan demasiado y que es mejor que se arreglen entre ellos”, ilustró.
De esta forma, colocar en primer lugar en la agenda pública la situación de los privados de libertad se hace cuesta arriba. Sin embargo, es un debe que tiene Uruguay para poder cumplir con el Artículo 26 de la Constitución y los convenios internacionales a los que se ha adherido, observó.
Tragedias que llaman a la reflexión
El pasado 9 de octubre el recluso Carlos Núñez falleció dentro del Penal de Libertad a causa de un disparo de un policía, según informó Petit en la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario. “A veces hay hechos detonantes que nos plantean reflexionar”, opinó Minvielle. Agregó que, en lo que va del año, se han producido 30 fallecimientos de reclusos. “Todo el personal penitenciario tiene que estar para cuidar”, remarcó.
De esta forma, hizo énfasis en la importancia del proceso de selección penitenciario, que integre personas empáticas y profesionales y que busque potenciar lo mejor que tiene cada individuo, así como también “que ordene dentro de las cárceles”, a fin de eliminar la formación de bandas que se disputan situaciones de poder, tanto dentro como fuera del recinto. “Y también para evitar que desde la cárcel se siga delinquiendo, como sabemos que sucede”, afirmó.
Por último, la ministra coincidió con Petit y reconoció que “ha habido muchos logros”, desde lo normativo, como la creación del CPP, hasta la creación de nuevos establecimientos. “Parecen muy bien, pero no sé como podrá esto continuar funcionando en el futuro, porque a pesar de que se ha hecho mucho, falta muchísimo más por realizar”, aseveró.
