El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a CRÓNICAS que el proceso de selección de GNLS fue irregular y que partió de una adjudicación política que afectó al Estado uruguayo. Asimismo, subrayó que ambas empresas están ligadas a casos de corrupción en Brasil y señaló al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como padrino de OAS. En cuanto a las responsabilidades políticas, el parlamentario señaló que pesan “del presidente de la República para abajo”.
Tras cuatro meses de trabajo, la Comisión Investigadora por la Regasificadora que opera en el Parlamento comenzó a promediar su labor y, si bien aún quedan varios testimonios por escuchar, ya se realizó un informe de avance. El diputado nacionalista Pablo Abdala adelantó algunas conclusiones primarias a CRÓNICAS sobre lo indagado hasta el momento. Entre ellas, señaló la confirmación de que las autoridades vinculadas a la regasificadora durante el período anterior actuaron con abuso de poder junto con la premisa de que la adjudicación como contratista a GNLS y su empresa constructora OAS sucedió de forma “caprichosa”, a través de un proceso “absolutamente irregular”.
El Estado Uruguayo acarreó pérdidas que alcanzan los 100 millones de dólares, teniendo en cuenta la financiación de las obras conexas y el funcionamiento de Gas Sayago, incluyendo el dragado y la conexión del gasoducto, según el nacionalista. A esto, le agregó los juicios iniciados por empresas privadas hacia el Estado, puesto que fue quien figuraba como garantía soberana.
El legislador expuso que la elección de GNLS y OAS sucedió en tiempos “totalmente acotados”, explicando que entre diez y doce días después de la apertura de las ofertas, el gobierno tenía decidido adjudicar y entregar la obra a las empresas mencionadas, un hecho que, según palabras de Abdala, es “totalmente inexplicable”, dado que la inversión consistió de US$ 1.200 millones.
Para el parlamentario, no quedan dudas de que fue una adjudicación política y que se actuó con predeterminación. “La decisión estaba tomada antes de que salieran las ofertas”, aseguró. En este sentido, agregó que no eran las ofertas más convenientes puesto que era la segunda más costosa y porque desde el punto de vista técnico varios informes planteaban salvedades y observaciones a los términos de la oferta.
Asimismo, remarcó que las explicaciones que se ensayaron en la Comisión, respecto a la velocidad de los tiempos, no resultaron “para nada convincentes” y contuvieron “argumentos infantiles”. Por otro lado, agregó que los contratos firmados con GNLS, según los informes de UTE, mejoraron la posición de la empresa extranjera y aumentaron los riesgos del Estado uruguayo.
El caso brasilero
Respecto a las empresas, mencionó que llegaron a Uruguay “claramente con una actitud especulativa”, y que desde el inicio se advirtió que las mismas no tenían intención de cumplir con el contrato, lo que desembocó en perjuicios que se dispararon en varias direcciones: el Estado, los recursos públicos, las empresas privadas y los contratistas de la obra.
“Son empresas con pésimos antecedentes. OAS, por ejemplo, está vinculada a los escándalos de corrupción de Brasil. Por su parte, a Uruguay no llegó la empresa matriz de GNLS, sino una empresa brasilera de gas francés que, en los hechos, ha estado vinculada a otra compañía constructora comprometida en escándalos en el país vecino”, argumentó.
Por otra parte, Abdala comentó que en la justicia brasilera hay una denuncia que involucra al gobierno uruguayo en el sentido de que se denuncia a Fernando Pimentel –actual gobernador de Minas Gerais, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior durante los años 2012 y 2014– por haber realizado una gestión ante el gobierno de Mujica para obtener la conexión del gasoducto y la construcción de una planta regasificadora.
En la Comisión Investigadora quedó de manifiesto la estrecha relación que existía entre OAS y el ex presidente Luis Inacio Lula Da Silva –quien fue condenado en los últimos días a nueve años y medio de prisión por corrupción–, aseveró Abdala. Igualmente, comentó que se obtuvo un testimonio que confirma que Lula viajó en un avión de OAS para tener una reunión “más bien reservada” con un grupo de empresarios uruguayos, a los efectos de presentar un proyecto de la regasificadora y de apadrinar a la compañía”, expresó el legislador mientras enfatizaba la relación de padrinazgo entre el expresidente y la compañía brasilera.
Los “gastos exorbitantes”
Dentro del abuso de autoridad, Abdala englobó también la “pésima” administración y el “derroche de recursos públicos” que sucedió en Gas Sayago, además de los “gastos exorbitantes” que se ejecutaron.
En esta línea, expresó que el año pasado esta compañía perdió 16 millones de dólares y que, promedialmente, gastaba cinco millones de dólares anuales en gastos de funcionamiento. “El año pasado se incrementó a 10 millones de dólares. Se pagan sueldos absolutamente exorbitantes para lo que es el mercado uruguayo y el nivel de los salarios públicos”, comentó.
A estos últimos puntos el legislador sumó la paralización de actividades de Gas Sayago y la detención de las obras desde hace dos años y medio. “El gobierno, aunque no lo haya anunciado en forma visible, ha dejado sin efecto el proyecto”, confirmó. Añadió, además, que el gobierno negocia un proyecto de Shell que no incluye a Gas Sayago, y que no cuenta con “transparencia ninguna”.
Las responsabilidades
La responsabilidad política les pesa a los funcionarios que actuaron, “desde el presidente de la República para abajo”, dijo Abdala, agregando que “probablemente haya responsabilidad administrativa y civil porque notoriamente se actuó con impericia y con negligencia”. Por otra parte, se debería demostrar a la justicia si además se actuó con dolo, es decir, con la intención de dañar y cometer un delito.
“Le caben responsabilidades al presidente de la República porque fue un activo dinamizador de todo esto, y sin ninguna duda él apuró personalmente todo este proceso y sus definiciones. Por debajo de él hay muchos funcionarios que tuvieron una actuación muy protagónica: Ramón Méndez, director de Energía, la ingeniera Marta Jara, los directores de UTE y Ancap”, enumeró.
Por último, Abdala dijo que es de alta probabilidad que los antecedentes de este caso se pasen a la justicia, y aunque expresó que eso no quiere decir que se realice una nueva denuncia, no descartó la posibilidad.
