-El gobierno presentó en la Ley de Presupuesto un esquema donde el gasto no se reduce y la trayectoria fiscal está atada al desempeño que tenga el Producto Interno Bruto (PIB). Dado el comportamiento que ha tenido el producto en 2025 y las proyecciones previas a la presentación de los números oficiales, ¿qué panorama se plantea para estos cinco años?

-La situación es bastante más compleja de la lectura que se está haciendo. El presupuesto actual convalida todo el presupuesto que venía del período anterior, un período en el que se convalidaron todos los mecanismo indexatorios que tiene la Ley de Presupuesto. Y en este nuevo presupuesto tomaron ese conjunto de partida y le agregaron un gasto. El total del incremento de gasto anual ronda los US$ 400 millones por año, muy lejos de aquellos US$ 200 millones de los que hablaron, que en realidad eran las partidas nuevas que estaban discutiendo. Este nuevo presupuesto prevé, en sus estimaciones, que el déficit fiscal iría bajando en función de un nivel de crecimiento que decididamente no se va a cumplir el primer año y posiblemente no se cumpla en los años que vienen. Por lo cual, el resultado fiscal va a seguir en el entorno del 4% o 4,5%, si todo sigue como va. Eso hace pensar que el gobierno posiblemente haga una propuesta de incrementos de impuestos o nuevos impuestos en los tiempos que vienen, porque, en definitiva, por el lado del gasto, la voluntad que se ve es no hacer nada.

-¿Por qué lado se imagina que pueden aparecer esos nuevos impuestos? ¿Se relaciona a la intención de acercarse a lo que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia impositiva?

-Parte del gobierno viene hablando de incorporarse a la OCDE y de aceptar los preceptos que plantea. Uno de los objetivos de la OCDE es que rija en todo el mundo el criterio de renta universal. Si uno mira, en los gobiernos anteriores del Frente Amplio (FA) se incorporaron las rentas financieras y ahora se incorporan las ganancias patrimoniales y se gravan las rentas de bienes inmobiliarios. Quedan dos pasos importantes para dar para llegar a la renta universal de una forma más o menos plena. Uno es el Impuesto al Patrimonio y el otro es el IRPF por las actividades de los residentes uruguayos que se desarrollan en el exterior. Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que van a hacer, pero claramente el rumbo va por ahí. Cuando se grava con patrimonio e IRPF el trabajo y los activos en el exterior, prácticamente se está aplicando el criterio de renta universal, que es a lo que aspira la OCDE. Esto sería bastante malo para Uruguay, porque parte de su atractivo, que es que históricamente los impuestos se cobran por lo que se hace y se tiene en el país, lo dejarían de lado. Y además hay un conjunto de injusticias.

-¿Qué otro camino ve?

-Otro camino de aumento de impuestos podría ser por el lado de los impuestos a los activos. Uruguay tiene varios impuestos ciegos, como el Impuesto al Patrimonio, la Contribución Inmobiliaria, la patente o el Impuesto de Primaria. No veo ninguna acción del gobierno y del Parlamento pensando en reducir el gasto público. El gasto público viene subiendo. Desde el año 2005 a hoy, pasó del 25% del PIB al 36,5%. El año pasado el gasto subió en términos constantes, con casi 6%, con un producto que con suerte crecerá al 2%. En definitiva, por el lado de ingresos, los dos caminos que veo son esos.

-¿Por qué cree que este gobierno no ha mostrado intención de reducir el gasto público?

-Creo que en un gobierno de izquierda como este, claramente su vocación es expansiva en materia de gasto público. El gobierno anterior anunció que iba a reducir el gasto y lo terminó aumentando. Aumentó el gasto y el personal ocupado. Y eso nos llevó a que el gasto total de todo el sector público esté en 36,5% del PIB y en 2025 siguió subiendo. Hoy, buena parte de quienes opinan de economía aceptan que el gasto público es alto. En esto, hasta hace muy poco, las opiniones estaban divididas. Por lo menos ahora cada vez hay más gente que dice que es alto; es muy fácil decir que es alto, pero nadie se anima a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, reducir el gasto público es una batalla campal para la que hay que estar convencido y dispuesto a enfrentarse a todos a los que les duele esa decisión.

-¿Hay reticencia en el arco político de no enfrentarse a pagar los costos políticos de bajar el gasto?

-Mientras tengas capacidades de colocar deuda pública y financiar tu déficit fiscal con deuda, que son impuestos futuros que van a pagar las próximas generaciones, ningún político debería tener estímulo a corregir el gasto público, porque quien lo haga asumirá ese costo político versus los otros que seguirán en la cresta de la ola. Yo creo que hasta que no enfrentemos una crisis financiera en el Estado, y cuando el mercado deje de aceptar la deuda pública uruguaya, reducir el gasto no va a estar sobre la mesa. Hoy no hay nada que haga pensar que el gobierno y la oposición acuerden una reducción del gasto público. Yo creo que va a seguir subiendo. Y para que el nivel de actividad aumente, se necesita inversión. Hasta ahora, los momentos de crecimiento de la economía uruguaya son, básicamente y en los últimos años, a impulsos de la coyuntura exterior. Entonces, cuando los precios internacionales no suben y no tenés ingreso de capitales, la economía acá se plancha. Así estuvimos los últimos 12 años, creciendo en el margen del 1%. Entonces, con un crecimiento del 1%, tu recaudación adicional es 0,3% del PIB y estás lejos de resolver ningún problema, si básicamente te estás gastando más de eso por año de incremento de gasto. Nadie se está animando a encarar cómo se baja el gasto público.

-¿Y por dónde entiende que debería venir?

-En estas cosas no hay que innovar. Hay que ver cómo se hizo en otros momentos y adaptar eso a la realidad actual. Todo lo que voy a decir no va a pasar, pero si se me pregunta cuál es el camino para hacerlo sin una crisis, para empezar, hay que tener en cuenta el gasto corriente no salarial. Estos son los gastos en viajes, viáticos o papelería, que es el funcionamiento del Estado y que se podrían llamar los placeres del cargo. Históricamente estuvieron entre el 2,5% y el 3% del PIB. Ese número hoy está en el 4%. Entonces, en el gasto no salarial, que debería ser algo que no le debería doler a la sociedad, hay espacio para recortar. El cuánto no lo sé. Por otro lado, los sueldos públicos vienen creciendo desde 2005 a la actualidad, a una tasa, en términos constantes del 2,2% anual, y el volumen de funcionarios públicos aumentó desde entonces unas 70.000 personas. Entonces, claramente la función pública, donde hay una inamovilidad virtual, creo que lo que se debería pensar es en congelar nominalmente por un período de gobierno los sueldos públicos y aplicar en serio la regla del tres por uno. Esta es una ardua tarea, pero alguien la va a tener que hacer. Si eso no se hace, en algún momento vamos a terminar con una crisis financiera y con más inflación. Y el ajuste de todo eso va a ser a prepo.

-¿Dónde está a su entender la principal problemática de la economía uruguaya?

-En lo fiscal, porque es lo que determina el atraso cambiario que tiene el país. Hay un stock de Letras de Regulación Monetaria (LRM), que son el 12,5% del PIB. La medida correcta para desarmar ese stock de letras es tener superávit fiscal, y con ese superávit, se compran letras hasta que se eliminen. Algo similar a lo que hizo Javier Milei en Argentina. El mecanismo adecuado para corregir el tema de LRM y del atraso cambiario, es con un superávit fiscal, pero eso no está en el escenario actual. En un país chico y con una base monetaria tan pequeña, la política es la fiscal. Por otro lado, para crecer hay que invertir. Uruguay está en un número peligroso en el entorno del 16% de inversión bruta anual total. Si insistimos con las mismas fórmulas de más exoneraciones de impuestos a través de la Comap y más regímenes preferenciales, que es lo que hemos tenido en los últimos años, no veo por qué los privados vayan a cambiar su comportamiento teniendo más beneficios en el mismo sentido.

-¿Y qué entiende que es necesario hacer?

-Lo que hay que hacer es liberar el mercado de trabajo y dar señales claras para corregir la situación fiscal y recuperar la competitividad del país.

-¿Con liberar el mercado de trabajo se refiere a modificar los Consejos de Salarios?

-En el extremo, a eliminar los Consejos de Salarios, que fue lo que hicimos en los 90. El hecho de eliminar los Consejos las personas lo asumen como algo inconveniente, pero en realidad es permitir que empresas y trabajadores negocien libremente. Así pasó entre el 92 y 93 y en el año 2005. Y fue uno de los motivos por los que la salida de la crisis del 2002 fue muy corta en el tiempo.