El año terminó con la aprobación del presupuesto y con él, un ajuste fiscal que contradijo de una y sin sonrojarse una promesa central de campaña: “no voy a aumentar los impuestos”, decía el candidato Yamandú Orsi. La frase fue clara, reiterada y categórica. Hoy es papel mojado. No solo se aumentaron, también se crearon nuevos —el impuesto global, el llamado “Temu” y el impuesto a los activos de uruguayos en el exterior—, que no son otra cosa que más carga sobre quienes ya sostienen el peso del Estado.

A renglón seguido llegaron las tarifas públicas. Todas por encima de la inflación. El caso de OSE es el ejemplo más evidente: un aumento que más que duplica la inflación pasada y también la proyectada. ¿Cuál es la justificación? Ninguna que resista análisis serio. Cuando una empresa pública es ineficiente, está atrasada tecnológicamente y carece de inversión adecuada, la solución no puede ser pasarle la cuenta al usuario. Pero ese fue el camino elegido: subir el precio del agua, el servicio más básico de todos.

Como si esto fuera poco, se anuló una licitación ya adjudicada y con contrato firmado para la toma de agua en Arazatí, una obra estratégica para diversificar fuentes y evitar que Montevideo dependa de una sola alternativa hídrica. En su lugar, se insiste con la represa de Casupá, profundizando exactamente el mismo problema que la sequía dejó en evidencia. Y, por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas les observó el contrato; observación que van a desconocer, sin que importe mucho la opinión de quien justamente controla la legalidad.

Tenemos los combustibles líquidos más caros de América, sin embargo, para bajar las ineficiencias de algunas áreas de Ancap, fijaron un factor de ajuste de $ 1,5; consecuencia: los uruguayos pagamos 50 millones de dólares de más sobre el precio de los combustibles fósiles.

El ajuste también alcanzó al Fonasa. Conviene recordarlo: las devoluciones no son una dádiva del gobierno. Son dinero que se cobró de más a cada uno de los contribuyentes al sistema. Durante un año el Estado retiene recursos de los trabajadores y los devuelve recién en setiembre. Ahora, con un cambio en la fórmula de cálculo, devolverá menos. Traducido: se quedará con más.

El IRPF siguió el mismo camino. Se modificó la forma de cálculo y, casualmente, el nuevo esquema no favorece al contribuyente sino al Estado.

Cuando se suman impuestos nuevos, tarifas por encima de la inflación y cambios en Fonasa e IRPF, la voracidad fiscal es incuestionable. El resultado es inequívoco: cientos de millones de dólares adicionales que salen del bolsillo de los uruguayos para alimentar un Estado burocrático y pesado.

¿Y el gasto? Silencio. De bajar el costo del Estado, de ajustarse el cinturón, no se habla. No está en el radar.

Mientras tanto, la economía real habla por sí sola. Empresas que reducen personal, multinacionales que se retiran, industrias que cierran o migran hacia países más competitivos. Cada cierre implica trabajadores en la calle. Cada retiro es una señal de alerta. Somos un país caro, con dificultades para atraer inversiones, y la respuesta oficial es aumentar la presión fiscal. Y ni hablar de la “brillante” idea del ministro de Trabajo de promover una ley para que las empresas tengan que dar aviso previo de despidos masivos. Esperemos no prospere y prime el sentido común en el gobierno.

Este fue el verano en el que “no pasaba nada”. Pero pasó de todo. Ajuste fiscal, aumento de tarifas, más presión sobre los que trabajan y producen, más incertidumbre y menos competitividad. La promesa de no más impuestos se convirtió en un feroz ajuste fiscal. La promesa de alivio se transformó en carga.

Gobernar no es recaudar cada vez más para sostener un Estado que no se reforma. Gobernar es administrar con eficiencia, generar confianza y crear condiciones para crecer, y sobre todo bajar la presión fiscal sobre el sector productivo y la gente.

Y eso no es un verano pasajero. Es un rumbo.

(*) Diputado por el Partido Colorado.