El gobierno presentó los resultados de las evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID) de las tobilleras electrónicas para casos graves de violencia doméstica en el área de seguridad pública. El objetivo principal fue conocer la opinión acerca del proceso de evaluación, resultados y acciones que se han emprendido o se piensan emprender como consecuencia de los resultados.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
En esta ocasión, la evaluación DID se realizó para las tobilleras electrónicas utilizadas en casos de alto riesgo de violencia doméstica. «Esta evaluación es una intervención pública que también apuesta a objetivos de desarrollo sostenible», explicó Janet López, representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Además, destacó el proceso, donde se dieron dos condiciones necesarias: apoyo político y apoyo técnico. En lo político, López dijo que el Ministerio del Interior ha sido un actor fundamental.
Por su parte, July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, destacó las recomendaciones que se fueron realizando durante el informe final, para tomar en cuenta en caso de que se implementara la herramienta de las tobilleras. «El Ministerio del Interior tuvo en cuenta todas las recomendaciones y empezamos el proceso de implementación», dijo.
La colocación de las tobilleras electrónicas incentivó a Inmujeres a trabajar también con hombres, desafío que fue planteado en la evaluación y aceptado por el organismo. De 2013 a 2015, período que analiza la evaluación, hubo 500 casos en los que se dispuso el uso de la tobillera electrónica. En el último año, se ha triplicado ese número. Según Zabaleta, hoy hay 231 casos, que implican unas 462 personas siendo monitoreadas con este sistema.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, contó que la implementación de las tobilleras nació de un planteamiento para fortalecer la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. Sin embargo, al poco tiempo de empezar a discutir su colocación y a interiorizarse en el uso de las tecnologías y las experiencias del mundo, vieron que muchas de ellas, en España, por ejemplo tenían que ver con la actual función que cumplen las tobilleras. «Se entendió que era correcto recorrer ese camino», afirmó Bonomi.
El Ministerio discutió el tema con la Suprema Corte de Justicia, con los jueces de familia, los fiscales, defensores de oficio y los jueces penales. El proyecto fue respaldado únicamente por los delegados de la Suprema Corte, los fiscales y los jueces penales. «Arriba de la mesa, se opuso el derecho de las víctimas con el derecho de los victimarios. Aunque parezca mentira, se discutió eso, si no había que respetar los derechos de los victimarios», contó el ministro.
Además, especificó que la tobillera no es un programa de prevención de la violencia doméstica. El 80% de las mujeres asesinadas por motivos de violencia de género no realizaron denuncia en ninguna seccional, ni tampoco en el sistema judicial. De las denuncias que sí llegaron al sistema, en un 17% de los casos se resolvió la implementación de tobilleras electrónicas. «Es 100% exitoso en este 17%», dijo Bonomi. «No confundamos la prevención de la violencia de género con el uso de las tobilleras. El uso de las tobilleras es un instrumento altamente positivo», añadió.
Las tobilleras electrónicas ya están activas en 11 departamentos. A partir del 17 de abril se agregarán los departamentos de Salto y Paysandú. «Si bien antes de fin de año vamos a llegar a todo el país, vemos la necesidad de buscar nuevas medidas para proteger aquellas víctimas que tienen medidas cautelares pero para las que no se ha dispuesto el uso de tobilleras», anunció el ministro.
Finalmente, Bonomi reconoció que «por sí solas, estas medidas no alcanzan» y que se necesitan medidas de sensibilización e información a la ciudadanía sobre la violencia de género.
