Una investigación del fiscal Ricardo Lackner, en la que se indaga acerca de los tratos y privilegios que recibían los dos presos de mayor calibre que fueron recluidos en el país, apunta a los principales cargos del Ministerio del Interior del último gobierno del Frente Amplio (FA). Esto alarmó a las actuales autoridades y puso a dialogar a las distintas partes, por lo que CRÓNICAS consultó a Santiago González, actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Fue en la medianoche del 23 de junio de 2019 cuando Rocco Morabito escapó, de manera cinematográfica, de la ex Cárcel Central. El jefe de la Ndrangheta, la mafia calabresa, y uno de los delincuentes más buscados de aquel entonces se escapó por la azotea del edificio que se encuentra en la esquina de Yí y San José, se trasladó en taxi hacia una pizzería en Punta Carretas y desde allí viajó a Minas junto con un ciudadano ruso, para luego volver a la capital del país y pernoctar en el galpón de la misma pizzería del barrio montevideano.
Pero no solo este hecho se hizo eco en todos los confines mediáticos, sino que a raíz de su fuga, una investigación del fiscal Ricardo Lackner arrojó que el convicto gozaba de diversos privilegios que lo distinguían del común de los reclusos: una despensa gourmet, un gimnasio, visitas a su gusto y poco control en su accionar, tal como informó el diario El País.
También el mexicano González Valencia, cercano al mafioso italiano, tenía un trato especial. El mismo estaba recluido en la sede central de la Guardia Republicana y era trasladado sistemáticamente hacia Cárcel Central, donde su socio residía, con la excusa de que en el lugar donde se encontraba tenía “vulnerados sus derechos” y el contenedor que lo alojaba no brindaba la intimidad necesaria para las visitas higiénicas. Pero su coincidencia en el mismo edificio no era casualidad, y el principal motivo era que ambos socios pudieran reunirse.
Estos traslados que implicaban costos económicos y logísticos a la Guardia Republicana, fueron el punto neurálgico en la investigación del Lackner, en la que Mario Layera, Director de Policía Nacional del último gobierno del Frente Amplio (FA), fue indagado y en la que declaró que la gestión de los presos no eran de su correspondencia.
Cabos que se atan
Según supo CRÓNICAS, fueron 13 los convoyes en los que el convicto mexicano fue trasladado para reunirse con su socio. Además, la reclusión de González Valencia, en la sede de la Guardia Republicana no se adecuó al protocolo. Cuando la nueva administración asumió, en marzo de 2020, el narcotraficante fue trasladado al Centro de Ingresos y Derivación de Diagnósticos, en coordinación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y fue custodiado hasta que el 14 de marzo de ese año fue extraditado y entregado a la Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Santiago González, tras ser consultado sobre las declaraciones de las autoridades de la época, expresó que es “un verdadero disparate” ver y escuchar lo que se supone que existió. “ Lo más disparatado es escuchar a las autoridades de la época pasarse la pelota y que nadie se haga responsable”, aseveró.
Además, el entrevistado apuntó al hecho de que el convicto estaba recluido en la sede de la Guardia Republicana, un lugar desde donde salen las patrullas, los policías entrenan y duermen y donde, a su entender, no tienen que estar los presos.
“No es normal que un gobierno tuviese a una persona en la Guardia Republicana, donde no tenía que estar, porque es un arresto administrativo pero puede estar en cualquier predio”, dijo al respecto.
Los distintos protagonistas de la historia
El aquel entonces director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, junto con Mario Layera, son los principales apuntados por la justicia frente a este hecho. Para González, esto se justifica en que cuando había un movimiento policial de ese tipo, era “imposible” que ellos no estuvieran al tanto y que fuera solo responsabilidad de Eduardo Bonomi.
“Yo creo que es muy triste que se diga que el culpable y responsable es un ministro que falleció. Me parece realmente muy triste no aceptar las responsabilidades y que siempre se vaya a tratar de cortar por el lado más fino”, remató el actual director de Convivencia del Ministerio del Interior.
