La salud mental se ha vuelto vox pópuli en nuestro país y diversas soluciones han emergido del debate político. Juan Sartori, senador de la República, propuso un proyecto de ley para regularizar el consumo de determinadas sustancias psicoactivas para el tratamiento de enfermedades y patologías psicológicas, pero que, en el debate público, generó distintas posturas. Ante esto, CRÓNICAS consultó a Julio Rey, presidente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCU), quien mostró algunos reparos al respecto.
Durante 2022 en Uruguay se suicidaron 818 personas, un número récord en la materia. A su vez, en las tasas preliminares del Ministerio de Salud Pública figuran que, cada 100 mil habitantes, hay 23,8 suicidios.
La salud mental es un tema que día a día se cimienta cada vez más en el debate público y político. Ante este escenario, el senador Juan Sartori propuso un proyecto de ley que busca regularizar el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente aquellas sustancias naturales provenientes de plantas y hongos para el tratamiento de enfermedades y patologías psicológicas.
El proyecto de ley contempla que, para su consumo, será menester una receta naranja, expedida por un psiquiatra debidamente formado y habilitado en el uso de estas sustancias.
El punto neurálgico de esta discusión se encuentra en la psilocibina, la molécula que se extrae de aquellos hongos que en la región se los conoce coloquialmente como “cucumelos”. Principalmente en países europeos, es posible identificar una tendencia que lentamente se ha globalizado, que busca la regulación de esta molécula y, a su vez, la promoción de la misma para ser aplicada en terapias y tratamientos contra la depresión.
Sin embargo, para Rey, el proyecto de Sartori tiene “algunos enfoques erróneos” como la despenalización del consumo de sustancias en el país, algo que “ya está regularizado desde 1974”.
Si se profundiza en lo presentado por el senador, indicó, el proyecto aborda los altos porcentajes de depresión que sufren los adolescentes. No obstante, el entrevistado puso énfasis en que “si es para adolescentes la terapia, el propio proyecto habla de que solo se podrá brindar a mayores de 18 años, donde surge una contradicción”.
“Lo que plantea el proyecto es una forma de prohibición o regularización. Termina siendo más un guiño al sector empresarial que a otra cosa”, señaló el presidente de ACCU.
En el mismo sentido, resaltó que “no sorprende que el sesgo de Sartori en la presentación del proyecto, sea de corte netamente empresarial”, lo que evidencia un “prohibicionismo económico” y deja de lado aspectos como la investigación, las libertades de culto y los vacíos que genera.
