Quedan tres semanas para que quienes mantengan deudas por patentes de rodados, sanciones por mora y demás cobros conexos, puedan regularizarlo a través de la nueva modalidad que ya ha sido implementada en más 17.000 casos.
Se estima que en Uruguay hay cerca de 200.000 deudores, pero se trata de una cifra imprecisa, ya que muchos de esos vehículos no se encuentran en circulación. Independientemente de esta situación, son muchas las personas que deben regularizar sus adeudos del tributo de patentes de rodados, y es por esta razón que desde el Congreso de Intendentes se vienen creando programas que faciliten el pago.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, explicó en conferencia de prensa que el último plan creado tiene plazo hasta el 10 de agosto. El mismo comenzó en junio, y desde su inicio a la fecha han sido 17.380 las personas que se unieron al mismo. Se estima entonces, que en los días que quedan la cifra aumentará a 25.000 convenios.
Si se compara con el plan anterior, que duró nueve meses, apenas unas 3.000 personas hicieron uso del mismo. Esto indica que las características de este nuevo programa de refinanciación lo hacen más accesible. Además de las especificaciones de las intendencias, el programa se acopla a políticas ya existentes del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).
El convenio permite financiar las deudas con vencimientos hasta 2017 en 60 cuotas con una multa por mora del 5%, y una actualización equivalente al IPC desde el mes de su vencimiento hasta diciembre. En lo que respecta a este año, hay posibilidades de convenir las cuatro de 2018 en 24 cuotas –como lo indica la normativa vigente de Sucive-.
Orsí comentó que todo aquel ciudadano propietario que no hayan podido ajustarse al nuevo plan, que lo hagan ya dado que “luego será más dificultoso”. Añadió que a partir de ahora, “con el panorama más claro vamos a salir a hacer una fiscalización, usando tecnología en todo el país para llevar adelante un control lo más detallado posible”.
En cuanto a este tema, los gobiernos departamentales, de manera unificada, dispondrán de infraestructura y tecnología –como las cámaras en peajes- para controlar y ser rigurosos con la fiscalización de deudores.
