En el comunicado publicado, la gremial que nuclea a las tres AFAP privadas (Integración, Itaú y SURA), se sostiene, en primer lugar, que “la mejora prometida para el trabajador es inexistente”. “Aun eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%”, argumenta. Asimismo, este nuevo ente estatal “requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”.
Por otra parte, se entiende que “el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal”. “Las AFAP operan bajo supervisión rigurosa, con estándares de servicio y de gestión auditables, sancionables e intervenibles. Como entidades privadas, han sido intachables gestoras de las cuentas de los clientes. La propuesta cambia esa naturaleza. Convierte a las AFAP en proveedoras del Estado y el afiliado deja de ser cliente y pasa a ser usuario cautivo de un único organismo administrador, quitándole la posibilidad de elección”, argumenta.
En tercer lugar, se entiende que este cambio “en los hechos es una estatización”. “La propuesta reemplaza ese esquema por un organismo estatal único. Es, por definición, una estatización”, fundamenta.
Por último, se advierte que “la medida es un paso hacia una agenda que la ciudadanía ya rechazó”, en referencia a la negativa al referéndum de octubre de 2024. “La medida funciona como una etapa dentro de una transformación del sistema de ahorro individual que ya fue sometida al escrutinio ciudadano y fue rechazada. Ese hecho es parte del contexto y debe formar parte de la discusión, ya que la trayectoria hacia donde se embarcaría tiene un fin declarado y acercarse a él supone irreversiblemente desconocer el pronunciamiento en las urnas”, agrega la institución.
Al cierre del comunicado, Anafap destaca el Diálogo Social como “ámbito para fortalecer el sistema previsional”. Sin embargo, concluye que la discusión de esta propuesta “no es nada de eso”. “Lo que está en discusión es si el trabajador uruguayo seguirá teniendo un administrador responsable frente a él, elegido por él y exigible por él, o pasará a depender de un organismo estatal único frente al cual no tendrá derecho de elección ni de reclamo”, resumió la gremial.