La Ley de Salud Mental fue aprobada en 2017, pero no es hasta 2020 que recibirá financiamiento por parte del gobierno, ya que será incluida dentro del Presupuesto Nacional. Según expertos en la materia, era una normativa difícil de aplicar sin fondos, por lo que su presupuestación es “una buena noticia para toda la población”.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
La semana pasada, el gobierno anunció que incluirá a la Ley de Salud Mental dentro del Presupuesto Nacional.
Dicha ley, aprobada en agosto de 2017, pasó todo este periodo sin ser financiada. El director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Pablo Fielitz, felicitó la iniciativa que tildó como una necesidad.
Según dijo en diálogo con CRÓNICAS, la ley tal como estaba era “difícil de aplicar”, por lo que presupuestarla es “una buena noticia para toda la población”.
En tanto, el psiquiatra y representante de la Academia Nacional de Medicina (ANM), Ricardo Bernardi, opinó, en diálogo con CRÓNICAS, que el financiamiento de la normativa es “oportuno y necesario”.
Bernardi explicó que diversos aspectos de la ley exigían que la propia normativa se pusiera en práctica cuanto antes. “O sea que me parece que la urgencia de presupuestarla estaba marcada por el propio texto”, indicó el experto.
Al respecto, Bernardi resaltó que la Ley de Salud Mental tiene aspectos positivos como una “muy buena descripción de los derechos” relativos a los pacientes como seres humanos e hizo énfasis en la importancia de “evitar la discriminación”.
Asimismo, según el especialista, la norma dispone de mecanismos para que se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los pacientes, pero “necesita todavía mucha más elaboración técnica acerca de cómo se van a instrumentar y cómo evaluar los resultados de su aplicación”.
Por todo esto, el psiquiatra se refirió a los costos de la implementación de la ley y afirmó: “La estimación de costos detallados de todo lo que hace falta para ponerla en práctica no está” y apuntó que aún faltan aspectos esenciales en materia de presupuestación.
En tanto, a nivel de ASSE, en la propuesta presupuestaria se incluyen varios aspectos que tienen que ver con la implementación de la Ley de Salud Mental.
El experto admitió: “Hemos tenido una merma importante en el número de profesionales” trabajando en la salud pública y aseguró que es necesario revertir esta situación. “Necesitamos contratar más psicoterapeutas”, insistió Fielitz, lo cual está contemplado dentro del presupuesto. Por otro lado, la habilitación de camas y otros proyectos edilicios para psiquiatría requieren de un gran monto de inversión, pero que “es imprescindible de hacer para poder dar un salto cualitativo en la calidad de la asistencia que se brinda”.
Qué se financia
La intención del gobierno es crear un hospital judicial y unidades de psiquiatría en todos los centros hospitalarios del país. A esto se le suma una recuperación del Hospital Vilardebó, agregar camas a los hospitales Pasteur y Saint Bois, y la creación de unidades territoriales de atención, lideradas por un psiquiatra y un psicólogo.
Así, el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), Luis Villalba, comentó a CRÓNICAS que lo importante a ser abordado mediante el presupuesto de esta ley es “la concepción del tratamiento de los trastornos mentales desde una perspectiva de rehabilitación e inserción comunitaria”. A su entender, es imperioso poner el énfasis en la atención primaria comunitaria y en la prevención.
En este sentido, el experto reconoció que lo que se busca alcanzar con la implementación del financiamiento difiere de la realidad actual. Argumentó que no existen suficientes estructuras de rehabilitación ni políticas de prevención adecuadas, mientras que las internaciones por causas judiciales suelen prolongarse más tiempo del necesario, y existen algunas que se prolongan por problemas sociales.
Sin embargo, Bernardi destacó que la ley hace foco en garantizar los derechos humanos y no en crear órganos técnicos de calidad que vayan a evaluar si la estructura, el proceso y los resultados se cumplen y cómo lo hacen.
Como consecuencia, si no se incluyen dichos instrumentos de evaluación, garantía y mejora de calidad, “no sé si (los resultados) van a ser mejores o no”, reflexionó. Es decir, al no hacer hincapié en este tema pueden no obtenerse los objetivos perseguidos “y gastarse mucho dinero que hubiera podido tener otro fin mejor dentro de la salud en algo que no se evaluó adecuadamente”, concluyó.
Una intervención oportuna
El pasado 17 de julio se celebró el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Allí, el Ministerio de Salud Pública presentó los últimos datos en la materia, correspondientes a 2019.
La cifra, comparable a las del año 2002 -donde se dio un pico máximo de autoeliminaciones-, fue de 723 personas. Horacio Porciúncula, referente del Programa de Salud Mental de la cartera, explicó que estas cifras nos colocan entre los 10 países con peores índices de suicidios y en el segundo lugar de América Latina.
Ante esta realidad, Villalba analizó que se trata de un punto relevante dentro de la Ley de Salud Mental, donde “las campañas de prevención son muy importantes e involucran a toda la sociedad”.
Fielitz, por su parte, consideró que el suicidio “no es una situación siempre prevenible”, pero que de todas maneras hay muchos casos donde “una intervención oportuna puede evitar un desenlace fatal”.
Ambos profesionales coincidieron en que se trata de un tema “multicausal” y que involucra “muchísimos actores sociales y miradas distintas”, pero igualmente es necesario generar este debate para también, desde allí, encontrar salidas.
