Entrevista
Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo
“Tenemos un Estado que gasta como un país cuasidesarrollado, pero en los resultados no lo es”
Luego de que en 2025 la economía creciera menos de lo que proyectó el gobierno en el presupuesto, Ramiro Correa considera que, en la próxima Rendición de Cuentas de junio, el ejecutivo debería apostar “al menos” a un “gasto cero” o incluso a una reducción. En entrevista con CRÓNICAS, el economista del CED destacó que la baja inflación es una “buena noticia” y subrayó que el Banco Central debe considerar un objetivo inflacionario en el entorno del 3%, hoy fijado en el 4,5%. A su vez, subrayó que los cambios introducidos en la regla fiscal no fueron positivos, ya que la hicieron “más laxa”.
Fecha de publicación: 15/05/2026
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Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo.
Por:
Redacción

-Las proyecciones de crecimiento realizadas por el gobierno en el presupuesto de 2025 fueron ajustadas. ¿Se impone una reducción del gasto en la próxima Rendición de Cuentas?

-Lo primero que estamos viendo es la realización de un contexto macroeconómico más complejo del que quizá esperaba el gobierno en 2025. El Ejecutivo en 2025 presentó la Ley de Presupuesto donde una parte importante fueron las proyecciones macroeconómicas y se confirmó, tal como lo dijimos con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) desde agosto de 2025, que fueron optimistas en el planteo de los supuestos macroeconómicos. Claramente se vio que la economía en 2025 creció menos de lo que decía el gobierno, que proyectó un 2,6%, y en 2026 estamos viendo la misma historia. El gobierno tenía una proyección inicial de 2,2% de crecimiento, que luego la ajustó a 1,6% extraoficialmente y dicho por el ministro. Sin embargo, los analistas estamos en mediano consenso de que la economía va a crecer en el entorno del 1%. En el CED estamos proyectando hoy en día una tasa de crecimiento para 2026 de 1,2%, por lo tanto, sería el segundo año en que la economía crece menos de lo que dice el gobierno. El primer mensaje es que el contexto macroeconómico resultó bastante más complejo de la visión optimista que tuvo el gobierno a la hora de plantear las proyecciones en el presupuesto. Esto tiene una implicancia fundamental en que la recaudación que espera el gobierno será menos dinámica. De hecho, en 2025 hubo una menor recaudación a la esperada, por un menor dinamismo económico y en 2026 lo esperable es que suceda lo mismo. Esto implica que, de cara a la Rendición de Cuentas, el gobierno deberá tomar algunas decisiones. Me imagino que van a ser dos medidas a priori. La primera es que el gobierno presente nuevas proyecciones macroeconómicas más realistas, tanto para 2026 como para el resto del quinquenio, y la segunda, es que deberíamos ver una Rendición de Cuentas al menos de gasto cero o incluso de reducción. Este segundo escenario lo veo más difícil desde la economía política, pero la Rendición de Cuentas de gasto cero debería ser la base de discusión presupuestal para la instancia de junio.

-¿Cómo se inserta el apartado fiscal en este contexto? El gobierno presentó en 2025 una proyección fiscal que disminuye su nivel hacia finales del quinquenio, algo que va a contramano de lo que suele ocurrir en Uruguay.

-En este punto hay otra particularidad del presupuesto, que yo la calificaría como una innovación bastante relevante, de que el gobierno se plantea que el déficit fiscal se mantenga los primeros años de gobierno con un pequeño aumento hacia 2027 y que luego, en los dos últimos años de gobierno, se dé una mejora en el déficit. Esto es innovador y difícil de que se cumpla, porque cuando se mira la historia fiscal del Uruguay, se da lo contrario. Lamentablemente lo que sucede en nuestro país es que las finanzas públicas están fuertemente afectadas por el ciclo político y el ciclo electoral y cuando uno ve la fiscalidad del Uruguay, ve que en promedio, desde la apertura democrática en adelante, los gobiernos durante los primeros años de gestión tratan de reducir el déficit y luego se ve un deterioro al final de cada gobierno, de cara a las elecciones. Esto está muy claro en un libro que hizo el propio Gabriel Oddone, en conjunto con otros economistas, en donde se ve el ciclo fiscal uruguayo y cómo está fuertemente influenciado por las finanzas públicas. Por lo tanto, sería una innovación muy importante que este ciclo se rompa, lo que nosotros vemos bastante difícil. Por otro lado, el frente fiscal está bastante tensionado por esto que mencioné anteriormente. Dado que la recaudación está evolucionando por debajo de lo esperado, pero el gasto público ya fue fijado en la Ley de Presupuesto, y esa será la base del gasto, hay una inconsistencia. Si se fijaron los niveles de gasto público en función de una recaudación que no está siendo como se esperaba, el resultado obvio de eso debería ser un deterioro fiscal. En 2025 ese deterioro fiscal no se dio, pero hay un paréntesis que es importante. Fue porque hubo una gestión del gasto que no ejecutó todo lo que tenía previsto ejecutar y eso fue lo que permitió que el año pasado el déficit cerrara dentro del objetivo del gobierno, con una recaudación que fue menor. El problema es que, si todos los años se hace esto, se vuelve difícil de sostener. Por eso decimos que es importante que en esta Rendición de Cuentas venga una indicación efectiva hacia todos los ministerios y organismos de reducción de gastos, porque si no, lo que veremos será un deterioro del déficit fiscal. Nosotros proyectamos desde el CED que, si la recaudación se comporta en función de las variables macroeconómicas de crecimiento, inflación y tipo de cambio como las estamos viendo ahora, y si el gasto se mantiene en lo que dice la Ley de Presupuesto, estaríamos observando un crecimiento del déficit fiscal del entorno de los US$ 500 millones. Es por eso que llamamos a ir hacia una Rendición de Cuentas que implique reducción del gasto público.

-¿Fueron positivos los cambios implementados en la regla fiscal el año pasado? 

-Dada la conducta fiscal del Uruguay, los cambios que se hicieron en la regla no fueron positivos, en el sentido de que fuimos hacia una regla fiscal más laxa. Uruguay tuvo su primera regla fiscal a partir de 2020, que permitió una reducción del déficit fiscal estructural del entorno de 0,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2024, permitió un aumento de la calificación de deuda donde Uruguay históricamente estaba en la escala más baja del grado inversor y hoy estamos dos escalones arriba y a un paso de entrar en la Categoría A. En definitiva, la regla fiscal de 2020, que se cumplió en cuatro de cinco años, tuvo resultados positivos claros, con algunas dificultades en el 2024. En 2025 tuvimos un nuevo gobierno que introdujo legítimamente cambios en la regla que la volvieron más blanda, porque se eliminó el tope del aumento del gasto, algo que tenía la regla original. La nueva regla incluye el concepto de un ancla de mediano plazo, que se puede observar como algo positivo, pero esa ancla de deuda que fija un límite de endeudamiento en 75 puntos del PIB, dados los guarismos actuales de deuda que están en 58 puntos, ese tope no será operativo durante todo el período de gobierno. Es una regla fiscal que, en términos prácticos, no va a operar en ninguno de los años. Y, si efectivamente se cumple que hacia 2029 la deuda queda en 63 puntos del PIB, se deja con muy poco margen de acción al próximo gobierno.

-Ante este contexto internacional y local, ¿el Banco Central del Uruguay (BCU) debería bajar la meta de inflación?

-Una de las grandes buenas noticias de los últimos años es que Uruguay desde 2023 entró en una formalización inflacionaria, ya que llegó a valores de inflación parecidos a los que tiene el mundo normal. No estamos en un objetivo súper exigente, sino que fuimos hacia un objetivo de inflación de 4,5%. Hoy estamos en una inflación del 3%, que es el guarismo que hace décadas tienen países de la región. Es una muy buena noticia que desde 2023 en adelante estamos convergiendo hacia inflaciones normales en términos internacionales. Hoy, el objetivo puntual del BCU es 4,5% y hay un sobrecumplimiento de la meta, lo que de ninguna manera es una mala noticia. La inflación baja y estable es una buena noticia. El ruido que se armó es que quien se equivocó en la proyección de inflación fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que armó su presupuesto estimando una inflación estable, en el entorno del 4,5%, y está resultando menor, lo que tiene implicancias en la recaudación. En 2024 hubo un aumento del déficit fiscal y un incumplimiento de la regla fundamentalmente explicado porque la inflación terminó siendo bastante menor que la que proyectaba el gobierno. En este caso, dada la instancia inflacionaria en la que estamos, creo que sería muy bueno que el BCU apuntara a una nueva meta de una inflación más baja. Uruguay debe ir a un objetivo de inflación del entorno del 3% y hacerlo sostenible. Son los niveles de inflación que permiten crecimiento genuino y planificación financiera de largo plazo, que es la que tiene buena parte del mundo con bancos centrales que funcionan bien.

El peso del Estado

-La próxima semana usted presentará una investigación, en conjunto con el CED, al respecto del peso del Estado en la economía uruguaya. ¿Cuáles son los títulos de este trabajo?

-Es un trabajo que trata de cuantificar el peso del Estado sobre la economía uruguaya, con el indicador de la presión fiscal. Si se mide la presión fiscal en Uruguay, está en el entorno de los 30 puntos del PIB, lo que, en comparación con países de la región es alto e incluso se parece a la de algunos países desarrollados. Sin embargo, cuando se miran los resultados económicos, en términos de calidad de vida, eficiencia y productividad, en esos países es más elevado que en Uruguay. Acá tenemos un Estado que gasta como un país cuasidesarrollado, pero que en los resultados no lo es. 

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