El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Daniel Sapelli, aseguró a CRÓNICAS que las medidas dispuestas por el gobierno van en el sentido correcto de apuntalar económicamente a las empresas formales que desarrollan su actividad en los departamentos de frontera. Consultado por la propuesta del senador Sergio Botana de permitir micro importaciones desde los países vecinos, Sapelli indicó: “Esa iniciativa no hace más que introducir una forma de legalizar el contrabando”.
La apertura de fronteras implica importantes desafíos para la economía en general y para las empresas en particular, especialmente para aquellas del sector Comercio y Servicios.
Una región con menores precios respecto a la economía local, ante la apertura de frontera, genera riesgos de gran relevancia, en especial para el comercio minorista ubicado en frontera debido al desplazamiento del consumo hacia los países limítrofes. Pero también se agrava el fenómeno del contrabando de mercadería proveniente de estos países. Esto no sólo afecta a las empresas formalmente establecidas en los departamentos de frontera sino al comercio formal de todo el país, alertó, en diálogo con CRÓNICAS el presidente de la CCSU, Daniel Sapelli.
Desde la Cámara se entiende que el paquete de medidas tendientes a mitigar los efectos negativos de una inminente apertura de frontera bajo un gran diferencial de precios entre Uruguay, Brasil y Argentina, debe contener iniciativas de tipo microeconómicas, medidas de control de fronteras y, al mismo tiempo, decisiones de tipo sanitarias para evitar de esta forma que se disparen los casos de covid-19 y sortear así una marcha atrás en términos de movilidad, lo que impactaría en la actividad económica.
“Las medidas anunciadas el miércoles por el gobierno van justamente en este sentido. En primer lugar, apuntalar económicamente a las empresas formales que desarrollan su actividad comercial en estos departamentos de frontera, mediante la reducción de los costos operativos de mayor peso”, ratificó Sapelli.
Consultado acerca de si las medidas adoptadas representarán precios más bajos para el consumidor, Sapelli señaló que más allá del impacto que esto pueda tener en términos de los precios finales, “no quedan dudas que este tipo de medidas no van a eliminar la brecha de precios entre Uruguay y al región, pero lo que sí persiguen es justamente darles un mayor respiro financiero y económico a las empresas, y lograr que éstas permanezcan activas y mantengan sus fuentes de trabajo, en un escenario donde necesariamente van a ver reducidos sus niveles de venta”.
En este marco resaltó que es necesario que estas disposiciones estén acompañadas por estrictos controles en los pasos de frontera, así como también registros de tipo sanitarios en el movimiento de personas que exige el Ministerio de Salud Pública.
Legalizar el contrabando
Recientemente, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, planteó un proyecto de ley que permite llevar a cabo micro importaciones a comercios de frontera.
El mencionado proyecto crea la “Patente de Introducción Fronteriza” con el fin de importar mercaderías al país para su comercialización o consumo dentro de las zonas fronterizas que establece el Poder Ejecutivo.
Frente a esta propuesta, Sapelli señaló que “esa iniciativa no hace más que introducir una forma de legalizar el contrabando, tanto en el marco de las propias empresas establecidas así como en aquellas personas que lo utilizan como un medio de supervivencia”.
En este contexto, apuntó que la Cámara que preside cree en la libertad de comercio en el marco de la formalidad y las reglas iguales para todos, y se preguntó: ¿Qué pasa con el diferencial de costos, cargas tributarias y no tributarias, así como costos de funcionamiento que deben enfrentar los comerciantes formalmente establecidos que realizan su actividad en el marco de la ley, y los costos que deberán afrontar quienes utilicen este régimen? “El diferencial de precios que alcanzará al consumidor será sustancialmente diferente, poniendo al comercio legal en una situación totalmente desventajosa”, reflexionó.
En conclusión, la posición de la Cámara es totalmente contraria al desarrollo de este tipo de estrategias, que no hacen más que agravar la problemática del contrabando y actividades informales que enfrentan las empresas formales en momentos de gran complejidad económica, poniendo en juego la supervivencia de las empresas y, por lo tanto, las tan importantes fuentes de trabajo.
