En los últimos meses previos a las elecciones del 27 de octubre, varias figuras relacionadas al ámbito económico y político han realizado paralelismos entre el plebiscito por la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y la reestructura del sistema previsional argentino en 2008, cuando se eliminaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Mientras, la capital del país vecino es lugar de múltiples manifestaciones a raíz del veto de Javier Milei a la ley de reforma previsional impulsada por la oposición.
Por citar algunos ejemplos de declaraciones comparativas entre la propuesta del PIT-CNT y el sistema previsional argentino, en abril el economista Ignacio Munyo decía durante un evento organizado por la Academia Nacional de Economía: “Esto le pasa factura hasta ahora con juicios al Estado y dejó a la Argentina con el peor sistema previsional del mundo según los rankings internacionales. Con esta reforma nos queremos parecer a ellos”.
En el mismo evento, el economista Hernán Bonilla expresaba que el plebiscito es “una bomba populista” extraña a la tradición de la política uruguaya, y meses después, en un evento del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), aseguraba que “es un viaje al kirchnerismo sin escalas y nos llevaría al precipicio”.
Rodolfo Saldain, redactor de la última reforma jubilatoria en Uruguay, y Gonzalo Martínez Alba, en la presentación de su libro “Plebiscito constitucional de la seguridad social”, también concluyeron que “las similitudes entre la reforma proyectada y el antecedente normativo argentino, son evidentes”.
Más recientemente, en un evento en la Expo Prado, Pablo Mieres dijo que el plebiscito “embarca a Uruguay por el camino que el kirchnerismo llevó a la Argentina hace 15 años cuando eliminó el régimen mixto”, y que “hoy las jubilaciones argentinas son una vergüenza”.
¿De qué hablan?
En Argentina, las AFJP comenzaron a operar en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, a través de la Ley N° 24.241. Tal como sucede actualmente en Uruguay, este sistema se basó en que cada persona acumuló sus ahorros previsionales en cuentas individuales, las cuales podían ser gestionadas por administradoras privadas. Estas entidades retenían una parte de los ingresos con la promesa de invertirlos para generar intereses. Así, cada persona contaba con una prestación básica otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al mismo tiempo que percibía las ganancias generadas por las inversiones de las AFJP, comisión mediante.
En 2008, este sistema fue estatizado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de la crisis económica global, conocida como la Gran Recesión originada en Estados Unidos. Los argumentos por parte del oficialismo fueron que la crisis financiera generaba una volatilidad de los mercados que podía poner en riesgo los ahorros jubilatorios invertidos a través de las AFJP. Por otro lado, estas entidades fueron criticadas por su bajo rendimiento en la promesa de maximizar las ganancias de los jubilados, y porque las comisiones que cobraban eran altas.
Con la eliminación del sistema de capitalización, los fondos de las AFJP fueron incorporados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y a este último se le permitió realizar inversiones con los excedentes del régimen previsional para aumentar su patrimonio. Desde entonces, el país adoptó un sistema de reparto en el cual los trabajadores activos y las empresas financian las jubilaciones a través de sus aportes, que van a un fondo común administrado por el Estado Nacional.
La foto de hoy
En el sistema previsional argentino hay más de 200 regímenes de excepción, con algunos beneficios como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. En los últimos siete años, Argentina aplicó cuatro fórmulas de movilidad previsional diferentes, pero ninguna logró recomponer la situación de que, en el mismo período, el haber mínimo perdió un 26% de su poder adquisitivo para quienes perciben un bono previsional, y casi un 50% para los que no se benefician del mismo.
Actualmente hay unos 6,5 millones de jubilados argentinos de los cuales el 61,4% ingresó por una moratoria, es decir, sin contar con los 30 años de aportes estipulados. Hoy, los contribuyentes cubren cerca del 49% de los gastos previsionales, y los fondos restantes provienen del Tesoro Nacional. Mientras, el 65% de los jubilados cobran un haber mensual mínimo de $ 304.000, al mismo tiempo que en agosto, la canasta de una familia necesitó $ 939.887 para no caer bajo la línea de pobreza.
Según un informe de la Cepal de 2020, aunque se lograra una mayor formalización del trabajo y aumentaran los aportantes, el déficit previsional argentino continuaría creciendo, alcanzando el 4,8% del PIB para 2025.
Carlos Burgueño, Lic. en Ciencia Política y máster en Economía y Sociología, recientemente escribió una columna para el medio argentino Perfil. Allí, expuso que el esquema solidario de reparto sin extras de jubilación privada, “solo se sostiene en el tiempo si la economía de un país crece sostenidamente, y la cantidad de personas que trabajan en blanco y su poder adquisitivo superan el porcentaje de incremento del PIB”. En una situación económica como la que atraviesa el país vecino, se generan desequilibrios solo por el aumento de la cantidad de jubilados y pensionados. Burgueño también argumentó que “ningún sistema previsional de reparto basado en la evolución de los precios, de los salarios o un mixto, puede sobrevivir con hidalguía un régimen monetario de inflación constante”. Esto es, teniendo en cuenta que el aumento de los precios siempre le produce un daño directo al poder adquisitivo de los aportes previsionales.
El veto de Milei
El pasado miércoles 11 de setiembre, el partido La Libertad Avanza logró los votos para sostener el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma previsional impulsada por la oposición, que incrementaba en un 8,1% los haberes jubilatorios que cobran la jubilación mínima, otorgaba un ajuste por inflación y un aumento adicional en marzo basado en la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el IPC. Según el oficialismo, el impacto fiscal que tendría la norma sería equivalente a 1,2 puntos del PIB, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal y el superávit proyectado por el gobierno. La oposición alcanzó una mayoría en la cámara, pero para revertir el veto necesitaban 166 votos. El resultado final fue 153 a favor, 87 en contra y ocho abstenciones. Por lo tanto, se mantiene vigente el actual sistema previsional establecido por decreto por el gobierno en el mes de marzo.
