Jaime Saavedra está al frente de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali), que depende del Ministerio del Interior (MI). La institución cuenta con muy escasos recursos para cumplir con sus cometidos, por lo que su director plantea aumentar el presupuesto y la cantidad de funcionarios. Además, hace énfasis en la necesidad de poner la mira en otros componentes del problema de la seguridad, como la reinserción social de los delincuentes, más allá de la represión policial.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
A fines de 2019 Uruguay llegó a tener 11.600 personas privadas de libertad, alcanzando de ese modo un nuevo récord histórico. Esta cifra, sumada a la cantidad de reclusos que salen en libertad anualmente, que el año pasado estuvo por encima de los siete mil, hace que cualquier esfuerzo por reinsertar a los liberados sea insuficiente. Así lo dijo Saavedra en conversación con CRÓNICAS, y destacó la repercusión que tiene ese trabajo en materia de seguridad pública.
El desafío está en tratar de hacer que quienes salen en libertad no vuelvan a reincidir en las estrategias delictivas como herramienta de sobrevivencia. Por ello la Dinali apunta a acompañarlos, para que puedan participar de la vida en sociedad. “Detrás de cada persona que nosotros logramos incorporar a la vida en comunidad hay una cantidad de dolor, de tristeza y de angustia que se evita”, explicó.
Sin embargo, este tema no ha tenido la prioridad necesaria por parte de las autoridades. Para Saavedra, lo que sucedió fue que Uruguay se enfocó en consolidar y mejorar toda la parte represiva del problema de la delincuencia, pero se dejaron de lado otros elementos, como la reinserción social.
El jerarca entiende que era fundamental capacitar, equipar y mejorarle el salario a la policía, aunque es hora de mirar hacia otros lugares para atacar uno de los núcleos duros de la inseguridad, que es la reincidencia.
Además, sostuvo que hay también una razón económica muy importante, que es una de las cosas en las que se ha reparado poco. De los 11.600 privados de libertad, el 90% tiene entre 18 y 34 años, por lo que está en plena edad productiva. “Es gente que no produce, que no aporta al BPS, que no genera historia laboral en un momento particularmente fértil de la vida. Si a esa masa cada vez más grande de personas no lográs enfocarlas en un proceso de construcción social de convivencia pacífica, más tarde o más temprano va a haber que destinar una cantidad de plata importante para darles condiciones mínimas de subsistencia sin que aporten nada a cambio”, advirtió.
Pese a que la tarea pospenitenciaria que se lleva adelante en el país es muy distinguida a nivel regional por los muy buenos resultados que se obtienen, hacen falta recursos. Es por esto que el planteo del director de la Dinali es reforzar mínimamente la estructura del organismo para atender la problemática de los liberados.
“Nosotros tenemos 73 funcionarios en un ministerio que tiene 31.600, esa es la prioridad que se le ha dado. Tenemos un presupuesto de funcionamiento de 250 mil dólares al año, en un ministerio que tiene un presupuesto de 800 millones de dólares anuales. Esto evidentemente hay que revisarlo”, afirmó.
De todas maneras, indicó que lo que solicita no impactaría en los números gruesos del Estado. Por un lado, propone pasar de 73 funcionarios a 150 en todo el territorio nacional y, por otro, aumentar el presupuesto a dos millones de dólares. En términos de políticas públicas los resultados son “extraordinarios” y en materia presupuestal “es la nada”, aseguró.
Saavedra ejemplificó también que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que es el organismo que trabaja con los menores privados de libertad, está atendiendo a unos 280 chicos y hay cerca de 70 en régimen de medidas alternativas –es decir, menores infractores que fueron castigados pero no con prisión-. Esto suma un total de 350, para los cuales disponen de 1.800 funcionarios.
Los resultados
El año pasado la Dinali culminó con 500 pasantías laborales, cerca de 220 capacitaciones y alrededor de 130 personas certificadas. Tener este desempeño y mejorarlo es fundamental, porque una de las cosas más importantes a la hora de que el recluso salga en libertad es que tenga la posibilidad de formarse y poder llevar un sustento a su familia, expresó el titular de la institución.
A su vez, resaltó el funcionamiento de la Posada del Liberado, por donde han pasado más de 250 personas. También se inauguró el Centro Comunitario de Integración Social, que es donde se están haciendo los cursos.
Funcionarios privados
Otra de las propuestas de Saavedra es transformar la figura jurídica de la Dinali para que pase a operar en el derecho privado, puesto que considera que todos sus funcionarios deberían ser privados, que es necesario que se establezcan metas y que se pague una parte del salario con productividad. El motivo de este planteo es que es un trabajo muy inhóspito y pesado, por lo que no cualquiera sirve para realizarlo y debe haber un régimen laboral flexible.
“Me parece que no podemos ser funcionarios públicos porque trabajamos adentro de una bolsa de angustias y no todo el mundo está apto para esto. Muchas veces sucede que la persona empieza a trabajar en privación de libertad, se angustia, se quiebra y durante dos años no va porque está quebrada psicológicamente, y vos te quedaste sin el funcionario. El Estado tiene que estar pero los funcionarios no deben ser públicos”, puntualizó.
