CRÓNICAS consultó a los Ministerios del Interior y de Defensa, así como a integrantes de la policía y el ejército y a especialistas para ahondar en la relación entre las armas de fuego y la violencia por parte de organizaciones delictivas, una problemática creciente que padece el país.
Por Catalina Misson
A partir de solicitudes de acceso a la información pública realizadas por CRÓNICAS, el Ministerio de Defensa constató que en 2023 se importaron 5.065 armas de fuego y se vendieron 4.269 de forma legal. Por su parte, el Ministerio del Interior verificó que la cantidad de habilitaciones para la adquisición y tenencia de armas de fuego fueron 8.031. En cuanto a denuncias de armas hurtadas, fueron 501. El número de armamento clandestino en circulación es incomprobable, pero algunos expertos estiman que la cifra es similar al armamento “en regla”, dato que se presta a la discusión.
Según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, el año pasado en Uruguay hubo un homicidio cada 23 horas, con un total de 382 casos. La mitad fue por conflictos criminales o “ajuste de cuentas”, un quinto por altercados espontáneos no domésticos, un 8% por violencia intrafamiliar, y del resto no se conoce el motivo. Sobre 2024, hasta el momento solo se tiene la información del primer trimestre: 81 homicidios.
Cuando estos datos salen a la luz, la conversación sobre la regulación de armas de fuego tiende a resurgir. Tiene sentido si se considera que, del total de homicidios en 2023, un 63% fueron con armas de fuego, lo que asciende a 75% si se considera solo Montevideo. Uruguay está en el primer puesto de América Latina en cantidad de armas por cada 100 habitantes, con un total de 609.772 armas registradas en el 2022. Algunos expertos estiman que el número es similar entre las armas que circulan clandestinamente.
El camino hasta las manos equivocadas
Según un informe de 2022 de Insight Crime, Uruguay se convirtió en una zona estratégica para movilizar armas desde Argentina a Brasil, comúnmente para las organizaciones criminales Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital.
Alejandro Alcántara, coronel del Ejército, contó a CRÓNICAS sobre el trabajo a partir de la Ley de Fronteras N° 19.677, que autoriza las tareas de vigilancia de la frontera por parte del ejército para atender el contrabando ilegal y el tráfico de personas. La primera dificultad para esta misión es la permeabilidad de la frontera. “La única forma de cerrar fronteras sería teniendo un soldado cada dos metros, cosa que es imposible. Hay kilómetros de frontera con Brasil que son lugares inhóspitos donde no encontrás a nadie. Es muy fácil entrar con un vehículo todoterreno y meter cosas por ahí”, señaló.
Actualmente el ejército tiene competencia en la zona fronteriza de hasta 20 kilómetros, que excluyen los centros poblados. “Dentro de esas áreas tenemos dispositivos móviles y de organización flexible. En criollo, sacamos patrullas por áreas rurales recónditas para desestimular a contrabandistas, ya sea a pie, a caballo o motorizados”, explicó Alcántara.
También utilizan todoterrenos con torres que permiten la visión nocturna a varios kilómetros. El espacio aéreo es patrullado por la Fuerza Aérea, pero en zonas puntuales se manejan drones para ampliar el área del soldado. La Prefectura Nacional Naval trabaja de manera coordinada con la Armada Nacional en fronteras como la del río Uruguay.
“Esos armamentos que vemos en los noticieros, que se incautaron en una balacera de un barrio, no vienen en un camión lleno de armas, entran por contrabando de hormiga”, aseguró el coronel. En cuanto al espacio aéreo y a pesar de la ley de derribo, puede suceder que “un avión que entra por el Chuy, hace unos kilómetros por espacio aéreo uruguayo, tira las cosas y puede seguir de largo, porque la Fuerza Aérea está muy limitada en la reacción necesaria para derribarlo”, lamentó.
Alcántara declaró que el ejército está en constante cambio para una mejor utilización de los recursos humanos. “Continuamente” se paran vehículos para su fiscalización y, si se constata algo fuera de regla, pasa a intervenir la Fiscalía. En cuanto a la fuga de armamento por parte del mismo ejército, el coronel respondió que “como en toda institución, siempre hay una oveja descarriada”, pero que “hay un rápido accionar” por el marco legal militar.
Urgente consideración
Juan Delgado, instructor de tiro y docente de armamento de equipos policiales de la Escuela Nacional de Policía, dijo a CRÓNICAS que el hurto a policías puede ser más fácil porque las portan durante su jornada laboral en zonas periféricas de Montevideo. Según su percepción, hoy se ve menos el robo de armas y chalecos antibalas a policías, si se compara con los años previos a la implementación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y, específicamente, el artículo 26 sobre legítima defensa.
Si bien Delgado piensa que la LUC da ciertos beneficios, también cree que controla más. “Si te agarran con pólvora cruzando de Argentina para acá, es tráfico internacional de explosivos. Si es en Montevideo, es tráfico interno. Son delitos penados con prisión, antes era una falta administrativa”, expresó. Mencionó que las armas ya no se pueden prestar y que la penalización por portar arma sin tener habilitación “se penaliza más”. Para la habilitación del porte de armas no solo se tienen en cuenta los antecedentes penales, sino que también se utilizan las anotaciones policiales que dan cuenta de patrones de comportamiento.
La LUC declaró todos los materiales y repuestos relacionados a armas de fuego de libre importación y comercialización, salvo algunas excepciones como el armamento de guerra. Se permitió la tenencia de hasta ocho armas y se puede obtener con el carné de coleccionista.
Violencia armada y homicidios
Para el sociólogo Gabriel Tenenbaum, estudioso en el tema de la violencia armada, la incidencia de las flexibilizaciones de la LUC en el aumento de la cantidad de armas en circulación tiene que más que ver con personas ya registradas que son coleccionistas, y no tanto con personas nuevas, ya que “se trata de otro fenómeno, como la inseguridad”.
Tenenbaum explicó a CRÓNICAS que no todas las armas ilegales son de contrabando, también suele ser común que sean vendidas por familiares de fallecidos “en negro”, que sean prestadas por dinero o que sean hurtadas a coleccionistas, fuerzas de seguridad pública y empresas de seguridad privada.
Delgado aportó que, últimamente, se están incautando fusiles ensamblados en Uruguay con insumos importados de Estados Unidos. También dijo que el armamento pesado no suele ser hurtado a la policía porque hace muy poco se empezó a adquirir para unidades policiales “muy restringidas”.
Los homicidios con armas de fuego “son un fenómeno muy particular de nuestra región”, ya que en otros países los homicidios con arma blanca o envenenamiento son mucho más comunes, algo “asociado a componentes culturales y religiosos”, explicó Tanenbaum.
Agregó que, si bien una campaña de desarme no haría que se terminen los homicidios, quitar de circulación las armas de fuego “es un elemento sustantivo”, ya que es una manera de matar o amenazar fácilmente a distancia y brinda más protección para quien la porta que un arma blanca. Además, es algo útil para eliminar armas obsoletas u inutilizadas en familias, ya que representan un riesgo para el hogar.
