Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en diez la cifra de homicidios que deben perpetrarse cada cien mil habitantes para declarar que un país vive una situación de violencia endémica, Uruguay registra en el año móvil una tasa de 11 asesinatos respecto a la misma medición. Para el consultor, Guillermo Maciel, el motivo radica en que no hay personas idóneas al frente de la seguridad en Uruguay.
Un asesinato cada veinte horas. Así lo indica el último informe realizado por Fundación Propuestas (Fundapro), organismo que trabaja bajo la dirección de Guillermo Maciel. El documento retrata un registro de 248 asesinatos en los primeros siete meses de 2018, es decir, 96 homicidios más que en el mismo periodo de 2017, lo que representa un aumento del 63%.
En lo que refiere al Interior del país, el estudio grafica que durante 2017 se registraron 26 asesinatos en Canelones, mientras que entre enero y julio ya sucedieron 34. Al mismo tiempo, en los primeros siete meses del año, ocurrieron en Maldonado la misma cantidad de homicidios que durante todo 2017. Los datos indican un record histórico de asesinatos desde enero a julio de 2018 y una tendencia de crecimiento que se mantiene.
Para tener una referencia, durante 2017 se registraron 308 homicidios en España, un país que cuenta con algo más de 46 millones de habitantes. Las mediciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que más de diez homicidios por cada cien mil habitantes en un sitio determinado es considerado como una epidemia. Si en Uruguay se tiene en cuenta el año móvil, es decir, desde agosto de 2017 a julio cerrado de 2018, se registran 379 homicidios, es decir, aproximadamente once cada cien mil habitantes. El año pasado, esta medición llegaba a ocho, según recordó Maciel en diálogo con CRÓNICAS.
El consultor en seguridad afirmó que la inseguridad es consecuencia directa de la gestión de gobierno por su responsabilidad en no combatir el delito y por la impunidad hacia los delincuentes.
En este sentido, Maciel hizo referencia a la “política de las tres i”, y enumeró: ineptitud para llevar adelante políticas exitosas, irresponsabilidad en cuidar a la ciudadanía e insensibilidad hacia las víctimas. “La gente siente que está en lista de espera para ser robada o asesinada, mientras que la respuesta que tiene son excusas o diagnósticos”, afirmó.
En esta línea, señaló ciertos factores que, asegura, contribuyen al aumento de los homicidios. Por un lado, el nuevo Código de Proceso Penal y, por otro, la posición del Frente Amplio (FA) en contra de la prisionalización y a favor de las medidas sustitutivas.
Para Maciel, las medidas a tomar deben ir relacionadas con el respaldo a la Policía y con el “reestablecimiento de la autoridad” que haga cumplir efectivamente las leyes. “Nunca hemos escuchado al ministro Eduardo Bonomi decir: ‘No vamos a parar hasta encontrar a los responsables’”, sostuvo.
A la vez, sostuvo que mientras que para el delincuente la vida humana no vale nada, no hay personas idóneas al frente en tema de seguridad. Hasta el momento, Uruguay se mostraba despegado de los altos niveles de violencia del resto de Latinoamérica; para el especialista, aún se tienen varias herramientas para revertir la inseguridad.
Una de ellas, señaló, es la dimensión del país. Los poco más de tres millones de habitantes y una geografía que no cuenta con selvas ni territorios apropiados para que los delincuentes puedan esconderse son factores que actúan a favor. “Indudablemente lo que tenemos es un problema de gestión”, subrayó. Agregó que los delincuentes “son conocidos” y que gendarmería los podría ubicar si potenciara la inteligencia policial. Además, confirmó que en los últimos años se pasaron de aclarar el 72% de los homicidios al 50% y que, de los 100 mil hurtos al año, 90 mil quedan sin aclarar.
Justicia por mano propia
“Nada hace presumir que los hechos lamentables que se registraron en Casarino no se vuelvan a repetir”, comentó Maciel haciendo referencia a la golpiza propinada por un grupo de vecinos al interceptar a un delincuente que había asaltado una pollería.
Para el consultor, la denominada “justicia por mano propia” tiene un efecto contagiosa y diferenció entre un arresto ciudadano y “una situación extrema generada por sensaciones de hartazgo e inseguridad vividas a diario”. En este sentido, aseveró: “La ausencia del Estado y el gobierno fallido al cual estamos asistiendo, genera este tipo de situaciones que son muy peligrosas”.
