Con el sistema hídrico en problemas debido a la ausencia de lluvias, el proyecto Neptuno y la búsqueda de soluciones a la falta de agua han estado nuevamente en discusión. A raíz de ello, CRÓNICAS contactó a Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio (FA), para dialogar acerca de la viabilidad del proyecto Neptuno. El entrevistado brindó sus perspectivas y defendió que la iniciativa debe ser llevada a cabo por el ente público, evitando así gastos “innecesarios”.
El estrés hídrico que está sufriendo el país y las previsiones recientemente publicadas con estimativos de la cantidad de agua potable restante para cada localidad, producto de la ausencia de lluvias, han puesto sobre la mesa nuevamente el debate sobre el proyecto Neptuno.
En una nota con CRÓNICAS publicada el 27 de enero de 2023, el presidente de OSE, Raúl Montero, señaló al proyecto como una de las iniciativas “más importantes” del 2022. La construcción de una nueva planta potabilizadora en el Río de la Plata contribuiría a la fragilidad del sistema metropolitano y brindaría una mayor cantidad de materia prima, además de aportar una mayor capacidad de distribución y producción de agua potable, según su visión.
Actualmente, el suministro de agua potable para la región metropolitana depende exclusivamente del río Santa Lucía. De acuerdo con Montero, la concreción de este proyecto brindaría mayor solvencia y, en momentos de más necesidad como lo son las épocas de sequía, otorgaría el plus necesario ante la falta de agua.
El proyecto nació como una iniciativa privada del consorcio Aguas de Montevideo, un grupo integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast, y fue aprobado en noviembre de 2022.
Los argumentos contra el proyecto
Por su parte, Edgardo Ortuño considera que es un error que el proyecto caiga en manos de empresas privadas. En cambio, apela a que debería ser el ente público quien lleve a cabo la construcción de la planta, dado que es un tema de su competencia legal y cuenta con la experiencia de su organismo y funcionarios.
“Es significativamente más económico, eficiente y beneficioso financieramente para el Estado hacerlo a través de OSE. La gestión del proyecto realizada de manera pública rondaría los US$ 450.000.000, contra los US$ 750.000.000 que costarían la gestión y la propiedad privada del proyecto”, señaló Ortuño.
Según su explicación, este hecho se fundamenta en que la gestión privada debe recurrir a un dinero que le cuesta más caro que lo que le cuesta al Estado acceder a un préstamo de esa magnitud.
Esto implica un sobrecosto de obtener el dinero de la banca privada, “que lo va a pagar OSE” y que será trasladado a su presupuesto, además de que el ente deberá pagar el costo financiero, las utilidades, las ganancias legítimas de la empresa y los costos de mantenimiento por trasladar al consorcio el mantenimiento de la red y la operativa de la nueva planta, que habitualmente lo hacen los funcionarios de la empresa pública, y ahora lo harán los del sector privado.
Además, el jerarca frenteamplista enfatizó en el hecho de que la privatización supondrá un aumento de las tarifas de agua para la población, debido a que esto no está previsto en las finanzas del ente, y citó el artículo 47 de la Constitución, en el que se dispone que los servicios de agua potable sean prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales.
“No está presupuestado el pago de casi US$ 40.000.000 que se tendrá que pagar al consorcio privado por este servicio. Y si además sumamos los US$ 43.000.000 que el gobierno plantea pagarle a un consorcio similar por el proyecto de saneamiento, estamos teniendo otro sobrecosto y estamos cargando el presupuesto de OSE con más de US$ 80.000.000 que hoy, informado por los servicios financieros y la gerencia de presupuesto y planeamiento de OSE, no están financiados y supondrán un déficit para las finanzas del ente”, aseveró.
La promoción de un acuerdo político para la solución del déficit
La solución para el déficit hídrico supone la implementación de un paquete de obras e inversiones que, si bien podrían estar financiadas fácilmente con el cambio de modelo de gestión del proyecto Neptuno, para Ortuño requieren de una decisión política del Poder Ejecutivo, que conviene tenga los mayores respaldos.
