“El colegio ha estado analizando el proyecto de Ley de Lavado”, explicó Freire. En ese marco, el Cceau convocó a una mesa de diálogo con las principales firmas de auditoría del país, donde se coincidió en que la normativa “traslada mayor responsabilidad a los contadores” y compromete el secreto profesional.

Según la presidenta del colegio, el punto más cuestionado es la inclusión de la auditoría y, especialmente, de la revisión limitada entre las actividades obligadas a reportar operaciones sospechosas. “Las auditorías son un análisis ex post, posterior al cierre de ejercicio. En ningún momento estamos buscando situaciones sospechosas”, afirmó.

Freire sostuvo que el informe de revisión limitada “analiza grandes cuentas, con un alcance acotado”, y que por tanto “menos aún debería considerarse dentro de las actividades obligadas”. Desde la institución entienden que esta exigencia no solo resulta ineficaz en términos técnicos, sino que además impone costos adicionales a las pymes, “que son quienes impulsan la economía del país”.

En ese sentido, advirtió que la propuesta implica “un traslado de mayores costos a los profesionales contadores”, dado que aumenta las exigencias de debida diligencia y reduce los márgenes operativos de los estudios contables. “Eso provoca que se haga más debida diligencia, se investigue más a los sondeadores, a los accionistas y a los dueños de las empresas; con lo cual provoca que ese costo se lo traslademos a las pequeñas empresas”, explicó.

Otro aspecto criticado es el nuevo umbral para delitos precedentes de defraudación tributaria, que bajaría a US$ 16.000. “Es una cifra muy baja. En una auditoría, ese monto no es material, pero en una pequeña empresa es muy fácil superar ese límite y caer en sanciones”, indicó.

Secreto profesional y potestades de la Senaclaft

El colegio alertó además sobre la vulneración del secreto profesional. “Se le otorgan potestades totales a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), sin intervención del Poder Judicial. Si van a un estudio y piden todo el disco duro, ahí se vulnera totalmente la confidencialidad”, afirmó.

A su juicio, el proyecto “coloca sobre los contadores una responsabilidad que excede su rol profesional”. Subrayó que el Estado cuenta con organismos e instrumentos propios para detectar delitos financieros. “Estamos en contra del lavado de activos, pero no es en la tarea que tenemos que enfocarnos los contadores. Lo hacen los bancos, los escribanos, nosotros. Se duplican procedimientos sin necesidad”, señaló.

Diálogo y búsqueda de una “normativa justa y operativa”

Como salida, el Cceau promoverá mesas de trabajo con la Senaclaft para “explicar cuál es nuestro trabajo y buscar mecanismos alternativos”. Freire aseguró que el colegio “está siempre abierto al diálogo”, pero insistió en que las nuevas obligaciones “son excesivas” y podrían generar “una burocracia innecesaria que afecte el normal funcionamiento del sistema económico”.

“El colegio tiene voz y opinión”, afirmó, y destacó que el objetivo es alcanzar una normativa “justa y operativa para el sector”, que compatibilice el compromiso con la transparencia con la defensa del secreto profesional y la seguridad jurídica.