Ricardo Sabella es socio director de BST Global Consulting, empresa que organiza desde hace 13 años el Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. En diálogo con CRÓNICAS, planteó que hoy uno de los problemas centrales en la lucha contra el lavado no pasa por la falta de normativa, sino por una lógica estructural que impide que el sector público y el privado tengan un diálogo fluido.

Según explicó, el sistema se construye en base a una jerarquía normativa: organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fijan principios y reglas, y los países los bajan a leyes de manera casi textual, para no quedar expuestos en las evaluaciones mutuas entre pares ni en listas de países que no colaboran en la causa antilavado. Esa presión, dijo, deriva en una cadena de obligaciones sobre bancos, empresas financieras, inmobiliarias y otros sujetos obligados, pensada para identificar operaciones sospechosas y reportarlas. La contrapartida es básicamente la sanción que podrían tener que enfrentar los actores de no cumplir con el reporte.

Estos esquemas, señaló, desde hace más de 50 años ponen el foco de sus sanciones en la prevención del lavado, es decir, de existir una omisión por parte del sujeto obligado, sancionan sin importar si la operación en sí resultó ilícita o no. Esto genera un compromiso por la negativa: el sujeto obligado cumple solo para no ser sancionado y el supervisor exige cumplimiento para mantenerse en los estándares internacionales; este modelo, según Sabella, no es del todo efectivo para avanzar hacia la desarticulación del delito de lavado. Una de sus consecuencias es que el Estado y los privados no se perciben del mismo lado del mostrador. Sabella relató que durante el congreso se hizo énfasis en la necesidad de una colaboración virtuosa entre los actores para aprovechar los puntos fuertes del sistema. A modo de ejemplo, explicó que no existe en sí un problema de falta de información, lo que falla es la comunicación y la centralización de esos recursos.

Una posible alternativa, sostuvo, sería incorporar incentivos reales para que el sector privado se involucre más allá de lo testimonial. “Tiene todas las obligaciones y ningún derecho”, resumió. Ejemplificó con el caso del sector inmobiliario, para el cual aplicar la debida diligencia tiene un costo y en algunos casos ese control hace que la operación no se concrete, y por lo tanto que la comisión no se cobre. El resultado, advirtió, es que sostener ese esfuerzo en el tiempo se vuelve poco viable para el negocio. Sabella también valoró las experiencias internacionales en la materia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el regulador financiero FinCEN promueve un mecanismo de tipo whistleblower: quien reporta una operación ilegal que termina en condena y decomiso puede recibir una recompensa económica.

Las relaciones entre la economía formal y el lavado de activos

Sabella explicó que, además de tener efectos nocivos para la sociedad en su conjunto, el lavado de activos implica distintos procesos que perjudican directamente a la economía. Puso como ejemplo la desvirtuación de los valores, producto de los precios distorsionados que el “lavador” de activos está dispuesto a pagar en su afán de justificar la mayor cantidad posible de dinero, proceso que termina por limitar las capacidades de negocio de los actores que realizan transacciones a valores normales.

Por otro lado, subrayó el hecho de que las operaciones vinculadas al lavado generen dinero y que ante eso no todos reaccionan igual: “Hay actores que dicen ‘yo no me voy a meter en este problema por determinada cantidad de dinero’, pero hay otros que sí lo hacen. Tiene mucho que ver con la cultura y la forma de pensar de cada uno”. En ese sentido, insistió en la necesidad de comunicar efectivamente y hasta “evangelizar” a los distintos actores con la idea de que el lavado de activos es una situación “realmente muy perjudicial”, que genera violencia y que expone al implicado a incurrir en un delito.