Luego de más de dos décadas de negociaciones intermitentes, el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur volvió a avanzar tras la aprobación política del Consejo de la Unión Europea, que habilitó su firma formal. El paso reactivó una discusión que excede largamente lo comercial y que se inscribe en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, disputas por liderazgo y protestas sectoriales dentro del bloque europeo.
Las manifestaciones de agricultores en Francia, España, Polonia y Bélgica, con bloqueos de carreteras y episodios de violencia, pusieron nuevamente el foco en las resistencias internas que enfrenta el acuerdo. Sin embargo, para Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, el avance europeo responde a una lógica estratégica más amplia.
“La importancia que le da Europa a este acuerdo es más geopolítica que económica”, afirmó en diálogo con CRÓNICAS. “El impacto económico de este acuerdo es casi nada para Europa, porque nosotros somos poca cosa para la UE como socios comerciales”, puntualizó.
Según Bartesaghi, la aceleración del proceso debe leerse en clave internacional. “Es, sin lugar a dudas, un movimiento geopolítico de importancia, especialmente porque se mete en la discusión de América Latina en un momento donde Estados Unidos está volviendo a una lógica más intervencionista”, señaló. En ese sentido, explicó que el acuerdo permite a la UE reforzar su presencia política y estratégica en la región frente a otros actores globales.
Las protestas agrícolas, si bien ruidosas, no se explican únicamente por el tratado con el Mercosur. “La discusión en Europa sobre la agricultura es mucho más amplia que este acuerdo”, advirtió Bartesaghi. “Es un sector golpeado por los elevados estándares que la Comisión Europea les impone y que les hacen perder competitividad frente a productores de otros países que no tienen las mismas exigencias”, explicó.
Del lado sudamericano, la lectura es diferente. Para el analista, el principal atractivo del acuerdo para el Mercosur es económico y comercial. “Hay un beneficio concreto para los países del Mercosur de exportar más productos agroindustriales a Europa, de captar inversiones y de mejorar su imagen internacional cerrando un acuerdo de este nivel”, sostuvo.
En el caso uruguayo, el acuerdo vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural; la alta concentración de exportaciones. “Dos productos explican más del 70% de lo que Uruguay exporta a la UE: la pasta de celulosa y la carne”, expresó. Agregó que “es necesario diversificar eso y lograr que más empresas uruguayas exporten más productos y servicios”.
El especialista subrayó que la reducción de aranceles puede generar nuevos incentivos. “Hay muchos productos que hoy no se exportan porque tenían aranceles del 14% o 15%. Cuando esos aranceles bajen o desaparezcan, se abren oportunidades reales para empresas que hoy están fuera del mercado europeo”, afirmó.
Además del impacto comercial directo, destacó que el acuerdo “ordena la casa del Mercosur”, al exigir reglas más claras, mayor previsibilidad y estándares más elevados. “Te vuelve más atractivo como bloque y te da credibilidad para acelerar otras negociaciones que están en curso”, señaló.
Omar Paganini, excanciller, exministro de Industria, Energía y Minería y uno de los jerarcas uruguayos que participó en la firma del acuerdo en la administración pasada, coincidió en que las resistencias europeas responden a una lógica histórica. “Las tensiones son las mismas que siempre han demorado el acuerdo”, afirmó a CRÓNICAS. “Se trata de los temores del sector agricultor europeo, que es muy protegido y con enormes subsidios”, agregó.
Paganini precisó que el impacto real del acuerdo sobre la agricultura europea es acotado. “El acuerdo tiene cuotas, y cuotas bastante estrictas”, sostuvo. “Por ejemplo, 99.000 toneladas de carne sin arancel desde el Mercosur implican unos 350 gramos por habitante europeo por año. Es una hamburguesa”.
Para el excanciller, el valor estratégico del acuerdo para Uruguay va más allá del acceso a cuotas. “El máximo valor no es tanto ese, sino la posibilidad de ir agregando eslabones productivos aquí y entrar a un mercado de consumidores, en vez de seguir siempre en el modelo de los commodities”, explicó.
También destacó el impacto del acuerdo sobre la competitividad interna. “Esto nos obliga a ser más competitivos, a revisar cómo hacemos las cosas y a mejorar”, señaló. Explicó que “cuando un país se abre al mundo y juega en la cancha grande, se generan presiones que ayudan a destrabar discusiones que a veces quedan empantanadas”.
En un contexto global de guerras comerciales y cambios constantes en las reglas, el acuerdo UE–Mercosur aparece como una apuesta por la estabilidad. “Se integra un espacio de comercio basado en reglas, con 800 millones de habitantes, en un mundo donde las reglas cambian todo el tiempo”, afirmó.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur representa más que un tratado comercial clásico: incluye un marco de asociación política y cooperación que involucra servicios, inversiones y compras públicas, además del comercio de bienes. Este enfoque integral obliga a una armonización de normas regulatorias y puede impactar reglas domésticas en áreas como competencia, estándares sanitarios y comercio digital.
Tras más de 25 años de negociaciones técnicas, el Consejo de la Unión Europea aprobó por mayoría cualificada la firma del Acuerdo de Asociación el 9 de enero, lo que permitió programar la firma formal para mañana sábado 17 de enero en Asunción (Paraguay), fecha que marca el inicio del proceso de ratificación parlamentaria en ambos bloques.
Aunque el tratado comercial interino podría entrar en vigor antes que el acuerdo completo, la implementación plena dependerá de múltiples rondas de aprobación en los parlamentos de los 27 Estados de la UE y de los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esto convierte la ratificación en un proceso jurídica y políticamente complejo, con etapas independientes para los pilares comercial y político-institucional.
Además, la creación de una zona de libre comercio que abarque más de 700 millones de personas ofrece un espacio de mercado estratégico, pero plantea desafíos normativos para las pequeñas y medianas empresas que deberán adaptarse a estándares internacionales más exigentes.