-El Producto Interno Bruto (PIB) repuntó en el primer trimestre, aunque la inversión se mantuvo estancada durante este período. ¿Qué cree que está influyendo en ambos aspectos?

-El primer trimestre tuvo un repunte de la actividad, principalmente vinculado al rebote de la actividad económica en el sector agropecuario por la forma en la que se contabiliza en las cuentas nacionales el valor agregado del agro. En términos generales, y dejando de lado estos efectos puntuales, la actividad viene estando apuntalada por el consumo interno, en un escenario de crecimiento moderado de los salarios, pero crecimiento al fin, y números en materia de empleo que se mantienen bastante positivos. En cuanto a la inversión, el diagnóstico es el mismo que hemos discutido en varias ocasiones. En la última década, dejando de lado la inversión de la construcción de la tercera planta de celulosa y las obras vinculadas al Ferrocarril Central, la inversión en Uruguay ha sido bastante baja. Esto siempre tiene alguna particularidad, pero por el ciclo de la inversión pública, en los primeros años de las administraciones suele quedar el arrastre del gobierno anterior y los planes del nuevo gobierno suelen discutirse y diseñarse durante el año dos, y su ejecución suele quedar para la segunda mitad del período de mandato de los diferentes gobiernos. Esa es una parte de la razón del por qué no se observa todavía un repunte en la inversión. Pero también hay un problema de fondo y es que, para que exista inversión, es necesario que haya perspectivas de rentabilidad, y eso es un debe que tiene Uruguay hace varios años ya. Y eso, por arte de magia, no va a ocurrir. El contexto externo tampoco es muy favorable para que los flujos de inversión beneficien a Uruguay porque, en definitiva, las tasas de interés están en niveles históricamente altos, sobre todo las tasas de largo plazo, que son las que se utilizan como benchmark para financiar estos proyectos de inversión y decidir qué tan conveniente o no es invertir.

-¿Cómo impacta el riesgo hoy en las decisiones de los inversores a la hora de venir a poner su plata acá?

-Uruguay ha logrado en los últimos 10 años reducir su riesgo país y creo que la incertidumbre vinculada a los niveles de rentabilidad que se pueden eventualmente obtener en el país se ha disminuido. El problema es que, justamente, la rentabilidad esperada es baja y por eso no se invierte. Suelen buscarse explicaciones rebuscadas de por qué tenemos los niveles de inversión que tenemos, y en el fondo es que el grueso de la inversión en Uruguay es privado, y eso hace que no exista margen de mover el número a nivel agregado. Y, además, en un contexto de restricciones fiscales, tampoco hay mucha posibilidad para impulsar la inversión pública. También se debe tener en cuenta que, desde hace ya varios años, tenemos desafíos en cuanto a las capacidades de atraer inversión. Hay un entramado de exenciones tributarias que facilitan la atracción de las inversiones, siempre y cuando esa inversión genere renta. Lo que me parece que todavía está en el debe, sobre todo en cuanto a la generación de inversiones que tienen como principal insumo la energía, es trabajar más en los precios de las tarifas y en la competitividad de la generación de energía y combustibles en Uruguay. También existe un debe importante en la discusión de las relaciones laborales. No son temas que se estén discutiendo hoy por primera vez, sino que hace ya varios años que están sobre la mesa. Algunas de estas iniciativas, en particular en lo que refiere a los temas regulatorios, han estado incluidas en la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que fue aprobada en el Senado. Hay temas vinculados a la energía y las relaciones laborales que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteó que quedarán para más adelante y estamos a la espera de ello.

-En definitiva, ¿por qué no se visualiza un repunte en la inversión?

-Primero, porque los niveles de inversión promedio en los últimos 10 años han sido estos y no es una situación excepcional. Segundo, el escenario externo no es netamente favorable para las inversiones y, tercero, están los temas estrictamente domésticos. Se han dado señales favorables, sobre todo desde el MEF, de que es importante atender estos desafíos estructurales, pero el rumbo de hacia dónde ir tampoco es algo consensuado en el gobierno.

-¿La Ley de Competitividad es una forma de empezar a hincarle el diente al tema?

-Creo que la Ley de Competitividad ataca temas relevantes, pero no todos los temas tienen como fin último la facilitación de la inversión. En algunos casos, son temas regulatorios que afectan el nivel de precios a nivel local y no necesariamente resuelven problemas que enfrentan quienes quieren invertir en Uruguay. Por eso, principalmente, no es la ley para la atracción de inversiones. Incluso cuando se propuso se dejó claro que no era la única herramienta que el MEF tiene en mente y hay temas vinculados a la energía y a las relaciones laborales que, en algunos sectores en particular, son más relevantes que los temas regulatorios.

-¿Cómo ve al mercado laboral en un contexto marcado por elevados índices de conflictividad?

-Los datos de empleo, para lo que ha sido el dinamismo de la economía, son mejores a los previstos y no hay que perder de vista que, en una economía que crece al 1% o 2% en el mejor de los casos, con algo de crecimiento de salario real, el margen de creación para puestos de trabajo es bastante limitado. Por otro lado, creo que hay sectores que están evidenciando los problemas de competitividad en Uruguay, en algunos casos posiblemente circunstanciales, pero en otros hay temas más estructurales. Solemos evaluar el mercado laboral y la coyuntura económica pensando en que no se puede perder ningún puesto de trabajo y en generar nuevos puestos, cuando eso, en una población que crece poco, es complejo. Así como en las últimas décadas nos hemos vuelto mejores productores de celulosa y servicios, la contracara es que hay otros sectores en los que hemos perdido competitividad y que, muchas veces, es a partir de temas que se arrastran hace tiempo. En Uruguay hay una noción de que tiene sentido producir todo, cuando eso no es así. Ningún país produce todo, y menos uno de la escala de Uruguay. Esto genera tensiones a nivel sectorial y en las regiones en donde están instaladas esas industrias.