En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa PricewaterhouseCoopers para realizar la auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora responsabilidad de Gas Sayago S.A. Del informe presentado esta semana se desprende que el proyecto no era viable desde su inicio. En este marco, la presidenta del ente, Silvia Emaldi, confirmó que se denunciará penalmente la gestión de Gas Sayago.
Este martes la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, encabezó la conferencia de prensa que se encargó de divulgar los principales aspectos de la auditoría llevada adelante por PricewaterhouseCoopers al respecto de la regasificadora. Según lo dicho por la presidente del ente “es difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante con el proyecto incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”
Si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas: UTE y ANCAP.
Las conclusiones
Del informe se desprende que el emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y ANCAP y con los 100 millones de dólares antes mencionados.
A esto además se le suman eventuales condenas dado que Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, a su vez aún se deben desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata lo cual está estimado en 8 millones de dólares. A esto Emaldi le añadió “los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la Sociedad mientras dure su liquidación, cuarto los gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabilidad de Gas Sayago”.
Según se infiere del informe de auditoría se llega a estas cifras de pérdidas, por mantener vigente un proyecto inviable.
Asimismo, PWC no detectó la existencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un Plan de negocios o un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.
“No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos”, afirmó la presidenta de UTE en base a lo contenido en el informe.
El informe sostiene también que la clave para la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina. A este respecto la representante de UTE aseguró que ya en el 2012 era claro que el país vecino no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad.
“No obstante, se siguió adelante aun cuando en paralelo se estaban construyendo parques eólicos por más de 1000 MW, los cuales está demostrado que eran suficientes para abastecer la demanda de energía”, aseveró Emaldi.
En este escenario, sin la participación de Argentina, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras un 84% superiores a los estimados, igualmente se prosiguió con el proyecto.
Respecto a los procesos de contratación, en la auditoría se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS. Según lo descrito en el informe, esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos.
“Los resultados del incumplimiento de OAS también fueron comprobados. OAS también subcontratista de GNLS, incumplió con sus obligaciones”, afirmó la presidenta de UTE.
Los gastos
Según lo comunicado por UTE (el informe de PwC está catalogado como reservado), desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre 2019 en que comienza el proceso de liquidación de GSSA, en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó.
“No se entiende las razones de fondo para insistir durante cuatro años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable. Esto hizo que de los 100 millones de dólares de la garantía: 20 millones fueran destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y 21 millones al pago de activo fijo”, describió Emaldi en base al estudio.
En este marco destacó que se abonaron del orden de 10 millones de dólares por concepto de consultorías y otros 10 millones fueron destinados las remuneraciones abonadas entre 2012 y 2019.
Según la encuesta de remuneraciones de PWC, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. En particular, el salario del Gerente General se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016.
Además, los funcionarios contaban con una serie de beneficios: gastos por viajes al exterior (290 mil dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247 mil dólares), gastos de alimentación (212 mil dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros “gastos superfluos”, según informaron de UTE.
En este contexto UTE estimó que se sobredimensionaron ingresos y se subestimaron egresos lo que generó un grave daño patrimonial al Estado.
Por lo tanto, el Directorio de UTE decidió aprobar el Informe de gestión de Gas Sayago y ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, “a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad”, finalizó Emaldi.
