Gerardo García Pintos señaló que la revisión es necesaria para detener la caída del empleo y evitar “un estancamiento duradero” de la economía del país. Además, enfatizó en que a mediano y largo plazo el sistema político debe alcanzar consensos “que permitan introducir una serie de reformas en las empresas públicas y en los mercados en que estas operan”.
El pasado martes, la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay (CCE) realizó la conferencia “Empresas públicas: desafíos y transformaciones necesarias” ante la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
En esta instancia, se presentó un documento elaborado por la CCE con el objetivo de “plantear la problemática de la gestión de las empresas públicas desde una óptica general, abordando en particular los efectos en materia de fijación de tarifas y su impacto sobre los costos y sobre la competitividad de nuestras empresas”.
El presidente de la Confederación, Gerardo García Pintos, expresó al respecto que desde la CCE se tienen “ideas generales de cambios necesarios que fueron planteados en un documento elaborado por nuestros equipos técnicos”. Añadió que, según su entender, “los cambios debieran ser parte de un acuerdo nacional amplio”, para el cual la CCE ofrece su colaboración.
“En la Confederación de Cámaras Empresariales queremos empresas públicas fuertes, sanas, modernas, eficientes, sostenibles, profesionales y que estén al servicio de la producción y la ciudadanía. Para lograr esos objetivos creemos imprescindible cambiar y modernizar el marco regulatorio en que operan las empresas públicas”, expresó el jerarca.
Por último, recalcó la necesidad de realizar una revisión de tarifas, que “es crucial” y “urgente” para detener la caída del empleo y evitar que la desaceleración de la economía se transforme “en un estancamiento duradero”.
“Además de estas medidas de corto plazo, en un horizonte de mediano y largo plazo es crucial que el sistema político alcance los consensos básicos que permitan introducir una serie de reformas en las empresas públicas y en los mercados en que estas operan”, finalizó García Pintos.
Previo a este discurso, varios expertos de distintos rubros utilizaron al documento como disparador para disertar sobre el rol de las empresas públicas en Uruguay y ofrecer recomendaciones para enfrentar los desafíos que tienen por delante.
Informe de situación
La primera panelista fue Rocío Lapitz, economista de la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Ella presentó el documento y justificó que las empresas públicas -principalmente las proveedoras de bienes y servicios- han sido “desde el inicio” utilizadas como “anclas macroeconómicas”.
Explicó que en períodos en que la inflación se fue por arriba del rango meta, las tarifas fueron utilizadas como ancla inflacionaria y como un “estabilizador fiscal”, porque dirigir dividendos de estos entes a rentas generales “ha sido una constante desde el inicio de la formación de las empresas públicas”. Ambas anclas repercuten en las inversiones de las empresas, comprometiéndolas y postergándolas respectivamente, según la economista.
Lapitz finalizó indicando que el PIB uruguayo muestra un crecimiento “muy por debajo de su potencial”. Esto es debido a una realidad del sector productivo que no muestra señales de mejora, a lo que se le suman un empleo “que continúa en retracción” y sobrecostos sobre el sistema productivo a través de las tarifas. Así, ella concluyó que en el marco tarifario “es necesario un compromiso y un estudio de estas tarifas en el corto plazo” para que suceda la necesaria reactivación del empleo y, en consecuencia, un crecimiento del sector productivo.
El segundo en tomar la palabra fue Bruno Gili, catedrático de la Universidad ORT y socio de CPA Ferrere, quien puso sobre la mesa el discutir y pensar “la institucionalidad de todo el sistema de empresas públicas”. Para Gili, existen cuatro actores: el gobierno, el Estado accionista, la dirección de una empresa pública y un regulador independiente. Estos cuatro actores “deben estar bien definidos”, según el economista, y señaló que hoy “hay desequilibrios”, lo cual explica “alguna de las deficiencias del mercado”.
Por su parte, el decano del IEEM, Pablo Regent, indicó que Uruguay se encuentra último en un ranking de gobierno corporativo realizado por el Banco de Desarrollo en América Latina (CAF) en 2015. El gobierno corporativo, según explicó Regent, se trata de las prácticas para dirigir y controlar una empresa estatal. Así, la publicación analizó 115 empresas públicas de 13 países latinoamericanos, y Uruguay “se encuentra en un cómodo último puesto”. “Estamos bastante mal”, apuntó.
Carlos Delpiazzo, socio director de Delpiazzo Abogados, se enfocó en dos desafíos que enfrentan las empresas públicas: aquellos en materia de responsabilidad y en materia de control.
En responsabilidad, explicó que las empresas públicas son reguladas según lo que dice la Constitución; sin embargo, las empresas “hijas o nietas” de ellas no se regulan de tal manera, y actúan como si fueran entes privados, lo cual habla de una falencia sobre el sistema en el que se encuentran.
En control, se refirió a que, en la misma línea que esas “fugas organizativas” en el sector empresario público no tienen una regulación correcta, tampoco actúan bajo lo establecido por el Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Es decir, se han marginado de él y no son “mirados” por el Tribunal de Cuentas.
Propuestas
Una vez que cada uno de los expositores dio su visión de la realidad de las empresas, procedieron a ofrecer recomendaciones o sugerencias.
Gili identificó una serie de instrumentos “para mejorar la gobernanza e institucionalidad de las empresas públicas”. Algunos de ellos son: el explicitar roles de los actores y limitar su accionar, es decir, “cuál es su objeto social, las tarifas, los subsidios”; fortalecer la promoción y regulación de la competencia; implementar prácticas de mercados de capitales; fijar una tasa de costo capital que “refleje el resto de negocio” y establecer una estructura financiera y conflictos de agencia.
Regent, por su parte, enumeró 14 recomendaciones prácticas para un buen gobierno corporativo. Para hacerlo, su equipo se basó en sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De las 14 presentadas, concluyó en tres finales “a modo de atajo”. En primer lugar, exigir que todas las empresas del Estado cumplan con las exigencias que debería cumplir una empresa listada; luego, abrir al público un “pequeño porcentaje” del capital de esas principales empresas; y por último, hacer un cronograma conocido y con el apoyo político más amplio posible.
Delpiazzo fue más breve, e insistió en cuatro puntos. En la importancia de que existan políticas expresas con objetivos concretos; que se respete el principio de especialidad, es decir, que las empresas públicas “solo pueden hacer aquello para lo que fueron creadas”; que los directores se elijan y desempeñen en pos del interés general; por último, salvo monopolios y exclusividades establecidas por la ley, se debe respetar siempre el principio de libre competencia.
En último lugar, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, anunció que se prepara una propuesta para modificar algunas normas de funcionamiento de las empresas estatales. A modo de ejemplo, enunció la reducción de directorios, el fijar concursos obligatorios para las altas gerencias e impedir que los directores ocupen luego cargos similares en el sector privado.
