Por Alejo Umpiérrez (*) | @alejoumpierrez
En los últimos meses en nuestra condición de Presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados hemos recibido diversas delegaciones en el pleno de la Comisión donde existe un común denominador: el costo de la energía, especialmente el del gasoil.
Nos hemos dedicado a estudiar con seriedad los distintos componentes del precio, los costos de importación y refinación, el precio de paridad de importación, la rentabilidad del área combustibles, el volumen de ventas a nivel país, etc.
Al día de hoy el desfasaje entre el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el precio de venta de Ancap es de $ 14.23 por litro, lo que representa una diferencia de 51,6 % de utilidad para el monopolio estatal en cada litro de combustible. Cabe aclarar que el PPI incluye todos los tributos nacionales, ya que si ello no fuera así, la diferencia sería aún más abismal: cada litro de gasoil refinado importado de Estonia luego de pasar el mar Báltico, del Norte y cruzar todo el océano Atlántico llega a nuestro puerto a poco más de $ 12 (U$S 0,43/lt. a un 8,4 % menos que el valor de refinación local), lo que huelga de mayores comentarios. A su vez, nuestro panorama es desolador si miramos el vecindario, nuestro gasoil cuesta U$S 1,49 por litro y la diferencia por sobreprecio es de 38 % con Argentina (U$S 1,08/lt.), 57 % con Brasil (U$S 0,95/lt.), 67 % con Paraguay (que no tiene refinería e importa refinado, U$S 0,89/lt) y del 101 % con Chile (U$S 0,74/lt.) Chile es lo que quisiéramos para Uruguay: una refinería estatal y libre importación de combustibles. Los monopolios solo perjudican a la gente. Tal solución está planteada en un proyecto por el senador Da Silva de nuestra colectividad política.
Las naftas tienen un 10,6 % de precio superior al PPI, lo que se podría llamar “razonable”, lo que significa que la casi totalidad del sacrificio se genera sobre el gasoil con directa afectación al transporte de cargas y de pasajeros así como a la producción agrícola en general.
El gobierno frenteamplista inició una errónea política de equiparación del precio de las naftas con el gasoil desde 2005 a la fecha, que ha llevado no a abaratar las naftas y sí a encarecer al gasoil. De 2005 a 2008 se mantuvo un relativo equilibrio entre el PPI y el precio en surtidor, pero la brecha se comenzó a ensanchar a partir de 2008 hasta fines de 2014 en un entorno a un 15-20 %, y desde diciembre de 2014 a hoy, la diferencia entre PPI y precio al consumidor se hizo abismal: desde un 69,13 % inicial al 51 % en contra del consumidor y productor nacional, con oscilaciones nunca inferiores al 35 %.
Si computamos que el gasoil que anualmente se vende en el país es en el entorno de 850.000.000 de litros (consumo descendente en los últimos años) y tomamos a título promedial una estimación conservadora de 35 % de diferencia entre el PPI y el precio de venta, nos lleva a una transferencia del sector productivo y transportista solo en 2016 de más de U$S 400.000.000 dirigidos a las arcas de Ancap. Así la producción nacional ha pasado a subsidiar a una empresa estatal.
Por otra parte, si analizamos el Sector Combustibles de la empresa, tiene resultados positivos por U$S 241.000.000 en el ejercicio 2016, y lo sustancial es que esa utilidad casi se deriva en su totalidad del gasoil ya que el margen de las naftas por encima del PPI es de poco más de un 10 %. Los problemas de Ancap no se derivan de su sector refinación, sino de ALUR y Cementos del Plata, por lo que parece impropio subsidiar ineficiencias por parte de la producción nacional sino ajustar las estructuras de costos de ambas colaterales, máxime cuando la sociedad uruguaya transfirió U$S 600.000.000 a Ancap en la reciente capitalización.
Podríamos hablar de un gasoil productivo, fácil hoy de fiscalizar, tecnologías mediante, o fijando un aumento del Imesi para la importación de vehículos gasoleros o de la patente de rodados a dichos automóviles como forma de evitar la “dieselización” del parque automotor; pero entendemos que dada la enorme disparidad del PPI sobre el precio de venta, se hallan dadas las condiciones para efectuar una rebaja general del precio del gasoil del orden del 15 % ($ 6,27), por lo que el litro pasaría a costar $ 35,50; sin que por ello el Sector Combustibles de Ancap deje de tener utilidades. Esto es posible con una medida administrativa, sin tener que entrar en largos vericuetos parlamentarios ni discusiones ideológicas.
Ello implica una “resignación” de utilidades del orden de U$S 180.000.000 que se volcarán al ámbito del trabajo nacional y que retornarán a las arcas públicas por diferentes vías en un entorno de U$S 60.000.000, teniendo en cuenta la presión fiscal con relación al PBI que sobrelleva el país (31 %). Y adicionalmente se incrementará el uso del gasoil y se evitará el contrabando del mismo obligado por el imperio de las circunstancias. O sea, se acotarán las utilidades de una empresa, pero se propiciará una mayor actividad económica en un momento clave de la economía nacional, y será un apoyo sustancial a sectores como el arrocero y el lácteo, seriamente afectados en su competitividad, amén de implicar una rebaja de costos en el transporte (precios fijados por el Estado) y de fletes, que redundará en beneficios globales a la ciudadanía, porque esto no es solo un tema agropecuario sino que alcanza al vecino que día a día toma un bus o está presente invisiblemente en el churrasco de nuestro plato o en la fruta de nuestro postre.
Por otra parte, la energía es uno de los costos más sensibles que empuja a la primarización de nuestra economía. No podemos quejarnos si solo vendemos materias primas. Cuando agregamos mano de obra, fletes, energía; quedamos fuera de competencia. Difícil así generar valor agregado y empleo cuando el estado se transforma en un lastre innecesario e indeseable.
El ministro Astori amenaza con realizar una rebaja del gasoil. Espero que su anuncio sea lluvia y no trueno, cosmética pura que no solo llegue a una infinitesimal rebaja explicada en complicadas ecuaciones y paramétricas. Una rebaja sensible es como la que proponemos. Ello redundará en un beneficio a la producción nacional, al transporte y a la población en general, sin que ello genere pérdidas para el ente en tanto es ampliamente utilitario en el sector que nos convoca.
La cuestión está en una elección: si tenemos a la sociedad al servicio de una empresa o la empresa al servicio de la sociedad. El gobierno tiene la palabra.
(*) Diputado de Todos Hacia Adelante – Partido Nacional
