Durante la mañana del pasado miércoles 16, ADM realizó una nueva edición de sus clásicos desayunos de trabajo. En esta oportunidad, el eje central fue la Inclusión Financiera, donde participaron las autoridades de los sectores inmobiliario, banca privada y notarial, quienes relataron las ventajas y desventajas que ha significado la aplicación de la ley Nº 19.210.
Los disertantes del desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) fueron Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Roberto De Luca, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), y Ana María Ramírez, presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU).
Ananikian señaló que la Inclusión Financiera ha representado más desventajas que ventajas en su sector, y que la obligatoriedad de la ley ha repercutido en un mayor control del Estado. Comentó que los inmobiliarios desean trabajar con un Estado protector que les permita ejercer su profesión en paz.
Aunque indicó que tal vez no sea el momento oportuno para evaluar su incidencia, debido a que el mercado se ha enlentecido, en la práctica, con los negocios planteados antes del 1º de abril, sucede que no todos los operadores inmobiliarios conocen la ley y que los profesionales actuantes se encuentran temerosos en instruir en una falta.
“Aún no se ha entendido completamente nuestra actividad”, expresó. Agregó que se debería contemplar a los operadores con las mismas consideraciones que a los escribanos. Además, informó que el organismo que representa ha hecho gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y recién el pasado 7 de mayo se logró la aprobación de modificaciones. Si bien señaló que desde la CIU no tienen posición tomada, cada departamento experimenta realidades diferentes.
Por otro lado, expuso que el informalismo en el sector siempre va a existir y que hay un círculo que se encuentra fuera de lo legal y financiero. “Puede pasar que queden algunos fuera del sistema formal, pero no la mayoría. Esta ley es perfectible y por el camino largo seguiremos aportando para que esto sea lo menos traumático posible”, declaró.
En tanto, De Luca señaló que “hay toda una fantasía de que los bancos escribieron esta ley para ganar muchísima plata”, y añadió que, para su sector, no ha sido rentable hasta el momento pero que la han apoyado y lo seguirán haciendo, puesto que “es hacia allí hacia donde debe ir el país”, sostuvo.
El representante de ABPU manifestó que aunque tienen nuevos clientes, en principio no se les cobra nada, y que han tenido que enfrentar costos. “Los bancos tenían un servicio de pago de sueldo a empresas que implicaban diez millones de dólares anuales que, de un día para el otro, dejaron de cobrarse”, observó.
Aseguró que en el futuro habrá menos efectivo y, por lo tanto, menos cajeros automáticos. “Tendrán menos cajeros para explotar”, declaró. Proyectó la aparición de cheques digitales y comentó que se está en un proceso de afianzamiento de pagos electrónicos que, si bien la Ley de Inclusión Financiera ayuda, de no existir la misma hubiese sucedido igual, dado que se trata de una tendencia de la “Cuarta Revolución Industrial”.
A la vez, De Luca mencionó algunos números que ha dejado la nueva normativa, con datos obtenidos al cierre del segundo semestre de 2017 en comparación al primer semestre de 2015. En este sentido, señaló una caída del 16 por ciento en cheques y una escala de crecimiento de entre 200 y 300 por ciento en cuanto a transacciones realizadas con tarjetas de débito.
Por último, Ramírez hizo referencia a que la población ignora la información necesaria para el tratamiento de la ley Nº 19.210, y dijo que el acelerar y desacelerar la entrada en vigencia de la normativa creó incertidumbres en los operadores a la hora de ejecutar su profesión.
Además, hizo alusión al número de decretos y de leyes que tuvieron que surgir “para llenar vacíos que dejaba la primera normativa” y aseguró que en cada una de las charlas que lleva adelante la asociación en el Interior del país se encuentra con “escribanos que hacen preguntas sobre la ley y técnicos que no pueden contestarlas, cuando la normativa y las sanciones ya están vigentes y los profesionales se juegan su envestidura”.
Ramírez subrayó la necesidad de más períodos ventanas dado el desconocimiento que seguramente tenga el resto del país y que “hay muchas cuestiones que están en el decreto que requieren más leyes”.
También hizo énfasis en que los sectores más perjudicados por esta ley serán aquellos de menos recursos, dado que “no tienen la posibilidad de abrir cuentas bancarias ni de tener cuentas porque tienen grandes dificultades por los controles de lavado de activos”.
Comentó, asimismo, que desde su asociación aún no tienen una posición adoptada y que deberían ir a una asamblea general para identificar si se suman a los movimientos que están en contra de la normativa o no.
