“Uruguay enfrenta un escenario distinto al de hace unos 10 años. Ya no hablamos solamente de delincuencia común, hoy convivimos con organizaciones criminales mejor armadas, mejor preparadas, con mayor capacidad, no solo de fuego, sino económicas y con presencia en el territorio”, afirmó Holfman.

Para el experto, el principal déficit de la gestión del presidente Yamandú Orsi está en la cantidad de policías disponibles para el patrullaje. “El gobierno anterior quiso aplicar una política basada en más policías en la calle, o sea, ese es el gran debe que tiene hoy el gobierno: la falta de policías”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, aunque el Ministerio del Interior incrementó su plantilla total de funcionarios, las jefaturas no acompañaron ese crecimiento. “En el año 2013 había más policías en todas las jefaturas de policía de nuestro país que hoy en día, y ese es el gran déficit”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que durante 2024 se retiraron 1.500 efectivos y que los ingresos no alcanzan para cubrir esas bajas. “En 2024 se retiraron de la Policía 1.500 efectivos: 600 por jubilación, 200 por renuncia y el resto entre ineptitud y sumarios. Faltan policías, no hay móviles, tampoco hay camiones blindados. Realmente cuando se dice ‘vamos a atacar el crimen organizado’ o ‘vamos a atacar el delito’, yo a veces me pregunto: ¿con qué?”, planteó.

Una herramienta, no una solución

Respecto a los vehículos blindados para patrullaje, Holfman mencionó que se trata de una herramienta necesaria, pero objetó la forma en que el gobierno gestionó la medida. “Te habla de una improvisación total. Primero por desconocimiento de lo que es el territorio o dónde van a patrullar, después el desconocimiento de cómo son los vehículos militares, por el tema de maniobrabilidad y de repuestos”, indicó.

El especialista valoró que los vehículos pueden ser útiles para cubrir una carencia que los policías vienen reclamando desde hace años, pero cuestionó la manera en que se comunicó la medida, especialmente por las expectativas sobre la participación de los militares. “Se comunicó tan mal, porque primero era que iba a conducir personal militar, después que no. Esas son las cosas que el crimen organizado aprovecha, toda esta improvisación y estas faltas de estrategias”, señaló.

Una estrategia a largo plazo

Holfman criticó que Uruguay no tenga una estrategia de largo plazo contra el crimen organizado. Según dijo, los problemas de seguridad no pueden resolverse mediante operativos temporales ni quedar sujetos a la disputa entre oficialismo y oposición.

“No es que se haga un operativo y se ponga el PADO o alguna unidad de la Guardia Republicana una semana o 15 días y después se vuelva a retirar, porque ahí vuelven los mismos problemas o más problemas de los que había”, afirmó.

Para el entrevistado, esto radica en la falta de acuerdos políticos. “Acá tienen que entender que es un problema de consenso, de una estrategia que tiene que ser a largo plazo”, sostuvo.

En paralelo, cuestionó los recursos disponibles para controlar las fronteras y perseguir a las organizaciones criminales. Detalló que “el 55% del espacio aéreo no está ‘radarizado’” y que la Aduana pasó de unos 1.500 funcionarios en 2013 a unos 100 en la actualidad.

“La Justicia no tiene recursos, la Fiscalía no tiene recursos, la Senaclaft no tiene recursos, la Secretaría de Inteligencia no tiene recursos. Faltan policías”, remarcó.