El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo, está compuesto por 240 artículos agrupados en cuatro grandes capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia e innovación y aceleración de la inversión. De acuerdo al informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Ccsuy, y presentado a sus socios para su análisis, se trata de una iniciativa que avanza en una dirección positiva para mejorar el entorno de negocios, reducir costos administrativos y fortalecer la competitividad del sector privado. Sin embargo, se aclara que su impacto final dependerá en gran medida de la reglamentación y de la efectiva implementación por parte de los organismos públicos.

Agilización de trámites

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de mecanismos orientados a simplificar la relación entre empresas y Estado. Entre ellos se destacan las declaraciones juradas para acreditar requisitos, el uso del silencio administrativo positivo en determinados trámites de bajo riesgo, la posibilidad de tramitar autorizaciones en paralelo y la fijación de plazos máximos de respuesta para los organismos públicos. Estos instrumentos buscan reducir tiempos, incertidumbre y costos para las empresas, aunque se advierte que deben complementarse con adecuados controles posteriores para evitar riesgos de competencia desleal o incumplimientos regulatorios.

Por otra parte, se destaca el reconocimiento de certificaciones y evaluaciones de conformidad realizadas en el exterior. Se podrán aceptar certificaciones emitidas por entidades extranjeras de reconocida solvencia técnica, evitando duplicaciones de controles y reduciendo costos para importadores y productores.

En materia de digitalización y simplificación administrativa, el proyecto promueve una mayor interoperabilidad entre organismos. La Ccsuy considera que estos avances pueden generar mejoras significativas en eficiencia, siempre que exista una verdadera coordinación entre las instituciones.

Dentro de los productos vinculados a la salud, el proyecto introduce medidas de flexibilización que apuntan a disminuir cargas regulatorias y acelerar la llegada de productos al mercado. 

Comercio exterior

En el capítulo de comercio exterior, la principal innovación es la creación del régimen de autodespacho aduanero, que permitirá a empresas y empresarios gestionar directamente sus operaciones de importación y exportación sin necesidad de intermediación obligatoria. No obstante, la gremial señala que los requisitos técnicos y administrativos podrían limitar el acceso efectivo de empresas pequeñas. También se establece la revisión de tasas y cargos asociados al comercio exterior para asegurar que reflejen únicamente el costo real de los servicios prestados, evitando que funcionen como impuestos encubiertos. Además, se prohíbe la creación de detracciones a las exportaciones y se fortalece el enfoque de control basado en análisis de riesgo.

Promoción de la competencia

El proyecto transforma la actual Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un organismo descentralizado con mayor autonomía técnica y funcional. Se modifican los umbrales para la notificación de fusiones, se incorporan nuevas tasas de financiamiento y se fortalecen las sanciones por conductas anticompetitivas.

También se prevé la habilitación de importadores subsiguientes para productos ya registrados, lo cual permitirá la existencia de múltiples importadores de un mismo producto sin necesidad de autorización del registrante original, salvo excepciones que determine la reglamentación. Desde la Ccsuy se entiende que, si bien esta medida puede aumentar la competencia y ampliar opciones de abastecimiento, también genera desafíos en materia de trazabilidad, distribución exclusiva y responsabilidad sanitaria. En tal sentido, se interpreta que la reglamentación será determinante para evaluar el verdadero alcance de esta disposición.

En materia de información al consumidor, se incorpora la obligación de exhibir precios unitarios en productos alimenticios, de higiene personal y uso doméstico comercializados por grandes superficies, cadenas comerciales y plataformas de comercio electrónico. Se advierte que este punto requiere de un análisis adicional debido a sus implicancias operativas para el comercio minorista.

Innovación

Por último, el capítulo de innovación y aceleración de la inversión contiene medidas especiales para mipymes, incluyendo simplificaciones tributarias, acreditación automática de la condición empresarial, plataformas digitales integradas de gestión y aranceles diferenciales en registros. También se promueven herramientas como sandbox regulatorios financieros, sistemas de open finance, crowdfunding, proyectos integrados de innovación e inversión, beneficios para parques industriales y simplificaciones en zonas francas. Estas iniciativas buscan fortalecer el acceso al financiamiento, reducir cargas administrativas y estimular la inversión y la innovación empresarial.