Sociedad
Mesa de diálogo convocada por la Academia de Economía
Economistas advierten que sin políticas fuertes de transferencias será difícil reducir la pobreza infantil
Ana Inés Balsa, Matías Brum, Mauricio de Rosa y Germán Deagosto protagonizaron un debate sobre la vía para “alcanzar una reducción inicial del 50%” de la pobreza infantil. Los expertos destacaron el rol de las transferencias monetarias, una política “muy potente” y con “efectos duraderos”, y también abordaron las políticas de cuidados, que “atienden al niño” y “liberan tiempo” a sus padres, entre otros.
Fecha de publicación: 10/10/2025
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Redacción

El martes pasado en el World Trade Center (WTC), una mesa redonda que orquestó la Academia Nacional de Economía reunió a cuatro perfiles técnicos: los economistas Ana Inés Balsa, Matías Brum, Mauricio de Rosa y Germán Deagosto. El objetivo fue “propiciar un intercambio sobre posibles rutas de acción para reducir la pobreza infantil en Uruguay” y la actividad se enmarcó en la XIX edición del Premio de la Academia, que este año se centra en la temática.

Balsa opinó que, para que niños, niñas y adolescentes “tengan sus necesidades básicas satisfechas”, “generen funcionalidades para el futuro” y superen “la exclusión y la marginalidad que genera la pobreza”, se requieren “cinco tipos de políticas”. Listó las transferencias; los programas de licencias parentales para el primer momento de la vida del niño; programas de educación y cuidados como los CAIF y ANEP inicial; políticas de acompañamiento a las familias a través de teleoperadores o visitas domiciliarias; políticas de capacitación y laborales para los padres y políticas macro de crecimiento.

Brum agregó la arista que representan las “políticas de vivienda” pensando en la pobreza como un hecho multidimensional y particularmente en el “hacinamiento”. También aclaró que las políticas de cuidado tienen una “doble función” y, además de atender al niño, “liberan tiempo para que los hogares, especialmente monomarentales, puedan conseguir mejores trabajos o más horas y aumentar sus ingresos”, por lo que recomendó extender su duración a tiempo completo. En la misma línea, valoró que cree “bastante difícil llegar a lograr reducir sustantivamente la pobreza infantil, a menos que tengamos políticas de transferencias muy agresivas”, porque a pesar de que liberen horas “hay un problema de calificación de la mano de obra, informalidad y nivel educativo alcanzado”: “no vamos a poder convertir una doméstica en una programadora de un día para el otro”, acotó.

Las transferencias “mueven la aguja”

“En la discusión pública hemos avanzado bastante en la idea de que no hay niños pobres, sino que viven en hogares pobres”, adelantó De Rosa. “Le falta un paso a ese razonamiento” y es explicar que “hay pobreza porque hay desigualdad”.

Respecto a las ideas de políticas, coincidió sobre todo con las transferencias monetarias, algo que “es caro”, pero “mueve la aguja” porque tiene efectos “muy duraderos”, y es necesario “desterrar la idea de que es asistencialista”. Al mismo tiempo, advirtió que “el crecimiento económico es de la máxima relevancia” porque “genera empleo y salarios”, pero requiere rapidez, ya que “si los hogares ven sus ingresos creciendo al 2% o 3% anual, les toma 30 años superar la línea”. En este sentido, “crecimiento, desigualdad y pobreza” son “tres vértices de un triángulo que no podemos perder de vista como marco para la discusión”.

Por último, aseguró que “la inversión que hagamos tiene que estar acorde al desafío que tenemos, con un tercio de los niños y niñas viviendo en hogares pobres”, y dijo que “no hay que hacer políticas para llevar hogares hasta la línea de pobreza, hay que hacer políticas más amplias pensadas para la vulnerabilidad”.

“Coordinar una boca de droga reporta más o menos entre 15.000 y 20.000 pesos semanales y un adolescente joven en Uruguay está recibiendo apenas 9.000 por estar dentro del mercado laboral informal”, acotó Deagosto sobre “la magnitud del desafío que enfrentamos”.

En otro orden, también abordó las transferencias y dijo que el sistema debe ser “simplificado y unificado”, además de contemplar “los problemas administrativos” de sus usuarios en el acceso a la documentación, y reparar en “límites, contraprestaciones o ingreso y egreso para evitar shocks abruptos”.

Por último, señaló “el estigma y las creencias” sobre la pobreza, lo que genera una “contradicción”: “más del 80% entiende que es sumamente relevante, que tenemos un problema de movilidad social y que el sistema es injusto” pero, como contracara, “más del 70% de los uruguayos opinan que el trabajo duro explica los desempeños económicos y solamente un 8% cree que se puede pagar más impuestos”, finalizó.

 

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