La pandemia del Covid-19 impactó negativamente en el empleo, lo que repercutió en gran medida en el aumento de los usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Por su parte, las mutualistas, que ya venían con una situación económica muy compleja, también se vieron afectadas por esta coyuntura.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Entre marzo y julio, las mutualistas perdieron 50.000 cápitas, es decir, las partidas que el Estado les otorga a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Esa caída abrupta de los padrones se suma a la pérdida sostenida que padecen desde agosto de 2017, mes en el que existió el mayor número de afiliados por Fonasa desde que se hizo la reforma de la salud.
Como el sistema es procíclico, esto es, asociado con el empleo, cuando este se ve afectado, repercute directamente en las instituciones médicas.
Ya en los Consejos de Salarios de 2018, el sector privado había advertido sobre la baja de usuarios. Fue así que desde mediados de 2017 hasta febrero de 2020 se perdieron 30.000 cápitas del Fonasa y con la pandemia se multiplicó ese efecto.
La disminución se explica por aquellas personas que pierden la afiliación por Fonasa y que no están cubiertas por otro integrante de la familia ni tienen seguro de desempleo, según dijo a CRÓNICAS el representante de las mutualistas en la Junta Nacional de Salud (Junasa), Daniel Porcaro.
Para paliar un poco esa situación, el gobierno decidió extenderles a los trabajadores la cobertura mutual por Fonasa por tres meses desde que se les vence el seguro de paro, con la expectativa de que en ese lapso se empiece a estabilizar la cifra de desempleo.
Sin embargo, hay efectos que comienzan a ser definitivos. Por ejemplo, los dueños de unipersonales o monotributistas que ya no tienen la cobertura del Fonasa, volverían a adquirirla recién cuando sean nuevamente formales. “Al no tener seguro de paro, no están alcanzados por el decreto”, señaló Porcaro. Significa, por lo tanto, que en su opinión “hubo soluciones parciales, pero no definitivas”.
En el ámbito privado se aprestan a comenzar las negociaciones de los Consejos de Salarios, donde reina la incertidumbre a raíz de esta coyuntura y del futuro incierto en relación a los padrones de las instituciones mutuales, cuyo movimiento a la baja genera gran preocupación. Esta realidad, a su vez, impide aventurar convenios a muy largo plazo.
Continuidad vulnerada
Esta semana, Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, informó a los medios de comunicación que a raíz de la pandemia hubo un aumento de 70.000 afiliados en Salud Pública.
“Como el sistema es integrado, eso hace que la gente no se quede sin cobertura cuando deja el sector privado, sino que automáticamente pasa a estar cubierta por el público”, puntualizó Porcaro.
De todas maneras, advirtió que la continuidad asistencial sí podría verse vulnerada por ese cambio, puesto que muchos pacientes de las mutualistas tenían un seguimiento de patologías, una historia clínica, entre otras cosas.
Fuentes de ASSE consultadas por CRÓNICAS confirmaron que desde enero hasta el 31 de julio ingresaron unos 73.000 nuevos usuarios.
Si bien Cipriani afirmó a la prensa que el organismo cuenta con la operativa asistencial suficiente como para absorber ese número, Porcaro comentó que, por el otro lado, es difícil adaptar la capacidad que ya tienen los centros privados a una menor cantidad de pacientes. Agregó que eso casusa incertidumbre y problemáticas diferentes en el sistema, por lo cual, la mejor solución sería mantener los padrones lo máximo posible.
Impacto económico
La caída de las cápitas afecta desde el punto de vista económico a las instituciones mutuales privadas. De acuerdo con los cálculos que maneja el vocero, si se llegara a un nivel de 16% de desempleo, la pérdida estimada de ingresos anuales del sistema privado sería de 124 millones de dólares.
A esto se le agrega que las mutualistas ya venían sin fortalezas patrimoniales desde antes de la pandemia. “El sector privado en su conjunto está trabajando desde hace muchísimos años con un resultado operativo que, si no es de déficit permanente, ha sido cercano al 0% en el mejor de los casos”, lamentó.
Acerca de la posibilidad de que los centros tomen medidas para atraer usuarios, Porcaro aseveró que no depende solo de ellos, sino más bien del nivel de actividad económica del país, dado que el sistema fue ideado de manera procíclica, es decir, “considerando que se mantuviera un nivel de desempleo estructural, y no para eventualidades como las de ahora”.
El representante de las mutualistas entiende que la cobertura de asistencia privada se terminará extendiendo más allá de los tres meses que marcó el gobierno, dado que “va a llevar un tiempo” recobrar el nivel de empleo que el país tenía en 2019.
El sector emplea entre 63.000 y 67.000 personas de forma directa en Uruguay, con un alto componente de jóvenes y de mujeres, que son “vulnerables” desde el punto de vista del empleo. “Por lo tanto, también involucra una realidad en el mercado de trabajo que hay que atender. Son trabajadores capacitados y en permanente formación y se trata de un rubro muy importante para la economía”, sentenció.
Corralito mutual: entre la libertad del usuario y la desestabilización del sistema
El gobierno les ha anunciado a las mutualistas que está estudiando medidas que flexibilicen el corralito mutual, que de alguna manera ayuden a la libre elección de los pacientes, pero sin que haya un flujo permanente de usuarios en el sistema que pueda desestabilizar a algunas instituciones, explicó Porcaro. Igualmente, todavía no cuentan con detalles sobre cuáles son esas modificaciones.
“El corralito ha actuado como un mecanismo que ha preservado la estabilidad de las instituciones. Tampoco se puede mantener indefinidamente su suspensión, porque hay que atender la otra parte, que es la del usuario”, argumentó.
Desde el sector privado esperan intercambiar propuestas con las autoridades, a fin de buscarle solución a ese diferendo.
