El lavado de activos puede entenderse como un fenómeno global que afecta tanto a países con altos índices de criminalidad como a aquellos con economías más estables y sistemas financieros robustos. Se trata del proceso mediante el cual se busca ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de actividades delictivas —como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el fraude fiscal, entre otras— para luego introducir ese dinero en el circuito económico formal y darle apariencia de legalidad. Es, en definitiva, el acto de “blanquear” dinero sucio para que pueda circular sin levantar sospechas, lo que constituye una amenaza directa para la estabilidad económica y la confianza en las instituciones.

Por: Cra. Cecilia Santucho Duarte (*)

Uruguay, reconocido internacionalmente por su estabilidad política, seguridad jurídica y calidad en su sistema financiero, no está exento de este riesgo. La reputación del país, que es uno de sus mayores activos, puede también atraer capitales de procedencia dudosa, que buscan beneficiarse de estas condiciones para proteger y legitimar sus fondos. Por eso, el combate al lavado de activos se ha convertido en una prioridad para el Estado y el sector privado, dado que la protección de la integridad económica y social es fundamental para el desarrollo sostenible y la justicia.

Marco normativo en Uruguay: un cuerpo legal integral y en evolución

El desarrollo del marco normativo uruguayo en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos ha sido notable en las últimas décadas, pero especialmente con la promulgación de la Ley Nº 19.574 en 2017. Esta ley, conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, consolidó un esquema moderno y completo, alineado con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos multilaterales.

Entre los aspectos más destacados de esta ley está la ampliación de los delitos considerados generadores de fondos ilícitos. Mientras que inicialmente el foco estaba en actividades ligadas al narcotráfico, ahora se incluyen delitos de corrupción, trata de personas, contrabando, fraude fiscal y otros. Esto refleja la comprensión de que el lavado de activos es una problemática transversal que puede estar vinculada a múltiples formas de crimen organizado.

Además, la ley creó la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que cumple el rol de autoridad rectora en la materia, coordinando las políticas nacionales, supervisando a los sujetos obligados y facilitando la cooperación entre las diversas agencias estatales.

Complementando la ley, el Banco Central del Uruguay (BCU) dicta normativas específicas para entidades financieras, casas de cambio, sociedades de corretaje y otros actores del sistema financiero. Estas normativas establecen procedimientos de debida diligencia, monitoreo de operaciones, conservación de registros y presentación de reportes de operaciones sospechosas, y establecen mecanismos de supervisión y sanción para el cumplimiento efectivo.

Uno de los avances normativos más importantes ha sido la inclusión de un amplio espectro de sujetos obligados. Uruguay reconoce que la prevención del lavado de activos no puede limitarse al sistema financiero, sino que debe involucrar a profesionales y sectores que, por su naturaleza, pueden ser utilizados para lavar dinero. Así, abogados, contadores, escribanos, inmobiliarias, casinos, rematadores, entidades deportivas y ONG que reciben fondos del exterior, están sujetos a las mismas obligaciones de prevención y reporte.

Además, el país ha participado activamente en tratados y convenciones internacionales, y ha sido evaluado periódicamente por organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), asegurando que sus prácticas estén en sintonía con las mejores prácticas globales y regionales.

Acciones para prevenir y detectar: de la norma a la práctica

Contar con un marco legal sólido es solo el primer paso en la lucha contra el lavado de activos. La efectividad depende de la implementación y aplicación práctica de estas normas, lo que requiere un conjunto de acciones concretas y coordinadas.

Una pieza central es la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), órgano dependiente del Banco Central, encargada de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por los sujetos obligados. La UIAF no investiga ni sanciona, pero su rol de filtro y análisis es fundamental para que las autoridades judiciales y policiales puedan actuar con información confiable y relevante.

Los reportes de operaciones sospechosas son la herramienta que permite alertar sobre movimientos financieros atípicos o inconsistentes con la actividad declarada por los clientes. Este mecanismo, aunque obligatorio para todos los sujetos obligados, presenta diferencias en su uso: mientras que el sector financiero genera la mayoría de los reportes, otros sectores —como los profesionales del derecho o el mercado inmobiliario— muestran bajos niveles de reporte, lo que representa un área vulnerable.

Para promover el cumplimiento, la Senaclaft ha desarrollado un plan de capacitación continua dirigido a funcionarios públicos, entidades supervisadas y profesionales. Esta tarea educativa busca fortalecer la cultura de cumplimiento y la comprensión de los riesgos asociados al lavado de activos, fomentando un compromiso que vaya más allá del mero cumplimiento formal.

La supervisión y fiscalización es otro pilar. El BCU y la Senaclaft realizan inspecciones, exigen informes y evalúan la implementación de los controles internos. En caso de incumplimientos, pueden aplicar sanciones administrativas que van desde multas hasta la suspensión o clausura de actividades.

En cuanto a la identificación, Uruguay ha avanzado en la creación de registros centralizados de beneficiarios finales, una herramienta clave para evitar el anonimato que facilita la ocultación de fondos ilícitos. Este registro obliga a las sociedades y otras estructuras jurídicas a revelar quiénes son las personas físicas que controlan o se benefician realmente de ellas.

Enfoque basado en riesgo: priorizar para ser efectivos

El sistema uruguayo ha adoptado el principio del enfoque basado en riesgo (EBR), que implica identificar y evaluar los riesgos específicos que presentan clientes, productos, servicios y canales, para enfocar recursos y controles en aquellas áreas que representan mayor vulnerabilidad. Esto significa que no todos los clientes o transacciones son tratados igual: los sujetos obligados deben poner especial atención a operaciones vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo, grandes movimientos en efectivo, clientes políticamente expuestos o estructuras societarias complejas.

Esta estrategia permite un uso más eficiente de los recursos, pero también exige un alto grado de profesionalización y capacidad analítica, aspectos que continúan siendo desafiantes en algunos sectores, especialmente en aquellos con menos experiencia o recursos.

Retos tecnológicos y nuevos escenarios

El avance tecnológico, que ha transformado las finanzas y la economía en general, también plantea nuevos retos en la prevención del lavado de activos. El auge de las criptomonedas, las plataformas digitales de pago y las fintech abre nuevas puertas para que el dinero ilícito pueda circular con mayor opacidad.

En Uruguay, aunque se han dado pasos para regular estos nuevos activos, la normativa todavía está en desarrollo y las capacidades de supervisión necesitan adaptarse rápidamente para no quedar rezagadas frente a estas innovaciones.

La digitalización también ofrece oportunidades para mejorar los sistemas de detección, mediante herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de alerta temprana que pueden identificar patrones inusuales con mayor precisión y rapidez.

Una cuestión cultural y social

Más allá del marco legal y las herramientas técnicas, el combate al lavado de activos es también un desafío cultural. En Uruguay, como en muchos países, existen prácticas tradicionales de informalidad y relaciones basadas en la confianza personal, que pueden dificultar la instauración de una cultura de cumplimiento basada en la transparencia y la prevención.

Este aspecto cultural se refleja en la reticencia de algunos sectores a exigir documentación o a reportar operaciones sospechosas, ya sea por desconocimiento, temor a perder clientes o a sufrir represalias. Instalar una cultura en la que se valore la integridad y se rechace la opacidad requiere tiempo, educación y un compromiso decidido de todos los actores.

Conclusión

El lavado de activos es una amenaza multifacética que pone en riesgo la estabilidad económica, la justicia social y la confianza en las instituciones. Uruguay ha realizado avances significativos en la creación de un marco normativo integral y en la implementación de mecanismos para su prevención y control. Sin embargo, la verdadera eficacia depende de la aplicación efectiva, de la mejora continua en capacitación y tecnología, y de un cambio cultural que comprometa a todos los sectores de la sociedad.

El desafío es constante, dado que las modalidades de lavado evolucionan y se adaptan, pero también representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, promover la transparencia y construir un sistema económico más justo y sostenible.

(*) Integrante del Equipo de Galante & Martins