La región de América Latina y el Caribe ha logrado importantes avances sociales y macroeconómicos, pero el crecimiento económico y de la productividad siguen siendo débiles. En ese sentido, el informe señala que el principal desafío de la región es la limitada competencia en los mercados. “La alta concentración, las barreras regulatorias y la débil aplicación de las normas permiten a las empresas dominantes restringir la entrada, la innovación y las oportunidades”, señala el documento.

Por ese motivo, concluye que una competencia más fuerte puede impulsar un crecimiento más rápido, más equitativo y sostenible. “La competencia no solo tiene que ver con los precios, sino que constituye un pilar fundamental del crecimiento inclusivo. Cuando las empresas compiten entre sí, deben innovar, mejorar la calidad y reducir los costos. Los consumidores obtienen productos de mejor calidad y a precios más bajos, los trabajadores reciben salarios más justos y acordes a su productividad, y las economías se benefician de una reasignación más eficiente de los recursos hacia las empresas más productivas”, describe el documento.

Según se expresa, en América Latina si los mercados de productos fuesen tan competitivos como los de las economías avanzadas, el PIB podría ser alrededor de un 11% mayor y la desigualdad se reduciría en un 6%. Una mayor competencia induce a las empresas a producir más, contratar a un número mayor de trabajadores e incrementar sus inversiones. También promueve la formalización, lo que fortalece los ingresos del gobierno.

En América Latina la concentración -proporción del mercado controlada por unas pocas empresas- es aproximadamente cuatro veces mayor que en las economías avanzadas.

Además de afectar a los consumidores, los trabajadores y las empresas, la falta de competencia limita el dinamismo económico. Aunque frecuentemente aparecen empresas nuevas, estas suelen ser pequeñas, informales, poco productivas y aportan poco al empleo o la innovación. Cerca del 95% de las empresas tienen menos de cinco trabajadores y concentran el 57% del empleo. Las empresas más grandes y productivas, con más de 50 empleados, representan solo el 1% de las empresas y alrededor del 20% de los puestos de trabajo. 

Políticas para cambiar

Para cambiar la realidad regional, el libro del BID plantea la necesidad de contar con marcos regulatorios que promuevan la competencia leal y eliminen las regulaciones innecesarias, que limitan el dinamismo de los mercados. A su vez, propone fortalecer a las agencias de defensa de la competencia y ampliar su capacidad legal de acción; revisar las regulaciones que distorsionan la competencia; mejorar la infraestructura para aumentar el tamaño de los mercados internos, y fomentar la integración regional de modo que más empresas puedan competir en igualdad de condiciones.

Para el BID, los gobiernos pueden centrarse en tres prioridades: primero, profundizar la integración de los mercados. Ello puede lograrse a través de la implementación de sistemas interoperables; mejores infraestructuras que conecten los mercados y faciliten el movimiento de personas y mercancías entre regiones; regulaciones armonizadas que simplifiquen las transacciones dentro y entre las economías, y procesos fronterizos más ágiles que conecten a las empresas con las cadenas de valor globales.

En segundo lugar, se propone cambiar las normas que protegen a los actores tradicionales o penalizan el crecimiento de las empresas. La eliminación de los regímenes supeditados al tamaño de las empresas, la implementación de auditorías regulatorias y el diseño de normas sustentadas en evidencia pueden nivelar las condiciones de competencia, impulsar la expansión y elevar la productividad.

Por último, se insta a fortalecer los organismos de competencia. Una supervisión eficaz requiere instituciones independientes, con recursos adecuados y autoridad legal para revisar fusiones, sancionar carteles y prevenir abusos de posición dominante. Sin embargo, los organismos de América Latina y el Caribe se encuentran rezagados frente a sus homólogos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tanto en actividad como en autonomía.