Es un trabajo que mide y analiza el tamaño del Estado uruguayo en sus dimensiones fiscal, empresarial, laboral y regulatoria, con metodología comparable internacionalmente y series históricas que en algunos casos cubren cinco décadas.

El diagnóstico, en una frase: Uruguay no tiene un problema de un Estado que recauda poco ni de instituciones débiles. Tiene un Estado que creció más rápido que su capacidad de generar valor —que cobra como una economía desarrollada y entrega resultados de una economía en desarrollo—, y cuya estructura de gasto se volvió tan rígida que ningún gobierno puede reformarla dentro de las reglas actuales. El problema no es ideológico: es de eficiencia, de composición y de rigidez. Los cinco hallazgos que siguen sostienen ese diagnóstico con evidencia.

Hallazgo 1 — La paradoja fiscal: más impuestos, más déficit

Entre 2005 y 2025, la presión fiscal uruguaya aumentó 3,3 puntos del PIB —de 23,8% a 27,1%—. A valores del producto de 2025 (un PIB del orden de los US$ 85.500 millones), equivale a más de US$ 2.800 millones anuales adicionales que el Estado extrae de la economía. Pero el gasto primario se expandió más del doble de rápido: 7,6 puntos del PIB, de 21,3% a 28,9%.

El resultado primario, que en 2005 era un superávit de 2,5% del PIB, se transformó en un déficit de 1,8% en 2025. Incluida la carga de intereses, el déficit global del sector público consolidado alcanzó el 4,7% del PIB en 2025 —el nivel más alto fuera de años de crisis desde que existen registros confiables—. Cada vez que los ingresos subieron, el gasto subió más rápido: la brecha no se cierra con más impuestos porque el problema es de gasto y, sobre todo, de su composición. El 83% del gasto primario está comprometido en rubros prácticamente inmodificables —pasividades, transferencias y remuneraciones—.

Hallazgo 2 — El gasto alto que no compra resultados: educación y seguridad

Las dos funciones donde Uruguay más se aparta, por exceso, del patrón de gasto de sus comparadores son justamente donde los resultados son más débiles.

En educación, Uruguay destina el 18,6% de su gasto público al sector, la proporción más alta de toda la muestra internacional —por encima del promedio OCDE (11,8%) y de Chile (16,1%)—. Sin embargo, en PISA 2022 obtuvo 409 puntos en matemática frente a 472 de la OCDE, y quedó por debajo de Chile en las tres áreas, pese a que Chile prioriza menos la educación en su presupuesto. Medido por la métrica que suele oponerse a este argumento —el gasto por alumno en dólares PPA constantes—, el gasto por estudiante de secundaria se multiplicó por más de cuatro entre 2003 y 2019 (de US$ 937 a US$ 3.930), mientras el egreso de la educación media apenas pasó de 33% a 43%. Con un gasto por alumno 37% superior al promedio latinoamericano, Uruguay gradúa al 42% de sus estudiantes de secundaria, frente a más del 85% de Chile.

En seguridad, Uruguay destina el 7,1% de su presupuesto a orden público, frente a un 4,1% de la OCDE. Ese gasto se más que duplicó en 20 años. Los resultados fueron en sentido contrario: la tasa de homicidios pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 10,7 en 2022 —un aumento del 37%—, casi dos veces la de Chile (6,4). El propio Ministerio del Interior lo reconoció en 2025 como un problema de “calidad del gasto”: más recursos y, simultáneamente, más problemas de seguridad.

Hallazgo 3 — El Estado empresario: 213 meses sin excepción

El informe construye, sobre la serie mensual de SEG Ingeniería (213 observaciones entre julio de 2008 y marzo de 2026), una cuantificación de la prima que pagan los uruguayos por los combustibles respecto a un referente competitivo regional (promedio de Chile y Brasil).

El resultado es categórico: en 213 de 213 meses, el gasoil y la nafta en Uruguay fueron más caros que en la referencia regional. La prima fue positiva el 100% del tiempo, sin excepción. En promedio entre 2010 y 2025, el gasoil estuvo 41% por encima del referente y la nafta 35% por encima. El informe documenta además un patrón revelador: cuando el precio internacional del petróleo cae, la prima de Uruguay tiende a aumentar, no a disminuir. Ese sobreprecio es una transferencia de los consumidores hacia el fisco que no aparece en ninguna línea del presupuesto, pero es económicamente equivalente a un impuesto.

Hallazgo 4 — El empleo público que se expandió sin freno

Entre 2005 y 2024, el número de funcionarios públicos pasó de 231.270 a 301.893: un aumento de más de 70.000 vínculos, equivalente al 30,5%, en un período en que la población creció apenas 6%. Pero el dato decisivo es que ese crecimiento del plantel ocurrió en simultáneo con un aumento del salario real del sector público de 49,7%. El Estado uruguayo aumentó al mismo tiempo cuánta gente emplea y cuánto le paga, durante dos décadas —una combinación que ningún empleador privado podría sostener de forma continua—.

Esto es posible solo porque el sector público no enfrenta una restricción presupuestaria dura: el costo de contratar no recae sobre quien decide la contratación, sino sobre el contribuyente. La brecha salarial respecto del sector privado es del 15% y se concentra en las categorías de menor calificación —que representan el 58,9% del empleo público—, donde esa prima no se explica por escasez de talento. El informe estima ese sobrecosto en el orden de 0,45% del PIB, unos US$ 364 millones anuales que pagan los contribuyentes sin contrapartida en calidad de servicio.

Hallazgo 5 — La caída más pronunciada que ningún ranking le hizo a Uruguay

Uruguay tiene un puntaje global razonable en los principales índices internacionales de libertad económica. Pero ese promedio esconde una historia de dos Uruguay que el informe documenta en detalle.

En el Área 1 del índice del Fraser Institute —que mide el tamaño del gobierno y el peso de las empresas públicas en la economía—, Uruguay pasó del puesto 15 en 1990 al puesto 98 en 2023, entre 165 países. Es una caída de 83 posiciones en tres décadas; no existe otra dimensión del índice donde Uruguay haya retrocedido tanto. En paralelo, los subíndices institucionales del Heritage Index mejoraron de manera consistente: los Derechos de Propiedad pasaron de 50 a 84,8 puntos y la Integridad Gubernamental de 50 a 78,1. Uruguay construyó instituciones sólidas y, simultáneamente, expandió la presencia económica del Estado.

En síntesis

El conjunto de la evidencia converge en un único diagnóstico: el tamaño y la estructura del Estado uruguayo dejaron de estar alineados con el nivel de desarrollo del país y con la capacidad de su economía para sostenerlo. No es una conclusión ideológica sobre cuánto Estado debe haber, sino una constatación empírica sobre cuánto Estado puede pagar Uruguay y qué está recibiendo a cambio.

El hilo que recorre los cinco hallazgos es el mismo: no es que Uruguay invierta poco, es que invierte mucho y recibe poco. Más presión fiscal que no cierra el déficit; un Estado empresario que cobra una prima permanente; el mayor esfuerzo educativo de la región con resultados por debajo de quien gasta menos; un empleo público que creció sin freno y sobrepaga donde no hay escasez; instituciones sólidas conviviendo con un sector público que no para de crecer. En todos los casos, una parte creciente de los recursos se consume en sostener la estructura antes de llegar al ciudadano.

El costo de no corregirlo no es abstracto: es la rigidez que deja a cualquier gobierno —del signo que sea— sin margen para responder a una crisis, y es el deterioro silencioso de los servicios que la ciudadanía espera del Estado. La pregunta que abre este diagnóstico —qué Estado les conviene a los uruguayos— es la que el país necesita responder en los próximos años. El CED considera que ese debate, basado en evidencia y no en consignas, es impostergable.

El análisis del documento

El economista jefe del CED, Ramiro Correa, destacó en la presentación del jueves 21 que “hay un claro problema de eficiencia del gasto”, ya que en ámbitos como el educativo el gasto extra de Uruguay no se ve en los resultados. Señaló que un crecimiento sostenido del peso del Estado tendrá como contrapartida el aumento de impuestos o un aumento diferido que es el incremento del endeudamiento.

Por su parte, el presidente del CED, Hernán Bonilla, sostuvo que el informe “deja muy claro cuál es la situación real del Estado uruguayo”. Y afirmó: “Tenemos un Estado muy grande, pesado, con sobrecostos que vienen de diferentes tipos de actividades… un Estado empresario que prácticamente no existe en ningún lugar del mundo”. Si bien Bonilla notó que quienes defienden una visión liberal clásica creen en el rol del Estado, indicó: “Uruguay necesita un Estado más chico, un Estado que haga menos cosas porque nosotros vamos a poder hacer más cosas”.

Aldo Lema, socio-director de Vixion Consultores, observó: “Estamos en un momento crítico y por lo tanto la oportunidad del trabajo me parece muy válida”. En este sentido, remarcó que la investigación tiene muchísimos antecedentes y la comparación internacional con los países con los que hay que hacerla. Lema también advirtió que hay visos de insostenibilidad en nuestras cuentas públicas y riesgos que abordar. Y apuntó que subir más la carga tributaria exacerbaría el problema.

Propuso agregar al estudio la medición de la presión tributaria encubierta. “Que el Estado sea ineficiente genera a su vez costos en la sociedad que los podemos medir y los tenemos que medir”.

El exministro de Educación y Cultura abordó el tema desde otra perspectiva, se preguntó por qué es tan difícil en Uruguay enfrentar este tipo de problemas y enumeró algunos mitos vinculados al Estado. Entre ellos, creer que el Estado tiene plata, y aclaró que no la tiene, que trabaja con plata ajena.