El Plan Juntos fue creado en 2010, en la administración del expresidente José Mujica, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a la población más vulnerable. Hoy depende del Ministerio de Vivienda y el coronel retirado Rody Macías, perteneciente a Cabildo Abierto, fue el elegido para dirigirlo.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
El 14 de abril, con la pandemia ya en curso, Macías asumió el cargo. En ese momento había 116 obras activas, de las cuales 105 estaban en ejecución y 11 proyectadas. Pasados ocho meses, todas esas fueron culminadas y se llevaron a cabo 112 más. Si se suman los subsidios de alquiler que otorga esta dependencia, se entregaron en total 275 soluciones habitacionales en lo que va del año. Todavía resta concretar unas 20 obras antes del 31 de diciembre.
Una de las metas planteadas para este período de gobierno es la unificación de las tipologías de construcción, puesto que hoy se utilizan varios tipos distintos y eso genera diferencias en los procesos constructivos y, en algunos casos, patologías en las viviendas, como humedades o rupturas. Lo que se busca es optimizar el tiempo y los recursos financieros.
La llegada del Covid-19 no tuvo gran impacto en el trabajo del organismo, pues no hubo ningún caso positivo. Se tomaron todos los recaudos pertinentes tanto en las oficinas como en las áreas de intervención de todo el país, explicó Macías a CRÓNICAS. Pero la pandemia implicó la realización de otras actividades, como donaciones de alimentos y vestimenta, relocalizaciones y talleres.
En ese contexto, las nuevas autoridades del programa debieron adaptarse a las restricciones presupuestales establecidas por el Poder Ejecutivo, por las que se redujeron los recursos y el personal. En ese sentido ha sido un año “arduo” y “de mucho trabajo” para todo el equipo.
Desde el inicio de su gestión, el jerarca implementó algunos cambios en la modalidad de gobernanza y un orden diferente al que existía anteriormente que comprendió, entre otras cosas, la incorporación de un reglamento de organización y funcionamiento en cada área.
En la Ley de Presupuesto se modificó la población objetivo. En el primer quinquenio de aplicación del plan se atendía a la gente que se presentaba, según la demanda. En el segundo, el Ministerio de Desarrollo Social derivaba a las personas desde otros programas. Ahora se definió que los destinatarios de este instituto son ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas que se encuentren por debajo de la línea de pobreza y en situación de precariedad habitacional. Si bien el propósito es no depender de otro organismo, eso no significa que vayan a trabajar en solitario, dado que seguirá habiendo coordinaciones.
A su vez, en el articulado se estableció que si a un participante se le ponen medidas cautelares por violencia basada en género, será desvinculado del programa y por ende de la casa otorgada. Lo mismo sucederá en caso de que existan situaciones conflictivas en los complejos de viviendas, cuando haya conductas que atenten gravemente contra la convivencia pacífica.
Una crisis social
El trabajo que desarrolla el Juntos –así prefiere llamarlo el coordinador, argumentando que la palabra plan corresponde a un proyecto aún no concretado- no solamente tiene que ver con las carencias habitacionales, sino que también lleva adelante una tarea social muy importante, que a veces es muy compleja, por la población a la que se dirige. Se trata de personas vulnerables no solo desde el punto de vista económico, sino que además, muchas veces, tienen problemas muy graves que afectan a la sociedad, vinculados a la drogadicción y la delincuencia.
Es por ello que aparte de la entrega de un hogar, la institución busca educar a los beneficiarios para que puedan salir adelante por sus propios medios. Es una meta difícil, porque en reiteradas oportunidades a la gente que recibió una vivienda se le hace cuesta arriba poder desprenderse del programa, aseguró el coronel retirado.
Las casas se otorgan como un comodato, es decir, siguen perteneciendo al Juntos y recién a los 10 años, si el participante continuó el proceso requerido, pasa a ser el dueño. El problema es que para muchos de ellos es complicado “cortar el cordón” con el Estado y, ante cualquier problema edilicio que surja, así hayan pasado años, acuden nuevamente al organismo a solicitar ayuda, relató Macías. En esas situaciones debe tomar una compleja decisión, porque el presupuesto no alcanza para todo: o atiende ese reclamo o incorpora a nuevas personas que aún no tienen un techo.
“Yo no estoy de acuerdo con un asistencialismo del Estado permanente. Tenemos que dar una solución, pero cada vez que entrego una casa les recalco a los técnicos sociales que lo que más me importa es que esas personas reciban educación. Cuando ellos me hablan de emprendimientos, que hacen cortinas o son modistas, o les enseñan peinado o hacen hornos, todo eso está muy bien, pero si no los educás, si no terminan ciclo básico… ¡Cuántos caminos se les abrirían si se les diera la oportunidad de poder ver por sí mismos!”, puntualizó.
Hoy, más que una emergencia, el jerarca considera que existe una crisis habitacional y social muy grande. También se enfrenta en forma constante a diversas dificultades, como usurpaciones de las casas otorgadas, vandalismo, robos en los obradores y hasta la venta de las viviendas, por lo que han hecho muchas denuncias en lo que va del año.
La expectativa de Macías para 2021 es “ser tan eficientes y eficaces como en 2020”. A futuro se proyecta la intervención en nuevos territorios en todo el país, lo que implicará la apertura de más obradores. “El desafío personal es que la política no le gane a la gestión, porque si así sucede, hay un solo perdedor, que es el menos privilegiado”, añadió.
