Una de las primeras polémicas que trajo el cambio de banda presidencial en marzo de 2025, estuvo asociada a la acusación realizada desde el gobierno entrante, respecto a que la administración de Luis Lacalle Pou decidió postergar pagos correspondientes al año 2024 para el año siguiente. A un mes de iniciada su gestión, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el gobierno saliente había “postergado y comprometido” gastos por US$ 970 millones. “El déficit fiscal de 2024 hubiese sido mayor a la cifra publicada de no haberse postergado gastos o adelantado ingresos ese año”, afirmó el jerarca ante la Comisión de Hacienda del Parlamento en abril de 2025.

En tal sentido, el último Monitor de Coyuntura, la publicación semanal que elabora el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, dirigido por el economista Javier de Haedo, parece darle cierta cuota de razón a las autoridades económicas actuales.

El informe detalla que, en 2025, el déficit financiero de todo el sector público se acercó al 5% del PIB, algo superior a lo previsto en el presupuesto. Este incremento registrado respecto al 2024 (cuando cerró en 4,2% del PIB) se debió al aumento del gasto público. “La puesta al día de pagos atrasados desde el año anterior, que se percibe en los aumentos en gastos no personales e inversiones, explicaría una parte relevante de dicho incremento”, agrega el documento. 

“Déficit fiscal considerable”

El informe recuerda que, al inicio del actual período de gobierno, las autoridades hicieron saber de la existencia de gastos impagos desde el año anterior, que deberían realizarse este año. “Eso, más la decisión de no efectuar un ajuste fiscal al inicio del período, anticipaba un aumento del déficit en el año que se iniciaba”, explicó.

Asimismo, agrega que “los aumentos impositivos dispuestos en la Ley de Presupuesto producirán recursos principalmente desde 2027, lo mismo que el ajuste de la CPE (costo promedio equivalente) en el Fonasa”.

Esta situación, señala el Observatorio, “vuelve a anticipar que en el año en curso volverá a registrarse un déficit fiscal considerable, no muy alejado del de 2025”. Además, advierte que un menor crecimiento económico al previsto y una menor inflación “pueden coadyuvar en ese sentido”.

Por otro lado, se destaca que la estrategia fiscal del gobierno también incluye ganancias de la recaudación mediante una mayor eficiencia de la Dirección General Impositiva (DGI) y por un crecimiento económico en el eje del 2,4% anual. 

Los datos del 2025

El año pasado, mientras que los ingresos del sector público se mantuvieron estables con relación al PIB, los gastos aumentaron en seis décimas de punto del Producto. En el caso de los ingresos, los de la DGI subieron 7,7% en el promedio el año y los del BPS 6,6%, frente a una inflación promedio anual de 4,7%.

Sin embargo, el informe advierte que “ese comportamiento entre promedios anuales esconde una realidad más preocupante: la desaceleración de la economía dio lugar a que, a lo largo del año, también se desacelerara la recaudación, que en el caso de la DGI pasó de crecer 9% interanual real en el primer trimestre, a caer 3% en cuarto”.

Por el contrario, la evolución del gasto público fue opuesta. Algunas partidas típicas de pagos postergados aumentaron de manera considerable: gastos no personales, o suministros (+18,6% nominal interanual), inversiones del gobierno central (+26,8%) e incluso transferencias (+10,1%). Mientras tanto, las remuneraciones subieron 7% y las pasividades 8,1%.