En diálogo con CRÓNICAS, Bettina Franco, coordinadora del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, sostuvo que la institución no rechaza de plano la creación de puestos de trabajo, pero entiende que el foco debe estar en el balance final que dejaría la medida.
“Puede generar empleos, sí, nadie lo discute, pero la pregunta es cuántas empresas pueden llegar a cerrar por eso”, afirmó. En ese sentido, explicó que el principal riesgo radica en la competencia que enfrentarían los comercios tradicionales con establecimientos exonerados de impuestos.
Como ejemplo, mencionó que un producto comercializado por un negocio local podría ofrecerse a un precio considerablemente menor en un free shop. “No es una competencia leal. No pagan impuestos y venden productos que los comercios locales también tienen a la venta”, señaló.
Franco remarcó que el impacto excede la actividad comercial e indicó que “no es solamente el comercio; detrás hay empleados, trabajadores, proveedores y toda una logística que depende de esas empresas”.
Reclaman estudios de impacto y mayores controles
Uno de los principales cuestionamientos de la gremial empresarial refiere a la ausencia de estudios técnicos que permitan estimar los efectos reales de la iniciativa. “Nos preguntamos si existe un estudio de impacto económico real para Paysandú. ¿Cuántos empleos netos se generarían? ¿Cuántos podrían perderse indirectamente? ¿Qué pasaría con el pequeño comercio? Hasta ahora esas preguntas no han sido respondidas”, remarcó.
También planteó dudas sobre el funcionamiento y la fiscalización de estos establecimientos. Según dijo, la experiencia actual con el free shop ubicado junto al puente internacional demuestra que los controles son insuficientes.
“La gente hace Migraciones, entra al free shop, compra y vuelve. Eso de que tiene que permanecer 24 horas fuera del país no se controla”, sostuvo. A su juicio, antes de proyectar nuevos mecanismos comerciales resulta imprescindible garantizar que las normas existentes se cumplan efectivamente.
Para la entrevistada, además, la realidad del litoral oeste es distinta a la de otros departamentos fronterizos donde funcionan tiendas libres de impuestos desde hace décadas. “Paysandú tiene otra matriz; tiene un comercio tradicional fuerte, servicios, industria y pymes familiares. El impacto puede ser muy diferente al de Rivera o el Chuy”, expresó.
En esa línea, consideró que la estrategia de competir únicamente por precio no ofrece una solución sostenible para la economía. “Paysandú no necesita solamente vender más barato; necesita desarrollar una economía sostenible. Si la única estrategia es competir por precio, siempre habrá alguien más grande, más exonerado o con más espalda financiera”, afirmó.
“Dame algo para agarrarme”
Por otro lado, también cuestionó las proyecciones sobre el potencial turístico de la propuesta. A su entender, las características del turismo de compras en Rivera o el Chuy responden a una dinámica histórica y binacional que difícilmente pueda replicarse en el litoral con Argentina.
Franco señaló que el comercio fronterizo enfrenta hoy problemas más urgentes vinculados a las asimetrías de precios con el vecino país. Entre las medidas que considera prioritarias mencionó una mayor reducción del Imesi en los departamentos fronterizos, la continuidad del programa de beneficios para compras con tarjetas y una rebaja en los aranceles que pagan los comerciantes por las operaciones electrónicas.
Asimismo, reclamó revisar otros instrumentos recientemente implementados, como la importación simplificada para micro, pequeñas y medianas empresas, al entender que también puede afectar la actividad de distribuidores y mayoristas nacionales.
“Dame algo para agarrarme”, expresó al referirse a la necesidad de implementar políticas que permitan sostener la actividad del comercio local frente a las diferencias de precios con Argentina. En esa línea, sostuvo que existen herramientas que podrían aplicarse antes de avanzar con un régimen de free shops.
“Hoy esas respuestas no están”
Respecto al diálogo con los impulsores del proyecto, aseguró que existe disposición para intercambiar opiniones, aunque insistió en que cualquier avance debería estar respaldado por evidencia técnica.
“Si mañana nos presentan un estudio serio que demuestre el impacto económico, que explique cuántos empleos netos se generarían, qué controles habrá y cómo se protegerá al pequeño comercio, lo analizaremos. Pero hoy esas respuestas no están”, concluyó.