En el almuerzo de trabajo organizado el pasado miércoles por ADM, en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo que el país cuenta con fortalezas macroeconómicas que le permiten enfrentar el actual escenario internacional con mayor resiliencia que otros países de la región. Entre esos factores, mencionó el alto nivel de reservas internacionales, la baja dependencia de combustibles fósiles, el perfil de la deuda pública y la estabilidad financiera.
Según datos presentados durante la disertación, Uruguay mantiene la prima de riesgo soberano más baja de América Latina y un sistema eléctrico compuesto en un 98% por energías renovables.
En ese contexto, reconoció que la economía local enfrenta un “shock negativo de términos de intercambio” por el aumento del precio del petróleo, aunque defendió la decisión del gobierno de “suavizar” el impacto en los combustibles para evitar efectos bruscos sobre el consumo, la inversión y la actividad económica. Según explicó, si se hubiera aplicado plenamente el Precio de Paridad de Importación (PPI), la nafta habría aumentado 11% y el gasoil 46%.
Además, aseguró que el gobierno logró cumplir las metas fiscales previstas para 2025 pese a una menor recaudación tributaria. “Nosotros el año pasado recaudamos 10.000 millones de pesos menos de lo que estaba previsto”, señaló, aunque destacó que “a pesar de esa menor recaudación, sin mucho ruido, sin mucha propaganda, el gobierno cumplió las metas”, a través de un ajuste que definió como realizado “sin motosierras, ni haciendo un aspaviento sobre la gestión del gasto público”.
Uno de los principales focos de la exposición estuvo vinculado al Diálogo Social y al debate previsional instalado en las últimas semanas.
El jerarca cuestionó las críticas surgidas desde algunos sectores políticos sobre el impacto de eventuales cambios en el sistema jubilatorio y defendió la prudencia fiscal del equipo económico: “A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay que tiene esas credenciales está rifándose la sostenibilidad fiscal”, declaró.
En esa línea, calificó como “temerario” plantear que el gobierno pretende erosionar las finanzas públicas y recordó las consecuencias que tuvo la pérdida del grado inversor durante la crisis de 2002.
“Si hay algo que sabe la generación de colegas de la profesión económica que tienen responsabilidad de gobierno, es que la sostenibilidad fiscal es clave”, expresó.
Agenda social
Según explicó, el Poder Ejecutivo prioriza dos recomendaciones dentro del Diálogo Social: fortalecer las transferencias destinadas a la infancia y mantener la edad de retiro en 65 años, incorporando mecanismos de jubilación anticipada desde los 60 años con incentivos para postergar el retiro.
“Las personas van a poder retirarse a partir de los 60 años, pero van a estar fuertemente incentivadas a permanecer hasta los 65”, explicó. La propuesta incluye además un sistema “universal y no discrecional” para el acceso al retiro anticipado y medidas orientadas a garantizar niveles suficientes de prestaciones para los sectores de menores ingresos.
En materia social, sostuvo que uno de los ejes centrales del gobierno será fortalecer las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia, especialmente en los hogares más vulnerables. En ese sentido, defendió la necesidad de focalizar recursos públicos en los sectores de menores ingresos y aseguró que el Poder Ejecutivo trabaja en mecanismos para reforzar las transferencias sociales.
Mejorar la competitividad
La exposición incluyó una agenda de reformas microeconómicas orientada a mejorar la competitividad y atraer inversiones. Entre las principales iniciativas, destacó el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, que prevé agilizar trámites, simplificar procesos tributarios, fortalecer la competencia y promover startups y nuevos instrumentos de financiamiento.
Asimismo, valoró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) como “la mayor integración de la historia” y señaló que, según estimaciones del MEF, podría generar un aumento de 1,9% del PIB uruguayo y un crecimiento del 12% en las exportaciones.
De cara al segundo semestre, el gobierno prevé impulsar inversiones en infraestructura, puertos, energía, riego y centros de datos, entre otras áreas estratégicas.