La actualización de las proyecciones incorporó como elemento novedoso las recientes proyecciones de población desarrolladas por el INE, a la luz de la nueva información generada por el Censo de 2023. Las nuevas proyecciones muestran una dinámica poblacional más desafiante que la considerada en las anteriores proyecciones, ya que el proceso de envejecimiento poblacional y contracción de la población se proyecta que ocurra de forma más rápida y pronunciada que en las proyecciones anteriores. 

El impacto en las proyecciones financieras asociado principalmente a la incorporación de estas nuevas proyecciones y algunos ajustes posteriores a la Ley 20.130, neutraliza en gran medida las mejoras en materia de sostenibilidad que se habían alcanzado en la reciente reforma, básicamente a partir del incremento en la edad de retiro.

Como se advirtió desde la aprobación de la Ley 20.130, las proyecciones financieras asociadas al nuevo régimen previsional dependen de forma crucial del mecanismo utilizado para ajustar los parámetros de cálculo del suplemento solidario incorporado en la reforma, que busca fortalecer la suficiencia de las prestaciones más bajas. Según la ley, el ajuste de estos parámetros se realiza por decisión del Poder Ejecutivo, quien puede optar discrecionalmente por un ajuste dentro de un margen de más o menos 20% de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) o el Índice Medio de Salarios (IMS).

En este contexto, la ley dejó planteado un claro dilema entre sostenibilidad financiera del sistema y suficiencia de las prestaciones más reducidas. La opción de ajustar los parámetros de cálculo del suplemento solidario por IPC, en una proyección de largo plazo, siempre que se concrete un escenario de crecimiento del salario real de la economía, implica que este componente de la prestación vaya perdiendo peso relativo en relación al total de la prestación. Por otra parte, el ajuste por IMS mantiene el peso relativo del suplemento, pero teniendo como contrapartida un mayor gasto previsional y por lo tanto mayores necesidades de financiamiento.

Las proyecciones actualizadas del Observatorio muestran que aun en el caso de ajustar los parámetros del suplemento solidario de acuerdo a la evolución del IPC, se espera una trayectoria creciente del déficit previsional, que demandaría a largo plazo algo más de 2 puntos porcentuales del PIB adicionales de financiamiento. En el caso de que los gobiernos opten por no disminuir la importancia del suplemento solidario, ajustando sus parámetros de cálculo considerando la evolución del IMS, el deterioro del déficit del sistema sería claramente más pronunciado, demandando a largo plazo más de 4 puntos porcentuales del PIB adicionales para su financiamiento.

En este último caso, la actualización de proyecciones muestra prácticamente el mismo diagnóstico que existía previo a la reforma que derivó en la aprobación de la Ley 20.130. Es decir, los nuevos datos en materia de proyecciones de población básicamente neutralizaron los moderados avances que en materia de sostenibilidad se habían obtenido en la reciente reforma.

Proyecciones financieras del sistema IVS de BPS

Fuente: Observatorio de Seguridad Social de Cinve

Ante este diagnóstico hay dos importantes conclusiones a considerar.

En primer lugar, aun en el escenario más optimista en materia de gasto, los aspectos de sostenibilidad financiera del sistema no quedan resueltos. Esto es un dato importante, considerando que la reciente reforma ya implementó un aumento significativo en la edad de retiro. De esta forma, el Diálogo Social deberá evaluar estrategias alternativas tendientes a procurar la sostenibilidad del sistema.

Una segunda conclusión es que parece muy difícil que se logren concretar medidas que tiendan a evitar un aumento a mediano y largo plazo del gasto previsional, al menos si se busca mantener y mejorar los niveles de cobertura actual del sistema con niveles razonables de suficiencia. El objetivo entonces es moderar la trayectoria creciente del gasto, asumiendo que se necesitarán recursos adicionales. Partiendo de esta premisa, es fundamental que el proceso de Diálogo Social aborde aspectos de financiamiento del sistema, procurando diseñar esquemas que permitan en el futuro obtener los recursos necesarios para afrontar el incremento del gasto que se proyecte una vez concretados los ajustes al sistema.