En entrevista con CRÓNICAS, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), expresó que no está de acuerdo con la afirmación del sindicato de los maestros, quienes habían expresado que en el presupuesto que se está trabajando hay una rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recortes de programas educativos y en los comedores escolares.
Este ha sido un año especial. La situación derivada del Covid-19 hizo que algunas actividades se pongan en pausa por algunos meses. El gobierno nacional tuvo que ocuparse de controlar que el virus no se extendiera y provocara una crisis sanitaria. Por esa razón, algunas discusiones que suelen darse a principios de cada quinquenio, en esta oportunidad se retrasaron algunos meses. La del presupuesto nacional es una de ellas.
En campaña electoral, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, expresó que su gobierno sería “austero”. Una vez ganadas las elecciones este concepto se ha repetido a lo largo de los meses y vuelve a estar sobre la mesa en estas horas de discusiones presupuestales.
Uno de los sectores en los que históricamente hay conflicto por el presupuesto es el de la educación, y este año no sería la excepción. Si bien aún se está en una etapa de elaboración y conversaciones de los fondos que se destinarán a este sector, ya hubo voces disconformes.
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio afirman que “por primera vez en 15 años discutimos un presupuesto donde se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recortes de programas educativos y en los comedores escolares, además con anuncios de políticas educativas sin la participación del magisterio”, según publicó El Observador.
En entrevista con CRÓNICAS, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), expresó que “no han ningún cercenamiento de derechos”. Agregó que el dialogo con los sindicatos está plenamente vigente y los derechos están todos consagrados en los estatutos, que no se derogó ninguno.
A su vez, afirmó que no están proyectando recortes, sino optimización de recursos. Agregó que como gobernantes tienen que ser responsables en el uso de los recursos.
Silva explicó que Uruguay en educación tiene dos realidades: una es la herencia de un país con un abultado déficit y una educación que gasta más de los recursos que tiene asignado; y la otra es la actual situación de pandemia por la que pasa el mundo.
Mismas competencias
Por otro lado, la gremial expresó su preocupación por la disolución del Codicen para pasar a ser una Secretaría General, asegurando que eso restringe la participación de docentes, estudiantes y de la sociedad civil.
Respecto a este tema, Silva señaló que por más que haya una dirección general, las competencias serán las mismas. Lo que cambia es la forma de gobierno: de ser un órgano colegiado va a ser un órgano unipersonal, puntualizó. “Creo que es una forma de organizar la educación, que ojalá funcione”, reflexionó.
Consultado acerca de cómo podría afectar este conflicto en este contexto de pandemia, el jerarca indicó que “ningún conflicto es bueno pero a veces no hay más remedio que exista”. Agregó que de estas situaciones también se aprende.
A su vez, explicó que como gobierno deben extremar las medidas para que en estas situaciones de escasa presencialidad -aún no se ha vuelto a la presencialidad total en los centros educativos por la pandemia-, estos conflictos no afecten aún más a los que menos tienen.
Según lo expresado en algunas declaraciones, los maestros consideran que la LUC significa un retroceso en el gobierno de la educación pública. Para el presidente del Codicen este cambio en la estructura organizacional del gobierno de la educación va a mejorar el vínculo con los consejos desconcentrados.
“Es una muy buena cosa que tanto Primaria, Secundaria, como UTU, se incorporen al Codicen y estén desde la génesis misma de la toma de decisiones. No puede seguir pasando que los tres vayan por caminos distintos”, afirmó.
Las urgencias
Si bien aún el presupuesto no está aprobado y queda mucho por discutir, Robert Silva señaló que van a esperar la línea base tanto en rubro cero como en gasto en inversión y suministros que la Administración tiene asignados. Y van a pedir un incremento del 3% para atender las urgencias que entienden que se deben contemplar a partir del 2021 y lo proyectan para todo el periodo.
Sobre algunas de las “urgencias” a atender, el jerarca señaló que son: el pago de salarios, compensaciones permanentes a maestros de tiempo completo, a profesores agrarios, a ayudantes preparadores, adscriptos, y compensaciones por nocturnidad que la administración anterior asignó con un recurso que no era permanente.
“Como todos esas funcionarios son permanentes y quedan en el organismo trabajando, nosotros pedimos fondos porque tenemos que tener plata para solventarlos”, puntualizó.
