En el eje de reducir la burocracia, el gobierno informó que promoverá la utilización de declaraciones juradas, establecerá plazos máximos para obtener respuestas y planteará la falta de respuesta como consentimientos. También está previsto crear un programa permanente de calidad regulatoria, generar plataformas accesibles para la agilización de trámites –con una nueva Ventanilla Única Marítima, por ejemplo– y la aplicación de mecanismos sectoriales como ampliar la duración de registros sanitarios o técnicos.

En el eje de la promoción de la competencia y reducción del costo de vida, el proyecto incluye fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), facilitar importadores múltiples de un mismo producto y establece que los locales comerciales deberán publicar, junto al precio de venta de los productos, los precios según unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades del producto.

Por otro lado, en el apéndice de la innovación y la aceleración de la inversión, el texto del Poder Ejecutivo buscará allanar la burocracia para las mipymes con una serie de acciones entre las que se incluye la creación de un sistema integrado de gestión y facturación gratuito. También apuntan a la innovación en fintech, mediante la habilitación de espacios controlados a los efectos de probar nuevas soluciones financieras y la elaboración de un sistema regulado por el BCU que permitirá a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros, además del mejoramiento de los fondos disponibles.

Finalmente, en lo que hace a la facilitación del comercio exterior, se procederá con la creación de un autodespacho aduanero, la eliminación de la intervención de la DGI en mercadería que retorna, la implementación del cobro diferido de tributos, la digitalización de decenas de trámites y el establecimiento de canales de gestión diferencial y tramitación preferencial en el control de alimentos y bebidas importados por parte del LATU.