La creación del Ministerio de Ambiente (MA) en 2020 marcó un punto de inflexión en la gestión de los recursos naturales en Uruguay. Hasta entonces, las competencias vinculadas al agua, el cambio climático, la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural dependían del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). La aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) dio lugar a una cartera independiente, creada por el artículo 291 de la Ley Nº 19.889, con el objetivo de otorgar mayor peso institucional a una agenda que había ganado relevancia tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, el camino hacia su creación comenzó mucho antes. El primer antecedente se remonta a 1971, con la puesta en marcha del Instituto Nacional para la Preservación del Medio Ambiente (Inpma). Posteriormente, en 1990, la creación del Mvotma incorporó estas competencias dentro de una estructura ministerial y sentó las bases para el desarrollo de políticas específicas en la materia.
La conformación de una cartera propia fue el resultado de un proceso de varias décadas. Entre los hitos más relevantes se encuentran la aprobación de la Ley General de Protección del Ambiente en 2000, la reforma constitucional de 2004 que consagró el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, y la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Más que una reorganización administrativa, la creación del Ministerio implicó un cambio en la forma de abordar estos temas. Por primera vez, áreas que históricamente habían estado dispersas quedaron bajo una misma conducción política, facilitando la coordinación entre organismos públicos y otorgando mayor participación en decisiones vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y el ordenamiento territorial.
La prueba más exigente llegó en 2023. La sequía que afectó al país y provocó una crisis en el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana colocó la gestión hídrica en el centro de la agenda pública. El episodio no solo puso de manifiesto la vulnerabilidad de las fuentes de suministro, sino que también reabrió el debate sobre la planificación de largo plazo y las inversiones necesarias para garantizar el acceso al recurso.
En ese contexto cobró especial protagonismo la discusión sobre nuevas fuentes de abastecimiento, entre ellas el Proyecto Arazatí, concebido para diversificar el suministro de agua potable para Montevideo y su zona de influencia. La iniciativa se convirtió en uno de los debates más relevantes en torno a la seguridad hídrica del país.
La agenda fue ampliándose progresivamente hacia otros desafíos estratégicos. Uno de ellos fue la gestión de residuos, impulsada por la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y por instrumentos como el “Plan Vale”, un sistema nacional orientado a la recuperación de envases que busca aumentar los niveles de reciclaje y reducir la cantidad de desechos destinados a disposición final.
En materia de biodiversidad, el SNAP continuó expandiéndose durante los últimos años. Actualmente reúne 22 áreas protegidas entre terrestres y marinas, con 372.824 hectáreas bajo protección que alcanzan las 415.605 hectáreas al incluir las zonas adyacentes. Este crecimiento ha permitido fortalecer la conservación de ecosistemas estratégicos y avanzar en los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de protección de la naturaleza.
Al mismo tiempo, el Ministerio se consolidó como un actor central en la evaluación de grandes proyectos de inversión. Emprendimientos vinculados a energías renovables, infraestructura, forestación e hidrógeno verde pasaron por procesos de análisis destinados a identificar posibles impactos y establecer medidas de prevención, mitigación o compensación antes de su aprobación.
Entre las iniciativas más recientes del MA figura el fortalecimiento de la política nacional de conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático. A fines de mayo, el organismo convocó a instituciones públicas, gobiernos departamentales, productores, organizaciones sociales y representantes de la academia para avanzar en un proyecto orientado a mejorar su gestión y protección.
La propuesta prevé elaborar líneas de base para humedales prioritarios, fortalecer el marco normativo y desarrollar mecanismos de financiamiento para su conservación y restauración. A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto fue presentado a una convocatoria internacional del Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.