Alejandro Veiroj, director ejecutivo de Audea, dijo a CRÓNICAS que el “planteo medular” fue que a la hora de legislar se tenga “cautela” porque “se puede estar afectando el acceso a los seguros de la misma forma que –tal como lo apuntó el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba– una regulación o una ley con ciertas intenciones puede terminar teniendo otras consecuencias no deseadas”. 

Explicó que ese es el caso con uno de los artículos que forma parte del documento donde, al margen del contenido central del proyecto, “se confunde la tasa de interés, a efectos de usura, con el seguro” y se incluye el seguro de saldo deudor dentro del cálculo de la tasa de usura. “Esto puede provocar que, en determinados casos, especialmente en operaciones de mayor riesgo o más cercanas al tope de usura, el seguro deje de ofrecerse”, complementó una misiva de Audea.

Veiroj explicó que, en función de que “partes importantes de la población están protegidas por estos seguros de saldo deudor” –principalmente los más vulnerables, quienes tienen niveles de riesgo más altos y por lo tanto tasas de interés más elevadas–, cuando se incluye el seguro de saldo deudor dentro de la tasa de usura “impide que se pueda contratar ese tipo de seguro y, por lo tanto, que se pueda proteger a las familias de las personas que toman crédito”. 

Audea comunicó que el seguro de saldo deudor protege actualmente 2,7 millones de créditos, más de un millón de familias en Uruguay y cubre más de US$1.000 millones en créditos. “En 2025, esta cobertura protegió efectivamente a 7.200 familias, lo que representa aproximadamente el 20% del total de personas fallecidas en Uruguay”, aseguraron. 

La protección implica que, en caso de fallecimiento, el crédito se da por cancelado y los herederos de la persona que lo asumió “quedan cubiertos”. Aunque no cuentan con el cálculo exacto, Veiroj dijo que “de los 2.7 millones de créditos protegidos, más de la mitad de eso proviene de créditos que fueron otorgados por financieras y, en general, las financieras apuntan a una población que tiene menos acceso al crédito que los bancos”.

El rol del BCU en el control

El entrevistado señaló que el seguro de saldo deudor está controlado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y existe un tope que establece la ley vigente. Por debajo de ese tope, el seguro “no se computa para la tasa de usura” y, de superarlo, sí. “Hubo durante un tiempo relativamente prolongado una cierta adecuación del BCU a poder controlar el tope de forma efectiva y fue recién en 2025 que el BCU cambió ese tope de forma significativa; lo disminuyó del 6 por mil al 2.5 por mil, que es una baja de más de la mitad. Entendemos que recién ahí el BCU, de alguna forma, ajustó su rol a lo que la ley había previsto”, explicó.
En ese sentido, consideran que los proyectos de ley que se están sometiendo a discusión “vienen con la redacción vieja de la legislatura anterior” y recogen “una cierta duda sobre el rol del BCU en el control del tope del seguro”. En esa línea, evaluaron que el BCU demostró durante los últimos años que ese tope puede estar controlado de una forma eficiente. “Por eso entendemos que la ley debería de no tocarse, porque efectivamente lo que ha terminado sucediendo es que el BCU ha reaccionado de forma positiva y ha modificado un parámetro que entendemos que es importante tener actualizado”, reflexionó. 

El intercambio con los legisladores 

“La respuesta es sí”, respondió Veiroj al ser consultado respecto a si notó apertura y receptividad tras realizar el planteo. Explicó que, en realidad, lo que notaron principalmente fue que se encontraban “planteando un tema que no estaba de alguna forma presente en el razonamiento o la evaluación de este proyecto”. 

Narró que hubo un comentario del diputado nacionalista Pablo Abdala en el que mencionó que, al menos él, no lo tenía presente. Por otro lado, a la salida de la reunión tuvieron un breve intercambio con una diputada oficialista que expresó interés y mencionó que le gustaría una reunión porque el tema “le parecía importante”. En suma, entienden que “no se tenía claro el impacto que podía tener”. 

Esta es la única consideración que tienen sobre el proyecto de ley ya que “el resto no son temas que atañen a los seguros” sino que están vinculados con “créditos, con la tasa de usura y, por otro lado, con reestructurar deudas de personas que están en situación de vulnerabilidad”, elementos que “exceden” el trabajo de Audea.