El martes 30 de mayo, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y Ceres (el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), presentaron el documento «Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay» , escrito por Álvaro Garcé. El informe analiza la situación actual del sistema penitenciario, y realiza una serie de recomendaciones, entre las que detalla que la política penitenciaria debería quedar a cargo de un servicio descentralizado.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
«¿Quién de nosotros en este salón puede afirmar con absoluta precisión, con absoluta seguridad, que nunca va a estar encerrado en una cárcel?», preguntó Garcé durante la presentación del documento. Las celdas están llenas de protagonistas de accidentes y malas decisiones. La realidad indica que hoy, la gran mayoría de los centros penitenciarios, lejos de rehabilitar, generan que las personas salgan peor de lo que entraron. Por estos y otros motivos, CAF y Ceres decidieron realizar este documento en conjunto, que analiza la situación actual del sistema penitenciario uruguayo y establece algunas recomendaciones para mejorarlo.
Según Ana María San Juan, asesora senior de CAF para temas de democracia, Estado y seguridad, en los últimos 10 años, en América Latina aumentó la tasa de privados de libertad en 142%, y no se han logrado disminuir las tasas de homicidios.
Gladys Genua, directora representante de CAF en Uruguay, por su parte, añadió que este es un tema que preocupa a toda la región. Resaltó que la reinserción hoy es difícil y costosa para la sociedad y para el liberado, ya que se genera un «círculo vicioso de condiciones que conllevan a la delincuencia, privación de libertad, liberación y, otra vez, reinserción en la delincuencia, y no en la sociedad».
En calidad de democracia, Uruguay se encuentra entre los primeros 20 países del mundo por el respeto a los derechos políticos y las libertades civiles, por la independencia de su Poder Ejecutivo y por la amplia libertad de prensa. «Si tenemos todo esto, que es lo más valioso, no podemos darnos el lujo de tener un sistema carcelario que no nos dignifica», opinó Ernesto Talvi, director académico de Ceres, refiriéndose al «hacinamiento crítico, ocio compulsivo, malas condiciones de habitabilidad, déficit alimentarios y en la prestación de los servicios de salud, altos niveles de violencia, alta incidencia de homicidios y altos niveles de reincidencia».
En la actualidad, la gestión del sistema penitenciario es responsabilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Este órgano se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior, nucleando a todas las unidades de internación del país. Respecto a este punto, Garcé opinó: «Es indispensable la creación de un instituto, en la órbita del artículo 220 de la Constitución, que se vincule institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior». El documento propone que la política penitenciara esté a cargo de un Servicio Descentralizado que reúna las funciones actuales del INR y la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), y cuyo vínculo con el Poder Ejecutivo sea a través del Ministerio del Interior.
Además, los responsables del documento consideran que la situación actual exige el diseño y la ejecución de un programa integral de atención al consumo de drogas, además del fortalecimiento de los controles para impedir el ingreso de drogas en las unidades penitenciarias. A este respecto, Ernesto Schardgrodsky, rector de la Universidad Torcuato Di Tella y panelista del evento, opinó que el alto consumo de drogas y alcohol dentro de las cárceles «hace pensar, inevitablemente, en alta corrupción».
Cuando el actual shopping de Punta Carretas era una cárcel, existía allí un hospital penitenciario, que se perdió con el cierre de la cárcel. En 2006, el Comisionado Parlamentario, encabezado entonces por Garcé, recomendó la construcción de un nuevo hospital penitenciario, que aún está pendiente para el gobierno. También se recomienda, en el documento, la extensión gradual de los servicios de salud de la Asociación de Servicios de Salud del Estado a todas las unidades del sistema.
En lo que refiere al régimen disciplinario y a la gestión penitenciaria, el documento recomienda que, al control que realiza hoy el Comisionado Parlamentario, se sume el control judicial. El actual Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, calificó esto como un «planteo fuerte y novedoso». «Los jueces están obligados a recorrer las cárceles, los jueces deben recorrer las cárceles», dijo.
A las recomendaciones del documento, Schardgrodsky añadió algunas, como la expansión de los métodos de monitoreo electrónico, que son cada vez más efectivos. «Son mucho más económicas que cualquier sistema carcelario que se conozca y, utilizadas no como una panacea y no en todos los casos, pueden dar resultado», aseguró.
