Para el doctor en Sociología Luis Eduardo Morás, “no cabe ninguna duda” de que la alta cifra de armas por persona -34,7 cada 100- mantiene una “fuerte relación” con la violencia en el país. Sin embargo, para diversos políticos, es más relevante la cantidad de armas ilegales o no registradas, que se deben erradicar para atacar a la inseguridad.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
Según cifras oficiales, en 2018 se registraron 414 asesinatos; de ellos, 296 -un 72%- se produjeron con uso de armas de fuego. Ello significa un aumento del 74% en relación con el dato del 2017.
La tenencia de armas en Uruguay representa un problema. En 2017, 34,7 de cada 100 civiles poseía un arma, según la Small Arms Survey. Esto lo posiciona en el cuarto puesto -junto a Canadá- a nivel mundial en la mayor cantidad de armas cada 100 personas.
Esta cifra resulta “desmesurada” para “un país como el nuestro”, opinó en diálogo con CRÓNICAS el sociólogo Luis Eduardo Morás.
El experto reconoció que esto se debe a diversos factores, entre ellos, una regulación que fue muy flexible y aún lo continúa siendo a pesar de las modificaciones realizadas recientemente. También culpabiliza a la ausencia de una política pública firme que desestimule la compra de armas por parte de civiles, la carencia de recursos para hacer un seguimiento de las armas y realizar campañas de sensibilización con alto impacto y, fundamentalmente, la sensación de inseguridad y la extensión del miedo que hace que las personas crean que teniendo un arma pueden resolver el problema o mitigar la angustia de ser víctimas de un delito violento.
Es por ello que, para Morás, “no cabe duda” que la alta cifra de armas por persona mantiene una “fuerte relación” con la violencia delictiva.
Influencia
Sin embargo, no todos comparten la visión del sociólogo. CRÓNICAS consultó a diversos políticos sobre su posición al respecto.
José Carlos Cardoso, senador del Partido Nacional, opinó que la proporción de armas existentes no influye ya que la tenencia de armas legales “no es en manos de los pillos”. Sí lo es la de armas ilegales, argumentó. Germán Cardoso, diputado del Partido Colorado, apoyó esta idea: “la violencia es consecuencia de las armas no registradas, las hurtadas, las que utilizan los delincuentes y las organizaciones delictivas”, expresó.
En ese sentido, aclaró que ambas cuestiones “son asuntos diferentes”.
En tanto, Charles Carrera, senador del oficialismo y exdirector general del Ministerio del Interior (MI), consideró que “la proliferación de armas es un factor de incidencia directa” en la alta cifra de homicidios del año pasado.
Disminución
Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, adjudicó al Estado y al MI, en particular, la responsabilidad de disminuir la cantidad de armas en la sociedad. Según el candidato a la presidencia, esto es posible mediante “un accionar mucho más fuerte” por parte del Ministerio para lograr requisar las armas que están vinculadas a la delincuencia.
El senador nacionalista se mostró de acuerdo con esta idea, alegando que el MI tendría que llevar adelante una mejor gestión de seguridad. “Tendría que haber un combate a la delincuencia franco, derecho, no buscándole la vuelta para explicar por qué hay inseguridad”, acusó.
Por otro lado, tanto Germán Cardoso como Carrera manifestaron que sí es posible la disminución, y que tiene que venir por el lado de la circulación de armas ilegales.
“Hay que seguir trabajando en la incautación de armas, especialmente en aquellos lugares donde se ha instalado el crimen organizado”, dijo el frenteamplista; mientras tanto, el colorado comentó que las armas no registradas “son las que no se contabilizan en ningún índice, pero son las que provocan las muertes que sufrimos a diario”.
Elecciones desarmadas
De cara a las elecciones nacionales, algunos precandidatos han puesto el tema del desarme sobre la mesa. El principal promotor de esto es Mario Bergara.
Al respecto, Morás opinó que es “muy importante” poner el tema en la agenda política “ya que cuando se proponen medidas para mejorar la seguridad pública los únicos instrumentos que parecen estar disponibles son leyes penales más rigurosas o incrementar la cantidad de policías”.
Añadió que, al hacer esto, se desconocen lo que muestran las cifras de criminalidad sobre el creciente uso de armas para la resolución de conflictos y los costos asociados al uso inexperto de las armas como mecanismo de defensa.
