Cuando una población empieza a adaptarse al delito, el problema deja de ser típicamente delictivo para pasar a ser estructural. Seguimos pensando que la realidad la marcan las cifras de denuncias de delitos en la policía, pero esa es una parte de la seguridad, la otra es la que vive a diario el ciudadano de a pie, el que transita la calle, y su realidad no está registrada en ninguna estadística que hoy se mide o se compara. Seguimos pensando que la inseguridad es solo una percepción o una “sensación térmica”.

En la actualidad esa discusión quedó perimida, el delito no necesita intérpretes, necesita condiciones para desarrollarse y esas condiciones están dadas en nuestro país. Uruguay no enfrenta únicamente los delitos, enfrenta algo más complejo, a un sistema que no logra ordenarse para luchar contra las diversas amenazas del crimen organizado moderno.

El crimen organizado se desplaza, muta, se adapta y optimiza su logística, el Estado y la política, como sistema discute sin lograr acuerdos. Las redes criminales integran información, rutas y actores, el Estado como sistema se fragmenta, no encuentra respuestas, sigue en compartimentos estancos, “chacras”.

El verdadero punto de quiebre, ya no se trata de más o menos policías en la calle, tampoco de más “mano dura o blanda”, se trata de algo mucho más simple: de coherencia y operativa del propio sistema.

En la actualidad los puntos sensibles en seguridad no están en un lugar específico, están en las fisuras del sistema, en la coordinación que no llega, en los actores que no dialogan, en información que no se integra y en decisiones que se postergan.

Algo menos evidente, pero igualmente determinante, es la falta de continuidad en las políticas públicas en materia de seguridad. Con cada cambio de gobierno se reconfiguran prioridades, se redefinen enfoques, y en otras tantas se reinician procesos que deberían consolidarse y ahí es donde el crimen organizado encuentra ventajas.

El crimen organizado no necesita el caos o violencia generalizada, solo le alcanza con que el sistema (Estado) funcione mal, donde aparecen zonas grises o espacios donde nadie es responsable, donde todo se explica, pero nada se resuelve; ese es el mejor escenario para el crimen organizado.

En esta situación, el crimen no solo avanza, se consolida, se expande y se vuelve más sofisticado. Se adapta al entorno, identifica debilidades y las convierte en oportunidades para el desarrollo de actividades ilícitas.

Uruguay construyó históricamente su estabilidad sobre instituciones sólidas que funcionan bien, no perfectamente, pero previsibles, y ese fue siempre su mayor diferencial. Ese diferencial hoy comienza a erosionarse, no por la destrucción del sistema, sino por algo más silencioso, la pérdida de la capacidad de respuesta en tiempo y forma.

El problema hoy no es que no se tenga un diagnóstico profesional y adecuado, el verdadero problema es que el diagnóstico no se traduce en acciones concretas y visibles. Se debate sobre el marco jurídico, se discute el enfoque, ideología, narrativa, responsabilidades; mientras todo eso pasa, la realidad sigue su curso, no espera.

El ciudadano de a pie no solicita perfección, el ciudadano demanda algo mucho más simple, que el sistema en su conjunto funcione, que exista presencia donde hoy hay vacío, que exista una coordinación donde hoy no la hay y si la hay es fragmentada, que exista inteligencia cuando hay una reacción tardía y que se tomen decisiones.

Porque mientras el sistema se pone de acuerdo, el crimen organizado avanza y se instala, revertirlo no es una tarea fácil, lleva años de inversión sostenida, de coordinación real y de voluntad política que trasciende gobiernos.

Uruguay no está condenado, pero tampoco es inmune al crimen organizado; entre la discusión y el vacío, hay un espacio que alguien siempre ocupa.

La pregunta ya no es si va a pasar, la pregunta es quién lo está ocupando hoy.

(*) Consultor y analista senior en seguridad, crimen organizado y terrorismo. Director de The Guardian Group.