Uruguay estableció un nuevo régimen de promoción de inversiones con el objetivo de impulsar la inversión en el país y promover aquellas iniciativas que contribuyan de forma directa al desarrollo productivo del país. El Decreto Nº 329/025 introduce modificaciones a la normativa anterior y redefine la forma en la que se evalúan los proyectos que buscan acceder a beneficios fiscales, sin alterar los pilares centrales del sistema que rige desde 2007.

El esquema mantiene su lógica de funcionamiento a partir de una “matriz de doble entrada”, explicó a CRÓNICAS el senior manager de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC Uruguay, Rafael Monzó. Por un lado, se considera el monto de la inversión, y por otro, los objetivos que esa inversión contribuye a cumplir. Entre los principales indicadores, destacó la creación de empleo, el aumento de las exportaciones, el desarrollo de mejores condiciones en materia de sostenibilidad ambiental y el impulso a la investigación y el desarrollo. 

Según el especialista, el nuevo decreto no implica cambios sustanciales respecto al régimen vigente, sino una actualización orientada a direccionar de manera más eficiente los incentivos. En ese sentido, señaló que la “columna vertebral” del sistema se mantiene firme, lo que refuerza la continuidad de una política que ha mostrado resultados en términos de crecimiento de la inversión en Uruguay.

Sin embargo, para las inversiones de gran volumen, se habilita la posibilidad de acceder a una exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) equivalente al 100% del monto invertido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se alcancen determinados objetivos.

Afirmó que el foco está puesto en acelerar los plazos de ejecución de la inversión; en este sentido, el plazo máximo para concretar las inversiones pasa de diez a cinco años, además de incentivar a la concreción de grandes proyectos, sin dejar de lado a las pequeñas y medianas empresas, que históricamente encontraban mayores dificultades para acceder al régimen. 

En este sentido, Monzó destacó que el régimen anterior medía el incremento de puestos de trabajo en términos generales, mientras que el nuevo esquema toma en cuenta la situación particular de cada empleado y otorga mejores beneficios a la contratación de colectivos considerados “vulnerables”. 

“Las empresas recibirán una mayor puntuación para la promoción de sus inversiones si en sus proyectos se incluye la contratación de mujeres, jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, personas trans que tengan la Tarjeta Uruguay Social, personas con discapacidad, personas atendidas por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y personas que en los últimos tres años hayan participado de distintos programas de empleo protegido, entre ellos, Uruguay Impulsa (Jornales Solidarios)”, se informó. 

Transición y desafíos fiscales

El nuevo régimen comenzará a regir el 1º de febrero de 2026 y contará con un período de transición hasta el 30 de abril, durante el que las empresas podrán elegir por presentar sus proyectos bajo el esquema anterior o el nuevo. Según detalló el especialista tributario, la intención es brindar certezas a los inversores y evitar cambios bruscos que puedan afectar decisiones tomadas con anterioridad.

En paralelo, Monzó advirtió que el análisis del régimen no puede desvincularse de las modificaciones tributarias introducidas en la Ley de Presupuesto, en particular las vinculadas al Impuesto Mínimo Complementario. “Este nuevo tributo lo deben abonar empresas multinacionales de gran porte que tengan en Uruguay un impuesto a la renta efectivo menor al 15%”, sostuvo, y agregó que, si los incentivos fiscales reducen la carga del IRAE por debajo de ese nivel, la diferencia podría ser compensada mediante un impuesto adicional, lo que limita el efecto real de las exoneraciones previstas en el régimen de promoción de inversiones. En ese sentido, señaló que será clave observar cómo interactúan ambos instrumentos para evitar que los incentivos provoquen efectos adversos.

Al mismo tiempo, sostuvo que la inversión privada es un eje central para el crecimiento económico. Uruguay, si bien presenta niveles de inversión inferiores a otros países de la región, mantiene ventajas estructurales valoradas por los inversores, como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y bajos niveles de corrupción. En ese marco, el nuevo régimen de promoción de inversiones busca ratificar la vigencia de una política de Estado basada en la concesión de beneficios fiscales relevantes a cambio de inversiones de calidad.