El legislador lamentó, a su vez, que para costearlo haya que apelar “o bien al endeudamiento, como parece sugerir el proyecto y los dichos del ministro”, o bien “a un ajuste fiscal”. “Es un Presupuesto muy estresado desde el punto de vista del financiamiento y no hay grandes cambios ni transformaciones que hagan pensar que con estos lineamientos se está estimulando un crecimiento más sostenido de la economía uruguaya”, valoró. Agregó que “no parece tener como objetivo, más allá de las declaraciones, generar instrumentos que permitan que el país crezca”.

Al margen de lo general, el representante del PI realizó algunos señalamientos puntuales. Afirmó que “la vulneración del derecho a la intimidad a través del levantamiento de la garantía de la intervención de la justicia en el secreto bancario” también lo preocupó, así como “otra disposición similar en el inciso del Ministerio de Trabajo” que dispone que “cuando hay accidentes laborales el Ministerio pueda acceder a toda la información que haya sobre el empleador”, lo cual, según su visión, “viola las garantías tanto a nivel nacional como internacional que existen sobre el derecho a la privacidad de las personas”.

Asimismo, señaló que “desaparece” el Fondo Infancia, creado “a instancias” de su fuerza política en el gobierno pasado y que “buscaba nuclear en un espacio de coordinación institucional las políticas de infancia”. A su vez, a la luz del gravísimo atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y la entonación nacional que existe respecto a fortalecer las políticas de combate al delito organizado”, resulta “escasa” la contratación de nuevos funcionarios policiales.

“El Poder Ejecutivo no solo no cumple con su promesa, sino que aún desde la perspectiva del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hacia donde se destinan las contrataciones, los 500 policías y 500 operadores penitenciarios civiles no significan nada desde el punto de vista de la seguridad pública y de la política de cárceles, es prácticamente insignificante para la enorme demanda de personal”, sentenció al respecto.

La situación de la seguridad

Tras conocerse el atentado contra el hogar de Ferrero, Sotelo convocó a una reunión de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, que anunció pasar a sesión permanente y desempeñarse en un rol articulador con el Ministerio del Interior. En este sentido, consultado sobre si la situación de seguridad puede ameritar reasignaciones presupuestales hacia Fiscalía o Interior, Sotelo dijo que “si somos sinceros con lo que decimos en público, tenemos que buscar los recursos, porque este es el momento”. 

El legislador opinó que “los recursos son los que son”, pero que “quizás aún estemos a tiempo” de modificaciones. En tanto, expresó que espera conocer en detalle la propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry que implica “cambios en el destino de unos US$ 17 millones” hacia esas áreas, en detrimento de los recursos que se volcarán al Instituto Nacional de Colonización (INC), según informó Montevideo Portal.

“Es la conducta que debemos tener, quizá sea difícil lograrlo en estos días, pero es uno de los cometidos con los cuales vamos a encarar las próximas jornadas a nivel parlamentario: dotar de mayor a recursos a algunas áreas claves en la lucha contra el delito organizado”, aseveró. Entre esas “áreas clave” mencionó a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la política de cárceles y tanto la inteligencia como la operativa policial.

Advirtió, sin embargo, que los delitos también tienen un “costado social” y es necesario un abordaje “integral”: “hay unanimidad entre los partidos políticos con respecto al ataque a la pobreza infantil y estamos participando de un diálogo interpartidario al más alto nivel sobre seguridad, pero resulta que no vemos alineada ninguna acción a nivel de la proyección presupuestaria”, reafirmó.